por Redacción
12/06/2025 21:43 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 12/06/2025
SAN FRANCISCO, California - El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta lograron este martes una victoria judicial clave al obtener una orden de restricción de emergencia que bloquea la toma ilegal del control de la Guardia Nacional de California y la militarización de Los Ángeles por parte del expresidente Donald Trump.
La decisión judicial reinstaura la autoridad del gobernador sobre los 4,000 elementos de la Guardia Nacional estatal que Trump había federalizado sin consentimiento, en una medida que fue ampliamente señalada como inconstitucional y autoritaria.
"El fallo de hoy es una victoria para todos los estadounidenses. Las acciones del expresidente amenazaban nuestra democracia al usar al ejército contra su propio pueblo. Nos mantendremos firmes en la defensa de los derechos de todos", afirmó el gobernador Newsom.
La demanda y el contexto
La orden judicial responde a la demanda presentada por Newsom contra Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el Departamento de Defensa (DOD), argumentando que la federalización de la Guardia Nacional violó la Constitución de EE. UU. y los límites del Título 10, al no haber consultado ni obtenido autorización del gobernador, como exige la ley.
Trump ordenó el despliegue tras el inicio de protestas en Los Ángeles contra operativos violentos de ICE ocurridos el 6 de junio. Al día siguiente, firmó un memorando para federalizar a 2,000 efectivos durante 60 días, declarando una supuesta "forma de rebelión".
Riesgo a la soberanía estatal
La orden de Trump fue considerada por la Corte como un ataque al principio de soberanía estatal, ya que no se limitaba a California, sino que podría aplicarse en cualquier estado. Además, el memorando pretendía que el Departamento de Defensa coordinara con gobernadores para tomar control de todas las milicias estatales, lo cual rompe con la separación de poderes y el control civil sobre el uso de las fuerzas armadas.
El Departamento de Defensa incluso asignó a la Guardia Nacional tareas de apoyo a ICE en la aplicación civil de la ley, incluyendo arrestos de inmigrantes, una medida considerada inconstitucional y contraria a los principios democráticos.
Efectos y respuesta del estado
Lejos de calmar la situación, la presencia militar provocó una escalada en las manifestaciones. Antes del despliegue federal, había 250 manifestantes; tras la llegada de la Guardia Nacional, el número creció a más de 3,000.
El estado respondió con el envío de más de 800 elementos estatales y locales de seguridad pública, que han sido los responsables del control operativo en la zona, mientras que las tropas federales permanecen fuera de instalaciones federales.
"Los recursos del estado se han desviado innecesariamente para contener una crisis provocada por decisiones federales irresponsables", apuntaron autoridades estatales.
Contradicciones y oportunismo
El propio Trump había declarado en 2020 que no federalizaría tropas sin la aprobación de los gobernadores. Incluso su exsecretario de Seguridad Nacional calificó esa posibilidad como "un ataque directo contra los derechos estatales". Hoy, sus acciones contradicen esas posturas pasadas, generando confusión, pánico y desorden institucional.
