por El Universal
04/12/2025 16:49 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 04/12/2025
Entre gritos de protesta de grupos conservadores y aplausos de colectivos de la comunidad LGBT+, el Congreso Local aprobó una reforma al Código Civil que garantiza el derecho al matrimonio igualitario y el tipo penal que castiga las terapias de conversión sexual en personas menores de edad.
"Durante años un sector de la sociedad ha vivido bajo la sombra de la humillación, derechos ignorados, dignidad ofendida, identidad negada y con libertad reprimida, al invalidarse su forma de amar y la manera en la que formaban una familia", dijo la diputada María Eugenia García Oliveros.
La modificación a la norma civil pasó con 25 votos a favor de diputadas y diputados de Morena, MC, PVEM, PRI y de seis panistas; en tanto que nueve legisladores del PAN votaron en contra.
En la reforma al Código Civil se establece que el matrimonio es la unión libre de dos personas, que tiene como objeto realizar una comunidad de vida, en la que los cónyuges se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Además, se ajustó lo relativo al marido y la mujer por personas cónyuges.
La legisladora morenista dijo que se homologa la normativa local con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con los criterios de convencionalidad internacional, al ampliar las oportunidades de felicidad para seres humanos con la sustitución del término hombre y mujer por personas.
En torno de banderas arcoíris, aseveró que los derechos conquistados son un reconocimiento a la valentía de colectivos y personas de la diversidad sexual y de género.
En Guanajuato, desde el 2022 se efectúan matrimonios entre personas del mismo sexo con base en un decreto del Ejecutivo estatal impulsado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, entonces titular de la Secretaría de Gobierno.
La diputada panista Susana Bermúdez Cano indicó que estaba convencida de que las propuestas que hoy se plantean no fortalecen el marco jurídico y tampoco atienden realmente a las necesidades de las y los guanajuatenses.
"Hoy me mantengo firme en mi voto en contra, porque estoy convencida de que el Código Civil de Guanajuato no es discriminatorio, ya garantiza trato igualitario, sin necesidad de alterar instituciones que cumplen funciones esenciales en nuestro contexto social", acotó.
El diputado del PVEM, Sergio Alejandro Contreras, dijo que es la realidad la que tiene que verse reflejada en el marco legal que se conforma de diversas manifestaciones de amor, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación clarificó que las relaciones en las que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y a los de la familiar.
Es injustificada y discriminatoria la exclusión de las personas de la diversidad sexual y de género del matrimonio, por ofender su dignidad como persona y su integridad, en el que no puede prevalecer la etimología de una palabra sobre los derechos de cualquier persona, agregó.
La legisladora del MC, Sandra Alicia Pedroza Orozco, manifestó que con este dictamen Guanajuato está saldando una de las deudas que tiene en materia de derechos humanos.
Se pronunció por hacer política distinta, a romper inercias, prejuicios y a demostrar que en el Congreso sí es posible ponerse del lado correcto de la historia; que no venían a repetir los prejuicios del pasado sino a garantizar los derechos que el presente exige.
La aprobación del matrimonio igualitario en la ley no es un mero trámite, un acto simbólico y tampoco una concesión, sino el mensaje y prueba de que en Guanajuato amar a quienes queramos, sin importar su sexo, tiene que ser un derecho para todas las personas sin discriminación alguna.
En la sesión de este jueves, con el voto mayoritario de diputados de oposición el Congreso aprobó incluir los delitos contra la expresión o identidad de género y la orientación sexual en el Código Penal del Estado.
"A quien imparta u obligue a un menor de edad o incapaz a recibir esfuerzos para corregir la orientación sexual, o la identidad o expresión de género, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de veinte a sesenta días de multa; y que el delito se perseguirá de oficio", establece el tipo penal.
Se entiende por esfuerzos para corregir la orientación sexual, o la identidad o expresión de género, aquellas prácticas en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional y se utilicen tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana, consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, médicas o cualquier método o tratamiento, que tengan por objeto anular o menoscabar la expresión o identidad de género o la orientación sexual de la víctima.
A la padre, madre o tutor que incurran en ese delito se les impondrá una pena de veinte a sesenta días multa y tratamiento psicoterapéutico integral por el tiempo que determine el juez.
La diputada Miriam Reyes Carmona, de Morena, dijo que en la entidad se debe proteger el derecho de todas las personas a ser quienes son, sin miedos, vergüenza, ni violencia por su orientación sexual e identidad de género, cuestión que no se debe catalogar como una moda o una ideología.
Padres y madres de familia presentes en el salón de sesiones exigieron, a gritos, respeto al derecho de los padres a educar a sus hijos. "¡Nos vemos en las urnas!", dijo uno de ellos.
