Violencia escolar en Baja California: Tijuana concentra los casos y el celular se repite como denominador común
- Autoridades de salud mental, de seguridad pública y el sindicato de maestros coinciden en que el celular y las redes sociales atraviesan buena parte de los incidentes más recientes.
- Del ataque con sosa cáustica a los retos virales que dispararon llamadas al 911: los datos oficiales detrás de la violencia escolar en Tijuana y Baja California, y por qué el celular vuelve a estar en el centro de la discusión.
TIJUANA.- El ciclo escolar 2025-2026 cerró en Baja California con 59 casos de agresiones entre estudiantes documentados oficialmente por la Secretaría de Educación del estado (SEBC): 19 clasificados como acoso escolar y 40 como hechos de violencia física, distribuidos entre preescolar, primaria y secundaria.
Tijuana concentra la mayor parte de los reportes y de las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado (FGE), en un periodo en el que autoridades educativas, de seguridad y de salud mental señalan al celular e internet como un factor presente en varios de los incidentes registrados:
- La SEBC documentó 59 casos de agresiones entre estudiantes en el ciclo 2025-2026: 19 de acoso escolar y 40 de violencia física.
- Tijuana concentró 65 de las 110 quejas contra el sistema educativo recibidas por la CEDHBC en 2025, y 39 carpetas de investigación por acoso escolar abiertas por la Fiscalía entre 2025 y 2026.
- Autoridades y especialistas ubican al celular e internet en el origen o la propagación de varios incidentes recientes, incluidos retos virales que generaron casi 100 llamadas al 911 en tres días.
- El caso del profesor Esteban Canchola Herrera, en Mexicali, continúa marcando la revisión de protocolos escolares en el estado.
* Radiografía estatal.
De acuerdo con el desglose oficial de la SEBC, las primarias concentran la mayor incidencia, con 12 casos de acoso y 24 de violencia entre alumnos.
En preescolar se documentaron cinco casos de acoso y ocho de violencia, mientras que en secundaria se registraron dos de acoso y ocho de violencia.
El ciclo anterior había cerrado con una cifra similar, alrededor de 60 casos acumulados en todo el estado, de acuerdo con un balance de la propia dependencia dado a conocer en noviembre de 2025.
Ese mismo reporte de noviembre ya ubicaba a Tijuana como el municipio con más reportes formales de acoso escolar al inicio del ciclo: tres de cada cuatro casos correspondieron a la ciudad y uno a Mexicali.
* El mapa por municipio.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) recibió 110 quejas contra el sistema educativo estatal durante 2025, cifra que agrupa, además de casos de violencia, inconformidades por la prestación del servicio educativo y por vulneraciones al derecho a la educación.
Tijuana concentró 65 de esas quejas, Ensenada 31, Mexicali ocho, y San Quintín y Tecate tres cada uno.
Entre los principales motivos señalados por la comisión están las acciones u omisiones contrarias al derecho a la educación (35 casos), la prestación indebida del servicio (22), las transgresiones al derecho a una educación libre de violencia (18) y las afectaciones al derecho a la seguridad jurídica (12).
En Mexicali, el Congreso del estado exhortó en junio de 2026 a la Secretaría de Educación, a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a reforzar la prevención en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 75, luego de reportes ciudadanos sobre peleas entre estudiantes y presencia de personas ajenas al plantel en los horarios de entrada y salida.
Un estudio de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), aplicado en 25 escuelas secundarias de los cinco municipios del estado con una muestra de 5,750 estudiantes, ubicó a Tijuana, Ensenada y Rosarito como los municipios donde más de una quinta parte del personal docente encuestado dijo haber sido testigo de episodios de violencia escolar o acoso psicológico entre alumnos, una proporción superior a la registrada en el resto de los municipios del estado.
* Tijuana, en el centro de la atención.
En Tijuana, la Fiscalía Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes, dependiente de la FGE, ha abierto 39 carpetas de investigación por acoso escolar entre 2025 y lo que va de 2026: 24 corresponden al año pasado completo y 15 a los primeros meses de este año, un ritmo mensual superior al del periodo anterior.
De manera independiente, la Secretaría de Educación Pública Municipal reportó 15 casos de acoso denunciados en escuelas federales y estatales de la ciudad a través del programa Paremos el Bullying, clasificados por la propia dependencia como incidentes sin nivel de gravedad mayor, aunque sujetos a seguimiento diario.
El sistema educativo estatal en Tijuana documentó, además, 50 casos de abuso sexual contra estudiantes acumulados desde 2023, cuando se implementó el protocolo de registro correspondiente.
Dos de cada diez víctimas fueron agredidas dentro de las propias escuelas públicas, generalmente por personal académico o auxiliar. En el primer semestre de un ciclo reciente se recibieron 42 reportes externos presentados por alumnos, de los cuales ocho ocurrieron dentro de instalaciones escolares: seis de acoso y dos de abuso sexual.
A esas cifras se suman incidentes puntuales con difusión pública en la ciudad durante el presente año: el ataque con sosa cáustica contra un estudiante de 14 años en la Secundaria Federal No. 2 Leyes de Reforma, en la colonia Libertad, el 25 de marzo, que le provocó quemaduras en espalda, cuello y hombro; y, en febrero, dos episodios distintos en los que alumnos de nivel medio superior mostraron armas de fuego tras riñas registradas a la salida de sus planteles, uno de ellos afuera del CECyTE El Florido.
* ¿Los casos van en aumento?
La comparación de cifras oficiales ofrece un panorama con más de una lectura. Las carpetas de investigación por acoso escolar abiertas por la FGE en Tijuana pasaron de un promedio de dos por mes en 2025 a alrededor de dos y medio por mes en el primer semestre de 2026.
En febrero de este año, el director del Hospital de Salud Mental de Tijuana, José Francisco Bustamante Barragán, afirmó públicamente que los casos de bullying en la ciudad van en aumento, en particular entre estudiantes de secundaria.
Sin embargo, autoridades educativas municipales han descrito la mayoría de los casos identificados como incidentes sin nivel de gravedad mayor, y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que mide percepción de inseguridad y no violencia escolar de manera específica, no registró cambios estadísticamente significativos en Tijuana entre el primer y el segundo trimestre de 2026.
El indicador de conflictos o enfrentamientos con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o de escuela, que sí forma parte de esa encuesta, subió en la ciudad de 24.6 a 27.4 por ciento en el mismo periodo —un movimiento que el propio INEGI tampoco calificó como estadísticamente significativo a escala local, aunque el promedio nacional de ese indicador sí tuvo un aumento con esa característica—.
A la par de las cifras, organizaciones civiles han señalado que Baja California carece de un sistema de indicadores y de un presupuesto específico para atender la violencia escolar, y han apuntado a la falta de armonización entre la normativa estatal y los lineamientos federales en la materia.
Cuatro categorías, distintos niveles de gravedad
Con base en la información de la SEBC, la FGE y la CEDHBC, los reportes de agresión contra estudiantes en Baja California durante el ciclo 2025-2026 se agrupan en cuatro categorías.
La primera es el acoso escolar o bullying, que incluye agresión verbal, exclusión social y hostigamiento entre compañeros, concentrado principalmente en primarias.
La segunda es la violencia física entre pares, que incluye riñas y, en los casos documentados en Tijuana, la presencia de armas de fuego o de sustancias como la sosa cáustica.
La tercera es el ciberacoso y la violencia digital, descrito por las propias autoridades como un fenómeno en expansión, ligado al uso de teléfonos celulares y redes sociales dentro y fuera del horario escolar.
La cuarta es el abuso y la violencia sexual dentro de los planteles, la categoría que ha generado más movilización entre madres y padres de familia; en este ciclo incluyó procesos contra docentes en Tecate —uno con 18 víctimas identificadas y otro capturado tras seis meses como fugitivo por señalamientos de tocamientos a alumnos de preescolar— y un caso en un colegio privado de Ensenada por proyección de contenido sexual y tocamientos a menores.
Un estudio del Colef con estudiantes de secundaria de los cinco municipios, con trabajo de campo realizado en 2019, ofrece una referencia sobre cómo se distribuyen estos tipos: 18.4 por ciento de los estudiantes reportó violencia física, 12.5 por ciento violencia psicológica y 7.3 por ciento violencia por medios cibernéticos; dentro del acoso escolar en específico, esos porcentajes bajan a 12, 11 y tres por ciento, respectivamente.
* El celular y las redes sociales, un factor que se repite.
En varios de los episodios documentados durante el ciclo, el celular y las plataformas digitales aparecen en el origen o en la propagación del incidente.
Entre abril y mayo de este año, un reto viral conocido como "tiroteo mañana", que circuló en plataformas digitales y advertía sobre supuestos ataques armados en escuelas, generó en tres días casi 100 llamadas al 911 por amenazas de este tipo en escuelas de Baja California, de acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana del estado, Laureano Carrillo Rodríguez.
En Tijuana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal activó protocolos de atención inmediata en 78 planteles ante la propagación de mensajes similares.
Especialistas consultados por medios locales han señalado que la intensificación de la violencia en plataformas digitales expone a los adolescentes a contenido que reduce su percepción del daño hacia otros, lo que complica la labor de docentes y directivos.
En Ensenada, un estudio con adolescentes de 10 a 14 años con perfiles activos en redes sociales documentó su exposición a distintas formas de violencia digital, desde el ciberacoso hasta la difusión de contenido manipulado mediante inteligencia artificial.
Como respuesta, la Escuela Secundaria Técnica Número 1 de Tijuana se convirtió en mayo en el primer plantel público de la ciudad en restringir el uso de celulares durante la jornada escolar, medida que ya operaba en entre 30 y 40 escuelas privadas de la ciudad.
A nivel legislativo, una iniciativa ciudadana para limitar el uso de celulares en secundarias y preparatorias de Baja California avanza mediante foros realizados en el Congreso del estado, en paralelo a una iniciativa federal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum —respaldada por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y por dirigentes del movimiento en Baja California— para regular el uso de celulares y pantallas en escuelas de todo el país.
Organizaciones que trabajan con la comunidad neurodivergente han pedido que cualquier restricción contemple excepciones para estudiantes que dependen de aplicaciones de comunicación o de pantallas como herramienta de apoyo.
* Antecedentes: el caso que marcó al magisterio.
Buena parte de la revisión de protocolos escolares en Baja California durante el último año está ligada al caso del profesor Esteban Canchola Herrera, maestro de primaria en Mexicali con más de 25 años de servicio.
Canchola fue procesado por el delito de omisión de auxilio luego de que un alumno de diez años, Martín Damián, muriera en octubre de 2023 tras un golpe en la cabeza sufrido mientras jugaba fútbol antes de clases, en la Escuela Primaria Eucario Zavala Álvarez.
El maestro recibió en julio de 2025 una sentencia mínima que evitó la prisión, decisión que generó protestas del magisterio en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito y San Quintín; en diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó la sentencia en su totalidad, al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar responsabilidad penal.
El Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETEBC) ha señalado que ese antecedente judicial modificó la manera en que el personal docente enfrenta emergencias dentro de los planteles, y ha expresado que persiste, entre los maestros, la inquietud por enfrentar sanciones penales sin un marco legal que también los proteja.
Al cumplirse un año de ese caso, el Congreso del estado exhortó a la Secretaría de Educación a reforzar los mecanismos de seguimiento a estudiantes identificados como generadores de conductas violentas, con acompañamiento psicológico y programas de educación socioemocional.
El fenómeno de la violencia escolar no es privativo de Baja California.
A escala nacional, la Red por los Derechos de la Infancia en México documentó, con base en cifras del sector salud, que las hospitalizaciones de niñas, niños y adolescentes por violencia física ocurrida dentro de escuelas pasaron de 61 casos en 2022 a mil 58 en 2024.
La Secretaría de Salud federal reportó, por su parte, un aumento de 80 por ciento en las agresiones físicas ocurridas en escuelas y 943 hospitalizaciones por hechos violentos en 2023; de acuerdo con ese reporte, la forma de agresión más frecuente a nivel nacional es la violencia física, con 29 por ciento de los casos, seguida de la violencia verbal, con 26 por ciento, y el acoso vía redes sociales, con 11 por ciento.
En Baja California, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021 había documentado que 62.2 por ciento de las mujeres de 15 años y más que declararon haber sufrido violencia en los 12 meses previos señalaron a la escuela como el lugar principal donde ocurrió.
Esa cifra sirvió de referencia para una reforma aprobada en 2025 por el Congreso del estado a la Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar, con el fin de actualizar la definición del término conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
* Lo que sigue.
Con el ciclo escolar 2026-2027 por comenzar, Baja California mantiene activos el Operativo Mochila —formalizado mediante una reforma a la Ley de Educación del estado— y las sesiones del Comité Municipal de Prevención de la Violencia en Tijuana, que en los últimos meses ha dado seguimiento a colonias como Camino Verde, La Presa, Valle Dorado y Mariano Matamoros.
A la par, sigue en discusión en el Congreso estatal la iniciativa para restringir el uso de celulares en secundarias y preparatorias, mientras la propuesta federal sobre el mismo tema continúa su ronda de foros de consulta en distintas entidades del país durante agosto y septiembre.
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