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El despliegue ilegal de la Guardia Nacional de Trump en Los Ángeles costó a los contribuyentes 120 millones de dólares

Los contribuyentes están pagando 120 millones de dólares por la maniobra de Trump para federalizar la Guardia Nacional y poner a los Marines en las calles de Los Ángeles.

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por Redacción

04/09/2025 14:10 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 04/09/2025

CALIFORNIA.- Aunque 300 miembros de la Guardia Nacional siguen desplegados en Los Ángeles con el pretexto de proteger instalaciones federales, ya se conocen los costos para los contribuyentes: aproximadamente 120 millones de dólares. 

El despliegue del Título 10 de más de 4.200 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines costó 71 millones de dólares en alimentos y otras necesidades básicas, 37 millones de dólares en nómina, más de 4 millones de dólares en suministros logísticos, 3,5 millones de dólares en viajes y 1,5 millones de dólares en costos de desmovilización, lo que suma un total estimado de 118 millones de dólares.

No olvidemos lo que este teatro político nos está costando a todos: millones de dólares de los contribuyentes desperdiciados, una disminución en la preparación de los guardias en todo el país y dificultades innecesarias para las familias que apoyan a esas tropas. ¡Menudo desperdicio, fraude y abuso! Pedimos a otros estados que hagan sus propios cálculos.

Gobernador Gavin Newsom

En agosto, la oficina del gobernador Newsom presentó una solicitud federal de Ley de Libertad de Información solicitando todos los documentos y registros para identificar los gastos totales incurridos para activar a los Marines de EE. UU. y federalizar la Guardia Nacional desde el 7 de junio. Si bien el gobierno federal no ha respondido a esta solicitud, la Guardia Nacional de California desarrolló los cálculos a pedido del gobernador. 

Desglosando el costo

Mientras Trump amenaza con desplegar militares en otros estados, tenga en cuenta que existen costos financieros y sociales reales. Sin duda, los soldados merecen que se les pague por el tiempo que pasan sobre el terreno, incluso si la mayor parte del tiempo estuvieron esperando órdenes en la Base de Entrenamiento de Fuerzas Conjuntas de Los Alamitos, pero hay mejores maneras de usar su tiempo y los fondos públicos. 

Todo el proceso de despliegue fue apresurado, desde el principio los soldados se vieron obligados a dormir en el suelo y al aire libre, a utilizar instalaciones sin cañerías que funcionaran y a menudo luchaban contra el aburrimiento . 

Aunque menos del 20% de las tropas desplegadas en Los Ángeles fueron realmente utilizadas, los soldados fueron retirados de sus funciones civiles esenciales como personal de primera respuesta, policías, bomberos, médicos, enfermeros y maestros. Los miembros de la Guardia Nacional fueron retirados de asignaciones especializadas , como en California, donde fueron retirados de los equipos de extinción de incendios de la Fuerza de Tarea Rattlesnake y del trabajo de la Fuerza de Tarea Antidrogas en los puertos de entrada a lo largo de la frontera. 

Llevando a la Administración Trump a los tribunales 

El martes mismo, California presentó una solicitud de orden judicial preliminar para bloquear la orden de la Administración Trump de extender el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles hasta el día de las elecciones.  

Ese mismo día, un tribunal federal concedió la orden judicial de California que bloqueaba el uso ilegal por parte de Trump del ejército estadounidense como fuerza policial nacional. El fallo deja claro: Trump está infringiendo la ley al intentar crear una fuerza policial nacional con él mismo como jefe. 

Cómo llegamos aquí

El 10 de junio de 2025, tras la intensificación de la militarización del área de Los Ángeles por parte del presidente Trump mediante la toma de control de más de 4000 soldados de la Guardia Nacional de California y el despliegue ilegal de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, el gobernador Newsom y el fiscal general Bonta presentaron una solicitud de emergencia ante el tribunal para impedir que el presidente Trump y el Departamento de Defensa amplíen la misión actual del personal federalizado de la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina. Esta misión obliga a los soldados a participar en actividades ilegales de aplicación de la ley civil en comunidades de toda la región, más allá de la simple vigilancia de edificios federales.

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