por Uniradio Informa
05/11/2026 14:04 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 05/11/2026
- 548 personas esperaban su ejecución en California. Con esta decisión, el gobernador Gavin Newsom cambió su destino.
SAN DIEGO, CALIFORNIA.- En una de las decisiones más trascendentes de su carrera, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que cambiará las 548 sentencias de muerte vigentes en el estado por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque la Suprema Corte estatal tendrá la última palabra en cientos de esos casos.
La medida desmantela, en los hechos, el corredor de la muerte más grande del hemisferio occidental. De las 548 personas condenadas, 529 son hombres y 19 son mujeres, según la oficina del gobernador.
Newsom dio a conocer su decisión en una carta abierta, en la que argumentó que la ejecución de personas por parte del Estado es incompatible con los valores de California, debilita las bases de su sistema legal y afecta a toda la sociedad. En el mismo documento reconoció que quienes recibieron la conmutación cometieron crímenes atroces.
Un cierre de ciclo antes de dejar el cargo.
La decisión llega cuando Newsom se prepara para dejar la gubernatura tras ocho años. En 2019 decretó una moratoria a las ejecuciones, pero cientos de personas permanecían en espera. California no ejecuta a nadie desde el 17 de enero de 2006, cuando Clarence Ray Allen murió por inyección letal.
El alcance del anuncio trasciende al estado: de concretarse, sería la conmutación masiva de penas de muerte más grande en la historia de Estados Unidos, y la población total de condenados a muerte en el país podría reducirse casi en un tercio, según un análisis de The Marshall Project.
¿Cómo funciona?
De acuerdo con la legislación californiana, el gobernador puede conmutar por sí solo las penas de muerte en casos sin otras condenas por delitos graves. Cuando el sentenciado tiene condenas adicionales por delitos graves, la solicitud de conmutación debe pasar por la revisión y aprobación de la Suprema Corte de California.
Es importante subrayar que la medida no deroga la pena de muerte en California ni impide que los fiscales la soliciten en casos futuros. La pena solo puede abolirse mediante una consulta popular, y los californianos votaron para mantenerla en las boletas de 2012 y 2016.
La ACLU: "Lo que exige la justicia".
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), junto con sus filiales del sur y norte de California, de San Diego y los condados de Imperial, y ACLU California Action, formó parte de los cientos de organizaciones y ciudadanos que pidieron al gobernador dar este paso.
"Hoy, el gobernador Newsom hizo historia al anunciar su intención de conmutar cada sentencia de muerte en California y vaciar el corredor de la muerte más grande del país", declaró Anthony D. Romero, director ejecutivo nacional de la ACLU. "Estas conmutaciones reflejan lo que exige la justicia: el fin de un castigo racista, propenso al error e inhumano que ha pesado sobre California durante demasiado tiempo".
Romero añadió que el riesgo de una persona de ser ejecutada es predecible, "pero por las razones equivocadas: la raza, la geografía y la política".
Las cifras del sesgo racial.
El anuncio se da en medio de batallas legales contra el sistema de pena capital. En abril de 2024, la ACLU, el Fondo de Defensa Legal de la NAACP y la Oficina del Defensor Público del Estado presentaron una demanda que acusa a la ley de pena de muerte de ser racialmente discriminatoria y contraria a las garantías de igualdad de la Constitución de California.
Las pruebas presentadas en ese litigio son contundentes: las personas afroamericanas tienen hasta ocho veces más probabilidades de ser condenadas a muerte que acusados no afroamericanos en circunstancias similares, mientras que las personas latinas tienen al menos seis veces más probabilidades.
"Desde sus inicios, California ha aplicado la pena de muerte de forma racialmente discriminatoria, creando un sistema de justicia de dos niveles", señaló Chandra Bhatnagar, directora ejecutiva de la ACLU del Sur de California.
Para Norma Chávez-Peterson, directora ejecutiva de la ACLU de San Diego y los condados de Imperial, "las injusticias sistémicas requieren soluciones sistémicas. Esto no se trata de casos individuales, sino de atender un sistema racista, fundamentalmente defectuoso, ineficaz e imposible de reparar".
Abdi Soltani, director ejecutivo de la ACLU del Norte de California, sostuvo que la pena de muerte "no tiene cabida en California, ni en ninguna sociedad que valore la justicia, la equidad y los derechos humanos".
La otra cara: víctimas y fiscales.
La decisión no fue recibida con aplausos en todos los sectores. Patricia Wenskunas, fundadora de la organización de apoyo a víctimas Crime Survivors, que se opuso a la abolición de la pena de muerte, criticó la decisión de Newsom. La oficina del gobernador informó que las víctimas registradas ante la Oficina de Derechos y Servicios para Víctimas y Sobrevivientes serán notificadas cuando entren en vigor las conmutaciones.
Además, desde la moratoria de 2019, los fiscales californianos han obtenido sentencias de muerte para alrededor de dos docenas de personas, muchas en el condado de Riverside, y se prevé que tras la salida de Newsom sigan buscando esa pena en zonas donde históricamente ha tenido respaldo, como los condados de Riverside y San Bernardino.
Así, aunque el corredor de la muerte de California quedaría vacío, el debate sobre la pena capital en el estado está lejos de cerrarse.
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A continuación compartimos íntegro el comunicado original de ACLU:
CLU Applauds Gov. Gavin Newsom's Historic Commutation of All Death Sentences in California
SACRAMENTO - California Gov. Gavin Newsom announced today that he was moving to commute all death sentences in California, marking a historic step towards ending the death penalty in California and across the country.
The American Civil Liberties Union, ACLU of Southern California, ACLU of Northern California, ACLU of San Diego & Imperial Counties, and ACLU California Action joined the hundreds of organizations and individuals urging the Gov. Newsom to take this necessary step to address the persistent and systemic flaws with the death penalty in California.
Anthony D. Romero, executive director of the American Civil Liberties Union, issued the following statement:
"Today, Gov. Newsom made history by announcing his intention to commute every death sentence in California and clear the largest death row in the nation. In doing so, he honored his commitment to end a system that conflicts with human dignity, fairness, and the values enshrined in our Constitution.
"These commutations reflect what justice demands: an end to a racist, error-prone, and inhumane punishment that has burdened California for far too long. By taking this step, Gov. Newsom has affirmed that the death penalty has no place in California and he showed real courage by confronting racialized injustice head-on.
"The evidence against the death penalty has been overwhelming for decades. As the ACLU and allies have documented in courts across the country, a person's risk of execution is predictable, but for all the wrong reasons: race, geography, and politics. Such profound, systemic injustice demands a systemic response. Today, California comes closer to closing the chapter on a cruel and morally and legally corrupt practice and sets a powerful example for others to follow."
Gov. Newsom's announcement comes amid ongoing legal challenges to California's death penalty system. In April 2024, the ACLU, alongside the NAACP Legal Defense Fund and the Office of the State Public Defender, brought a lawsuit challenging the state's death penalty statute as racially discriminatory and unconstitutional under the Equal Protection guarantees of the California Constitution.
The evidence presented in that lawsuit revealed pervasive racial bias in California's implementation of the death penalty. Black people are up to eight times more likely to be sentenced to death when compared to similarly situated non-Black defendants, while Latino people are at least six times more likely to be sentenced to death.
Under California law, the governor has the unilateral authority to commute death sentences in cases without additional felony convictions. For cases involving additional felony convictions, the governor's commutation request now goes to the California Supreme Court for review and approval.
Additional statements below are from ACLU affiliates in California:
Abdi Soltani, executive director of the ACLU of Northern California:
"The death penalty has no place in California - or any society that values justice, fairness, and human rights. Our organization has fought for decades against this antiquated, inhumane system, and we applaud the governor for taking bold action to end it."
Chandra Bhatnagar, executive director of the ACLU of Southern California:
"From its inception, California has imposed the death penalty in a racially discriminatory manner, creating a two-tiered system of justice. With this historic act of clemency, the state can turn the page — rejecting a broken, biased system and embracing a more just and equitable future for all."
Norma Chávez-Peterson, executive director of the ACLU of San Diego & Imperial Counties:
"Systemic injustices call for systemic solutions. By granting universal clemency to all people with death sentences in California, Governor Newsom has joined a chorus of leaders nationwide who have rejected the death penalty and recognized it as a failed and unjust experiment. This isn't about individual cases, it is about addressing a system that is racist, fundamentally flawed, ineffective, and unfixable."
This statement is available here: https://www.aclu.org/press-releases/aclu-applauds-gov-gavin-newsoms-historic-commutation-of-all-death-sentences-in-california
