California refuerza apoyo a víctimas del crimen y critica recortes federales
CALIFORNIA.- Durante la Semana Nacional de los Derechos para las Víctimas del Crimen, el gobernador Gavin Newsom rindió homenaje a las personas sobrevivientes de delitos y reafirmó el compromiso de California como un estado líder en el apoyo a este sector, al tiempo que criticó acciones de la administración federal que, señaló, debilitan la justicia y la rendición de cuentas. En su mensaje, destacó los recursos estatales disponibles para acompañar a las familias afectadas.
"En todo el país estamos viendo una prueba fundamental sobre a quién apoyamos: a las víctimas o a los perpetradores. California está eligiendo estar del lado de las víctimas, ayudándolas a sanar y exigiendo justicia", expresó el mandatario.
Rindiendo homenaje a víctimas y sobrevivientes
California ha desarrollado uno de los sistemas de apoyo a víctimas más completos del país, combinando servicios directos con inversiones sostenidas en seguridad pública.
En este contexto, el estado se suma a la conmemoración nacional para reconocer a las personas sobrevivientes, honrar a quienes han perdido la vida a causa de la violencia y renovar el compromiso con la justicia y la recuperación. Cabe destacar que California estableció en 1965 el primer programa de compensación para víctimas en Estados Unidos, el cual ha otorgado más de 2.8 mil millones de dólares en apoyo a víctimas de delitos violentos.
Desde 2019, el estado ha fortalecido sus inversiones en seguridad pública y servicios para víctimas, incluyendo centros de atención a sobrevivientes de agresión sexual, programas de recuperación de trauma, recursos contra la violencia doméstica, asesoría legal, vivienda segura, capacitación especializada y servicios forenses, entre otros.
Desde 1988, la Oficina de Derechos y Servicios para Víctimas y Sobrevivientes del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California brinda atención integral. Bajo la Ley de Marsy, aprobada en 2008, esta instancia protege los derechos de las víctimas y garantiza su participación en procesos como audiencias de libertad condicional, notificaciones de casos y acceso a restituciones.
Tan solo en 2025, la oficina atendió a más de 40 mil víctimas y familiares, facilitando el acceso a sus derechos y gestionando más de 17.1 millones de dólares en restitución directa.
Por su parte, la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador opera alrededor de 70 programas de asistencia financiera y apoyo a proveedores de servicios para víctimas en todo el estado, incluyendo atención a casos de trata de personas, abuso infantil y violencia de género.
Asimismo, las víctimas pueden acceder a compensaciones de hasta 70 mil dólares a través de la Junta de Compensación a las Víctimas de California, cubriendo gastos médicos, atención psicológica, pérdida de ingresos y reubicación. En casos de agresión sexual, no es necesario presentar una denuncia policial para solicitar este apoyo, y las solicitudes pueden realizarse en 18 idiomas dentro de un plazo de hasta siete años.
El estado también ha fortalecido sus políticas de prevención, como las Órdenes de Restricción por Violencia con Armas de Fuego, cuyo uso aumentó un 118% entre 2020 y 2023, contribuyendo a reducir los delitos violentos y proteger a la población.
Además, los Centros de Recuperación de Trauma ofrecen atención gratuita con enfoque especializado, incluso para personas que no califican para compensación económica o temen denunciar.
Inacción federal
El fortalecimiento de estos programas ocurre en medio de acciones federales recientes que, de acuerdo con el gobierno estatal, han afectado directamente a las víctimas. Entre ellas, se mencionan indultos a personas condenadas y recortes a fondos destinados a servicios de apoyo.
Estas decisiones han implicado la eliminación de casi 2 mil millones de dólares en restituciones ordenadas por tribunales, así como recortes por más de 820 millones de dólares en subvenciones federales para servicios esenciales como asesoría, refugio y asistencia legal.
Además, se reportan cancelaciones de programas, retrasos en financiamiento, reducción de recursos del fondo VOCA y afectaciones en procesos migratorios como las visas T, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de poblaciones en riesgo.
Ante este panorama, California reiteró que continuará fortaleciendo sus políticas públicas para garantizar que las víctimas tengan acceso a justicia, atención integral y acompañamiento, especialmente en un contexto donde los recursos federales se han visto reducidos.