20/11/2026 11:54 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 20/11/2026
"La verdadera superación consiste en conquistar la propia libertad, no en entregársela a quien promete enseñarnos a vivir"
Hay personas que llegan a un curso de superación personal buscando algo que no siempre saben explicar. Algunas quieren recuperar la confianza, otras intentan salir de una crisis, reconstruir una relación, encontrar un propósito o, sencillamente, sentirse mejor consigo mismas. Llegan con expectativas, con preguntas y, en ocasiones, con heridas que no han podido resolver.
En una ciudad como Tijuana, donde la vida transcurre entre la prisa, la incertidumbre económica y las exigencias de una frontera que nunca descansa, las promesas de transformación personal encuentran un terreno fértil. Basta abrir las redes sociales para encontrar anuncios que ofrecen cambiar la mentalidad en un fin de semana, descubrir el verdadero potencial de una persona en tres días o alcanzar una nueva versión de uno mismo mediante cursos, dinámicas y programas de liderazgo.
El problema comienza cuando la promesa de superación deja de ser una invitación y se convierte en una forma de sometimiento.
No estamos frente a una discusión nueva. Desde hace años se han documentado denuncias relacionadas con organizaciones que, bajo el discurso del desarrollo personal, presuntamente recurren a la presión psicológica, la exposición pública, la humillación, el aislamiento emocional y el reclutamiento de nuevos participantes. En Tijuana, uno de los casos que llevó esta discusión al espacio público fue el de Quantum Recruit, organización sobre la que distintas personas han formulado señalamientos que deben investigarse y resolverse conforme a derecho.
En 2024, el caso de Andrea López Luna fue documentado por medios locales. La denunciante señaló haber experimentado presuntas prácticas de manipulación y humillación durante su participación en cursos de la organización, además de presiones para continuar en niveles posteriores y reclutar a familiares y conocidos. Su denuncia ante la Fiscalía General del Estado fue referida inicialmente como un asunto de fraude. Estos señalamientos no equivalen a una sentencia ni permiten atribuir responsabilidad penal a ninguna persona sin una resolución judicial; sin embargo, sí exhiben una pregunta que las autoridades no deberían seguir aplazando: ¿qué herramientas tiene el Estado cuando una persona denuncia que fue sometida mediante mecanismos de control psicológico?
La discusión volvió a cobrar relevancia en noviembre de 2026, cuando la diputada local Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa para incorporar la persuasión coercitiva al Código Penal de Baja California. La propuesta contempla penas de prisión de tres a siete años, multas y agravantes cuando se aprovechen relaciones de autoridad, confianza o dependencia, así como cuando las víctimas pertenezcan a determinados grupos en situación de vulnerabilidad. Es importante precisar que se trata de una iniciativa legislativa: todavía debe analizarse y, en su caso, aprobarse por el Congreso. No es una disposición vigente ni una condena anticipada contra organización o persona alguna.
Pero el debate no debe limitarse a un nombre, una empresa o un expediente. El fenómeno es más amplio.
En una sociedad donde la confianza se ha convertido también en mercancía, cualquier persona puede presentarse en internet como mentor, asesor, guía o especialista. Algunos ofrecen cursos legítimos; otros invaden terrenos que requieren preparación profesional. En una ciudad fronteriza, el problema alcanza incluso a quienes se anuncian como asesores migratorios y prometen resolver trámites de asilo o visas sin contar con la acreditación correspondiente. También aparecen ofertas de orientación nutricional, deportiva o emocional que pueden representar riesgos cuando se presentan como servicios profesionales sin la formación necesaria.
No toda persona que ofrece coaching está obligada a contar con una licenciatura en psicología. La capacitación, la mentoría y el acompañamiento personal pueden ser actividades legítimas. Lo que no puede hacerse es utilizar esas denominaciones como una puerta para ofrecer diagnósticos, tratamientos psicológicos o servicios reservados a profesionales sin cumplir los requisitos legales.
La Ley General de Salud establece, en sus artículos 78 y 79, que el ejercicio de las profesiones y actividades relacionadas con la atención de la salud se encuentra sujeto a disposiciones específicas y que, entre otras disciplinas, para ejercer profesionalmente la psicología se requiere contar con títulos legalmente expedidos y registrados. El artículo 83, además, establece obligaciones de identificación profesional y publicidad para quienes ejercen esas actividades. La frontera entre acompañar a una persona y ofrecerle atención psicológica no puede quedar al arbitrio de quien cobra por el servicio.
Sin embargo, la ausencia de regulación específica sobre determinadas prácticas coercitivas revela otro vacío. El derecho penal suele intervenir cuando una conducta encuadra en un delito reconocido por la ley, pero no siempre resulta sencillo identificar y acreditar dinámicas de sometimiento que se desarrollan gradualmente, dentro de relaciones de confianza y sin violencia física visible. Por eso, las denuncias pueden terminar examinándose bajo figuras como el fraude, aun cuando las personas afectadas describan daños que consideran mucho más profundos.
Regular esta actividad exige algo más que crear un nuevo delito. Hace falta construir un marco que establezca obligaciones de transparencia, información clara sobre los servicios ofrecidos, identificación de responsables, publicidad verificable, mecanismos de queja y protocolos de atención a posibles víctimas. También deben existir criterios para distinguir entre un curso de liderazgo, una actividad de acompañamiento y una intervención que, por su naturaleza, corresponde al ámbito de la salud mental.
Y si el Congreso decide incorporar la persuasión coercitiva al Código Penal, deberá hacerlo con especial cuidado. El principio de legalidad exige que las conductas prohibidas estén descritas con claridad; la presunción de inocencia obliga a probar los hechos y la responsabilidad individual; y el principio de proporcionalidad impide que una norma termine castigando actividades legítimas por interpretaciones ambiguas. No se trata de criminalizar la libertad de pensamiento, la religión, la asociación o la búsqueda de desarrollo personal. Se trata de impedir que esas libertades sean utilizadas como cobertura para someter a otros.
La responsabilidad tampoco puede recaer exclusivamente en las víctimas. Las autoridades educativas y sanitarias deben fortalecer la vigilancia sobre los servicios profesionales que se anuncian como terapéuticos; las autoridades de protección al consumidor deben atender la publicidad engañosa y los cobros bajo condiciones abusivas; y la Fiscalía debe contar con herramientas de investigación que permitan analizar los patrones de conducta, no solamente el último pago realizado por una persona.
Tijuana lleva años escuchando historias que se parecen demasiado: alguien llega buscando ayuda, encuentra una comunidad que le ofrece pertenencia y termina enfrentando presiones para pagar más, permanecer más tiempo o convencer a otros de ingresar. No todas las organizaciones de desarrollo personal funcionan así, ni sería justo colocarlas bajo una misma sospecha. Pero tampoco sería responsable ignorar los testimonios que describen prácticas de control.
La superación personal debería ampliar la libertad de una persona, no reducirla. Un curso puede enseñar liderazgo, disciplina o confianza; lo que nunca debería exigir es obediencia, aislamiento o renuncia a la propia voluntad.
La regulación no pretende decidir cómo debe transformarse una persona. Pretende establecer hasta dónde puede llegar alguien que cobra por ofrecerle esa transformación.
Porque cuando la promesa de ayudarte termina convirtiéndose en una forma de control, ya no estamos hablando de superación personal. Estamos hablando de derechos, de dignidad y de la obligación del Estado de protegerlos.