Del Plan B al Plan C
_"La democracia no se degrada cuando cuesta, se degrada cuando quienes deben representar prefieren administrar favores en lugar de ejercer responsabilidades."_
Por Isidro Aguado Santacruz
Las reformas electorales no fracasan únicamente por lo que dicen, sino por lo que omiten. El llamado "Plan B" es, en esencia, una reforma que decidió no mirar al corazón del problema: la representación política como ejercicio de responsabilidad pública. Se prefirió ajustar cifras antes que redefinir funciones, recortar estructuras antes que corregir desviaciones, y limitar salarios antes que exigir resultados.
En términos estrictos, no estamos frente a una reforma electoral, sino ante un rediseño administrativo con efectos políticos colaterales .
La omisión más evidente es que no se transformó el sistema de representación. Y ahí comienza todo.
Porque antes de discutir cuánto cuesta la democracia, habría que preguntarnos algo más elemental: ¿qué hace realmente un representante popular?
La respuesta, aunque parezca obvia, ha sido distorsionada por la práctica política cotidiana. Hoy, una parte significativa de quienes ocupan cargos de elección popular ha confundido su función con la entrega de apoyos sociales, la gestión clientelar o la construcción de redes de dependencia. Y no, esa no es su labor.
Un diputado —en el diseño constitucional— no es un gestor de despensas, ni un intermediario de beneficios, ni un distribuidor de recursos. Su función es legislar, es decir, crear normas que ordenen la vida pública; es fiscalizar el ejercicio del gasto; es debatir, proponer, modificar y, en su caso, contener el poder. Convertirlo en operador de programas sociales no solo distorsiona su papel, sino que abre la puerta a prácticas de aprovechamiento político.
Porque cuando el legislador reparte, también condiciona.
Y cuando condiciona, deja de representar para comenzar a manipular.
Lo mismo ocurre con la figura del regidor. En teoría, el regidor es un integrante del cabildo cuya responsabilidad es deliberar sobre las decisiones municipales, supervisar la administración pública local y participar en la construcción de políticas públicas. Es un órgano colegiado de control y dirección, no una extensión operativa del presidente municipal.
Sin embargo, en la práctica, muchos regidores han sido reducidos a figuras decorativas o, peor aún, a operadores políticos que replican la lógica del reparto de apoyos. Se diluye así su función deliberativa y se convierte el cabildo en un espacio de validación automática, no de discusión.
El caso del síndico procurador es aún más delicado. Su función es, por definición, la vigilancia jurídica del municipio. Es quien debe supervisar la legalidad de los actos administrativos, proteger el patrimonio público y, en su caso, señalar irregularidades. Es, en términos simples, el contrapeso interno del poder municipal.
Pero ¿qué ocurre cuando el síndico forma parte de la misma planilla que el presidente municipal?
Ocurre lo inevitable: la fiscalización se vuelve complacencia.
Estas tres figuras —diputado, regidor y síndico procurador— no son menores. Son piezas clave en la arquitectura del Estado. Y, sin embargo, son también las más incomprendidas, tanto por quienes las ocupan como por quienes votan por ellas.
Ahí está, en buena medida, el origen del problema.
Quienes se postulan para estos cargos, en muchos casos, desconocen profundamente su función. Y quienes votan, tampoco tienen claridad sobre qué exigirles. Se genera entonces una relación perversa: el político ofrece lo que no debe ofrecer, y el ciudadano termina esperando lo que no debería esperar.
Mientras tanto, las verdaderas necesidades permanecen intactas.
Una ciudad no se construye con discursos ni con entregas simbólicas. Se construye con servicios públicos eficientes: agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado, seguridad, recolección de basura, planeación urbana. Un estado no se sostiene con promesas, sino con instituciones que funcionen.
Pero esos temas, que deberían ser el eje de la acción pública, quedan relegados frente a la lógica electoral de corto plazo.
Pasan tres años —el periodo típico de muchos cargos— y, en lugar de evaluar resultados, comienza la siguiente carrera. No hacia la rendición de cuentas, sino hacia el siguiente puesto. El legislador que no terminó de legislar ya busca otra candidatura; el regidor que no deliberó ya aspira a otro cargo; el síndico que no vigiló ya proyecta su siguiente movimiento.
No hay continuidad institucional, pero sí continuidad ambicional.
Y en ese tránsito, lo público se convierte en plataforma personal.
Podríamos llamarlos de muchas formas, pero quizás una definición más precisa sería esta: profesionales de la candidatura, especialistas en la permanencia sin resultado. No construyen instituciones; construyen trayectorias. No responden a una función; responden a una aspiración constante de ascenso.
En ese contexto, el "Plan B" resulta insuficiente porque no toca este problema de fondo. Reduce el número de regidores, impone límites salariales, ajusta presupuestos, pero no redefine la lógica de la representación. No corrige la distorsión funcional de los cargos públicos.
Y, sin embargo, la discusión debería ir en otro sentido.
Deberíamos preguntarnos, por ejemplo, por qué los regidores siguen siendo electos en planilla, subordinados al resultado del alcalde, en lugar de ser votados individualmente por la ciudadanía. O por qué el síndico no es elegido de manera independiente, garantizando su autonomía. O por qué no se establecen mecanismos claros para impedir que los legisladores utilicen recursos públicos con fines de promoción personal.
Existen modelos comparados que demuestran que otra forma de representación es posible. Sistemas donde los concejales responden directamente a distritos, donde la rendición de cuentas es inmediata y donde la función pública no se diluye en la ambigüedad.
Ese podría ser el punto de partida de un verdadero "Plan C".
Un modelo donde cada cargo tenga una función clara, donde cada representante sea evaluado por su desempeño y no por su capacidad de gestión clientelar, donde la ciudadanía sepa qué exigir y a quién exigirlo.
Porque al final, la democracia no se mide por cuánto se gasta, sino por qué tan bien se gobierna.
Y hoy, el problema no es solo que gastemos mal.
Es que, en muchos casos, ni siquiera sabemos para qué se gobierna.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente inicio de semana lector@s.
* _El columnista es abogado, académico y analista político, autor de: Un país imaginario y Tras las cortinas del poder. Escribe todos los martes y viernes, su columna, Cambio de ritmo._