"Quiten las cámaras y que no vuelvan": San Diego, a punto de apagar sus 505 lectores de placas Flock

"Quiten las cámaras y que no vuelvan": San Diego, a punto de apagar sus 505 lectores de placas Flock

-  Concejales y organizaciones civiles exigirán este lunes el retiro inmediato de la red de vigilancia, señalada por dos arrestos injustos, un joven baleado en San Ysidro y el rastreo de una víctima de violencia doméstica.

-  Ya suman seis votos en el Concejo y el alcalde Todd Gloria dijo que no vetará.

- San Diego podría ser la ciudad más grande de EU en apagar todas sus cámaras lectoras de placas.

- Arrestos injustos, un disparo en San Ysidro y una víctima vigilada: el lunes se decide el futuro de las cámaras Flock.

SAN DIEGO, California.- La red de 505 cámaras lectoras de placas que vigila las calles de San Diego vive sus horas más inciertas. Este lunes 16 de noviembre, el Concejo Municipal votará si autoriza una política de uso actualizada para el sistema de lectura automática de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) de la empresa Flock Safety. Si la rechaza, la ciudad tendrá que apagar todas las cámaras.

Una hora antes de la sesión, concejales y líderes comunitarios de la coalición TRUST SD exigirán que los dispositivos se retiren de inmediato y para siempre. Su consigna es directa: "Quiten las cámaras y que no vuelvan".

La presión llega en el momento de mayor debilidad política del programa. Con la adhesión del concejal Raúl Campillo, ya son seis los integrantes del Concejo que se oponen a las cámaras, suficientes para superar un veto. Y este viernes, el alcalde Todd Gloria, su principal defensor, dijo que no vetará la decisión del Concejo, según Times of San Diego.

De concretarse, San Diego se convertiría en la ciudad más grande de Estados Unidos en suspender todos sus lectores de placas.

Una conferencia antes del voto.

La conferencia de prensa será de 1:00 a 1:30 p.m. en el Breezeway del Palacio Municipal, en el 202 de C Street. Participarán los concejales Sean Elo-Rivera (Distrito 9) y Henry Foster III (Distrito 4); Samantha Itazawa, de la Fundación ACLU de los condados de San Diego e Imperial; Wendy Gelernter, de Take Action San Diego, y Mitchelle Woodson, de Pillars of the Community.

La coalición advierte que no aceptará semanas o meses de cámaras encendidas mientras se resuelven los trámites. Argumenta que, en varias ciudades del país, Flock se ha negado o no ha cumplido las órdenes de dejar de operar.

Itazawa, abogada de la ACLU, ha descrito el sistema como una vigilancia masiva, invasiva y permanente, capaz de revelar detalles íntimos de la vida de las personas. Woodson, por su parte, advirtió en octubre que "la vigilancia nunca es neutral" y que su impacto no se siente igual en La Jolla que en City Heights, Barrio Logan o Encanto.

Tres casos que encendieron las alarmas.

Los organizadores sostienen que el sistema ya causó daños concretos. Tres casos documentados por la prensa local respaldan su argumento, aunque la coalición subraya que son solo los que se han hecho públicos.

Un disparo en San Ysidro. Jorge Luis Soto, de 19 años, viajaba como pasajero en un Honda Accord rumbo a su trabajo en una empresa de mudanzas. En el complejo de departamentos Villa Nueva, en el 3500 de Beyer Boulevard, un agente de la Policía de San Diego (SDPD) le disparó en el hombro izquierdo. Minutos antes, a las 7:01 a.m., una alerta del lector de placas había marcado el auto como robado.

El dueño del vehículo, Travis Nelson, asegura que nunca lo reportó; la policía afirma que otra agencia lo registró como robado en la base de datos federal NCIC. Según la reclamación legal de Soto, fechada el 24 de agosto, ambos ocupantes tenían las manos en alto, la cámara corporal del agente Ricardo Zambrano estaba apagada y el joven pasó unas 10 horas esposado a una cama de hospital.

Nadie fue arrestado ni acusado. Soto relata que un oficial le dijo que "los errores pasan". El SDPD declinó dar detalles porque el caso está bajo investigación y en litigio.

Tres semanas en la cárcel por un auto parecido. Hugo Parra y Ariel Alonso Beltrán demandaron a la ciudad por arresto injusto. El 26 de noviembre de 2025, la policía buscaba a un hombre que apuntó con un arma a una persona en Golden Hill y huyó en un Alfa Romeo rojo. Sin la placa del sospechoso, los agentes buscaron en Flock por marca y modelo, y obtuvieron una coincidencia a unas 5 millas (8 kilómetros): el auto de Beltrán, quien viajaba con Parra hacia un salón de puros en Old Town.

La víctima identificó a Parra y ambos fueron detenidos. Beltrán pagó fianza; Parra no pudo y pasó cerca de tres semanas en prisión antes de que se retiraran los cargos. Su abogado, Alex Coolman, sostiene que una búsqueda por placa en el mismo sistema los habría exonerado, pues mostraba que venían de su departamento y no de la escena del crimen.

"Flock también tiene el potencial de ser exculpatorio", dijo Coolman. La Fiscalía de la ciudad no comenta litigios pendientes.

Una víctima vigilada. El caso más reciente lo reveló Voice of San Diego el 12 de noviembre. En 2025, Asuntos Internos investigó al agente Miguel González por presuntamente sostener un encuentro sexual, en horario de servicio, con una mujer a la que conoció al atender una llamada por violencia doméstica. Como parte de la indagatoria, en agosto de 2025 se consultaron en Flock los movimientos del auto de la mujer y del vehículo personal del agente.

La búsqueda no arrojó resultados, posiblemente porque el sistema solo conserva datos 30 días; fue el GPS de la patrulla el que ubicó al agente 23 minutos en casa de la mujer. La investigación comprobó seis faltas y González ya no pertenece al SDPD.

La policía sostiene que su política permite usar el sistema en "investigaciones oficiales". Pero Ted Womack Jr., vicepresidente de la Junta Asesora de Privacidad, consideró que vigilar a la víctima parece violar esa política. Incluso la Asociación de Oficiales de Policía de San Diego exigió que Flock no se use en investigaciones administrativas y pidió una auditoría transparente.

Seis votos y un alcalde que cambió de postura.

La aritmética del Concejo cambió en menos de cinco meses. En junio, una propuesta para retirar del presupuesto los cerca de 2 millones de dólares destinados al contrato fracasó por 5 votos contra 4; solo la respaldaron Foster, Elo-Rivera, Vivian Moreno y Kent Lee.

El 13 de octubre, Stephen Whitburn, cuyo Distrito 3 concentra la mayor densidad de cámaras, pidió apagarlas por el temor que generan en las comunidades ante las tácticas federales de control migratorio. El 21 de octubre, el Comité de Presupuesto y Eficiencia Gubernamental aprobó por unanimidad la propuesta de Foster para rescindir la política de uso y prohibir la tecnología.

El jueves 12 de noviembre, tras conocerse el caso de la víctima de violencia doméstica, Campillo retiró su respaldo y exigió suspender el programa y auditar su uso. "Mi apoyo nunca ha sido incondicional", afirmó el exfiscal. Elo-Rivera, opositor de larga data, resumió la postura del bloque: "San Diego puede ser segura sin lectores de placas".

Gloria había calificado en octubre la eliminación de las cámaras como "un grave error y un retroceso para la seguridad pública". Este viernes dio un giro y anunció que no vetará lo que decida el Concejo.

Qué se decide el lunes.

La sesión del Concejo está prevista a las 2:00 p.m. Lo que se vota es la autorización de la política de uso actualizada; si no se aprueba, la ciudad deberá apagar todas las cámaras.

El voto, sin embargo, no cancela por sí mismo el contrato. El acuerdo firmado en 2023 con Ubicquia, que tiene a Flock como subcontratista, vale casi 12 millones de dólares y vence en 2028. Incluye una cláusula que permite rescindirlo si la ciudad no aprueba el uso de la tecnología, una decisión que correspondería principalmente al alcalde.

Tampoco está claro si los agentes podrían seguir consultando en la base de datos de Flock las lecturas de cámaras que no pertenecen a la ciudad. Por separado, el comité de Foster impulsa una ordenanza para cancelar el contrato y prohibir los lectores de placas en el código municipal.

El temor: que las cámaras no se apaguen.

La exigencia de un retiro inmediato tiene antecedentes. En Evanston, Illinois, Flock reinstaló cámaras sin autorización después de una orden de apagado, y la ciudad tuvo que cubrirlas y enviar a la empresa una orden de cese.

En Cambridge, Massachusetts, la compañía instaló dos cámaras nuevas semanas después de que el Concejo ordenara desactivar las existentes, y la ciudad rescindió el contrato. En Eugene, Oregón, al menos una cámara seguía activa semanas después de la orden de apagado. Más cerca, la Policía de Los Ángeles dejó de trabajar con Flock en julio por preocupaciones sobre el uso de datos.

Antecedentes: tres años de debate.

TRUST SD nació en 2019 como respuesta al programa de cámaras en luminarias inteligentes que la ciudad había desplegado sin escrutinio público. Hoy agrupa a unas 60 organizaciones sin fines de lucro.

Su principal logro fue la ordenanza de Uso Transparente y Responsable de Tecnología de Vigilancia (TRUST), aprobada por unanimidad en agosto de 2022. Obliga a que toda tecnología de vigilancia pase por la Junta Asesora de Privacidad y reciba la aprobación del Concejo.

Aun así, en 2023 la ciudad contrató el sistema de luminarias inteligentes con lectores de placas. En sus primeras semanas, una falla de configuración permitió que otras agencias de California consultaran la base de datos policial casi 13 mil veces. Además, el informe anual de vigilancia de 2024 reconoció que se compartió información en 10 ocasiones con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aunque la ley estatal SB 34 prohíbe compartir estos datos con agencias federales.

En noviembre de 2025, la Junta Asesora de Privacidad recomendó dejar de usar Flock. El Concejo no siguió la recomendación y en diciembre reautorizó el sistema por 5 votos contra 3.

El volumen de uso también ha generado dudas. Según un análisis de Times of San Diego, los agentes consultaron el sistema 114,692 veces en lo que va de 2026, y en casi 4 mil ocasiones registraron "otro" como motivo. La policía anunció en octubre que eliminará esa categoría.

La postura de la policía.

El Departamento de Policía y la alcaldía defienden el sistema como una herramienta eficaz contra el crimen. De acuerdo con Gloria, los lectores han apoyado casi 900 investigaciones penales y la recuperación de más de 8.7 millones de dólares en bienes robados.

El jefe de policía, Scott Wahl, asegura que los datos se conservan solo 30 días, que cada consulta exige un número de caso, que las auditorías son semanales y que San Diego no comparte su información con otras agencias. Tras la votación en comité, calificó la medida de miope y advirtió que retirar la herramienta sería "una pérdida para las comunidades de San Diego".

Por qué importa en la región fronteriza.

Para la comunidad binacional, el debate tiene implicaciones directas. Uno de los casos más graves ocurrió en San Ysidro, a pocos kilómetros de la garita, y el temor a que autoridades migratorias federales accedan a los datos pesó en el cambio de postura de Whitburn.

Además, apagar las cámaras de la ciudad no elimina la vigilancia en el condado. Chula Vista, National City, El Cajon, La Mesa y Oceanside también usan el sistema de Flock, e Imperial Beach autorizó este año que el Sheriff instale lectores en su territorio. Quienes circulan por el sur del condado, incluidos miles de conductores que cruzan a diario desde Tijuana, seguirán pasando frente a estas cámaras, decida lo que decida San Diego.

El lunes, la consigna de los activistas se pondrá a prueba en el recinto: no solo apagar las cámaras, sino asegurarse de que se queden apagadas.

Ficha de la conferencia.

• La conferencia de prensa será el lunes 16 de noviembre, una hora antes de la sesión del Concejo.
• Dato Detalle
• Qué Conferencia de prensa previa a la votación del Concejo sobre las cámaras ALPR
• Cuándo Lunes 16 de noviembre, de 1:00 a 1:30 p.m.
• Dónde Palacio Municipal de San Diego, 202 C Street (Breezeway)
• Quiénes Concejal Sean Elo-Rivera (Distrito 9); concejal Henry Foster III (Distrito 4); Samantha Itazawa (Fundación ACLU de los condados de San Diego e Imperial); Wendy Gelernter (Take Action San Diego); Mitchelle Woodson (Pillars of the Community)
• Convoca Coalición TRUST SD
• Sesión del Concejo Lunes 16 de noviembre, 2:00 p.m.