11/11/2026 13:44 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 11/11/2026
En política, los números nunca son solamente números. Detrás de una cifra puede haber una decisión, una oportunidad o una puerta que se abre para unos mientras permanece cerrada para otros. Por eso, cuando se discute cuántas mujeres deben ser postuladas a cargos de elección popular, no estamos frente a un simple ajuste administrativo. Estamos hablando de quién tiene posibilidades reales de participar en las decisiones públicas.
En Baja California, la discusión tomó fuerza el pasado 5 de noviembre, durante una sesión de la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Su consejero presidente, Luis Alberto Hernández Morales, planteó modificar los criterios de paridad que se aplicarán en el proceso electoral 2026-2027.
La propuesta consiste en reducir de nueve a ocho el mínimo de mujeres postuladas para las 17 diputaciones locales y de cuatro a tres las candidaturas femeninas para las siete presidencias municipales. En términos prácticos, permitiría que los partidos registraran nueve hombres y ocho mujeres para las diputaciones, así como cuatro hombres y tres mujeres para las alcaldías.
El argumento expuesto por el consejero presidente fue que, durante los dos periodos anteriores, las mujeres habían alcanzado una representación mayoritaria tanto en el Congreso como en los ayuntamientos. A partir de esa consideración, planteó revisar la distribución de las candidaturas mediante un criterio de paridad flexible.
La pregunta que surge es inevitable: ¿haber conseguido una mayor representación significa que debemos reducir las medidas que contribuyeron a conseguirla?
Para entender el alcance de esta discusión hay que mirar primero el documento que elaboró la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación. Su proyecto mantiene los criterios de postulación que buscan garantizar una presencia mayoritaria de mujeres y conserva la metodología de bloques de competitividad.
Baja California tiene siete municipios, distribuidos en tres bloques cualitativos. Mexicali y Tijuana integran el bloque alto; Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito conforman el medio; mientras que San Felipe y San Quintín pertenecen al bloque bajo.
La propuesta establece que los partidos deberán postular por lo menos una mujer en el bloque alto, dos en el medio y una en el bajo. De ahí surge el mínimo de cuatro candidaturas femeninas para las siete presidencias municipales.
La intención de esta distribución es evitar que los partidos concentren sus postulaciones femeninas en municipios donde tienen menores posibilidades de triunfo. No se trata de reservar permanentemente una alcaldía específica para una mujer, sino de procurar que las oportunidades de competir alcancen distintos niveles de competitividad electoral.
En las diputaciones locales se plantea una distribución similar: nueve candidaturas para mujeres y ocho para hombres, considerando que se trata de 17 distritos de mayoría relativa.
Aquí está uno de los puntos centrales. La paridad no consiste únicamente en conseguir que aparezca el mismo número de mujeres y hombres en una lista. También importa dónde se les coloca, qué posibilidades tienen de ganar y qué condiciones enfrentan dentro de sus propios partidos.
Durante muchos años, la participación política de las mujeres estuvo condicionada por estructuras partidistas en las que las decisiones importantes se concentraban mayoritariamente en manos de hombres. La reforma constitucional de 2014 fortaleció la obligación de postular candidaturas paritarias para integrar los órganos legislativos. Cinco años después, la reforma conocida como Paridad en Todo amplió este principio a distintos espacios de decisión pública.
No fueron cambios menores. Modificaron las reglas de acceso al poder y obligaron a los partidos a revisar prácticas que durante décadas habían limitado la participación femenina.
Por eso conviene detenerse en el argumento de que las mujeres ya han ocupado la mayoría de los espacios. Una cosa es observar la composición de una legislatura o de un ayuntamiento y otra determinar si las condiciones para acceder a esos cargos son verdaderamente iguales.
Una mayoría en el Congreso durante un periodo no garantiza que esa misma representación se mantenga en el siguiente. Tampoco demuestra que hayan desaparecido las dificultades para conseguir una candidatura competitiva, participar en las decisiones internas o encabezar un proyecto político.
La representación es un resultado electoral; las condiciones para alcanzarla son un problema institucional mucho más amplio.
La discusión también tiene una dimensión jurídica. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de progresividad de los derechos humanos y obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos. Esto no significa que cualquier modificación a los lineamientos electorales sea automáticamente inconstitucional, pero sí exige que las medidas que puedan disminuir una protección alcanzada cuenten con una justificación suficiente.
La paridad, además, ha sido interpretada por las autoridades jurisdiccionales como un principio de optimización: debe funcionar para ampliar las oportunidades de participación de las mujeres, no para establecer un límite a su representación. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha desarrollado este criterio en distintas resoluciones.
Mientras tanto, las reacciones en Baja California no se hicieron esperar. El Frente Político de Mujeres manifestó su rechazo a la reducción de los mínimos y pidió conservar las nueve candidaturas femeninas a diputaciones y las cuatro correspondientes a las alcaldías. La consejera electoral Vera Juárez Figueroa también defendió el proyecto de la Comisión, al considerar que todavía existen razones para mantener las medidas que buscan garantizar la participación política de las mujeres.
Hay otro asunto que merece atención: el papel de los partidos políticos. En sus discursos suelen defender la igualdad, pero las oportunidades concretas se deciden en procesos internos, negociaciones y acuerdos entre dirigencias. Ahí es donde debe examinarse si una mujer con trayectoria, preparación y respaldo territorial tiene las mismas posibilidades de encabezar una candidatura que cualquiera de sus compañeros.
No basta con abrir espacios en el papel si las decisiones continúan dependiendo de los mismos círculos de poder.
Tampoco debemos confundir la defensa de la paridad con una oposición a la participación de los hombres. La igualdad no consiste en sustituir una exclusión por otra. Consiste en garantizar que el género no sea un obstáculo para competir y que las reglas permitan una participación equilibrada, con oportunidades reales para todas las personas.
Al momento de esta revisión, el proyecto aprobado por la Comisión conserva los mínimos de nueve mujeres para diputaciones y cuatro para presidencias municipales. La propuesta distinta del consejero presidente no fue votada en esa comisión y deberá conocerse formalmente si se presenta ante el Consejo General. La decisión definitiva corresponde al órgano colegiado del Instituto Estatal Electoral.
Lo que ocurra en esa instancia merece atención, no solamente por sus efectos en las elecciones de 2027, sino por el precedente que puede establecer para la aplicación de los principios de igualdad en Baja California.
Hay algo que no deberíamos perder de vista. Las mujeres no llegaron a estos espacios por una concesión de los partidos ni porque las instituciones decidieran espontáneamente abrirles las puertas. Detrás de cada avance hubo años de organización, exigencias, reformas y una lucha constante por participar en condiciones de igualdad.
Por eso, antes de modificar las reglas, vale la pena preguntarnos si las circunstancias que hicieron necesarias esas medidas han cambiado realmente.
La democracia no se mide únicamente por cuántas mujeres llegan a ocupar un cargo. También debe observarse en las oportunidades que tuvieron para competir, en las reglas que hicieron posible su participación y en la posibilidad de conservar esos avances.
Porque alcanzar la igualdad no debería convertirse en el argumento para dejar de garantizarla.
