Los impecables: Baja California merece más que un nombre conocido
Columna de opinión | Isidro Aguado
"Baja California no empieza en la línea. Empieza en la decisión de quién la representa".
Había una vez un rey —así comienza Platón el diálogo de La República— que buscaba al hombre justo para gobernar su ciudad. No al más rico, no al más conocido, no al que llevaba más tiempo esperando su turno. Buscaba al más capaz, al más virtuoso, al que entendiera que gobernar no es un privilegio sino una carga que se acepta por convicción y se ejerce con honestidad. Dos mil cuatrocientos años después, Baja California está a punto de hacer exactamente el mismo ejercicio. Y la pregunta de Platón sigue sin una respuesta fácil.
Baja California no es un estado cualquiera. Es la frontera más dinámica del mundo, el punto donde México le da la cara al país más poderoso del planeta. Por las garitas de Tijuana y San Ysidro cruzan cerca de 300 mil personas diariamente, lo que convierte a este corredor fronterizo en el más transitado del planeta. Casi 200 mil personas cruzan cada día desde Baja California hacia Estados Unidos por trabajo, estudio o familia. El estado genera exportaciones por más de 60 mil millones de dólares anuales, alberga una industria maquiladora que emplea a cientos de miles de trabajadores y recibe inversión extranjera directa de manera sostenida. La actividad económica del estado en el tercer trimestre de 2025 ubicó a Baja California en la posición nacional número 14, con una variación anual que refleja los efectos de la incertidumbre comercial bilateral. Aquí se fabrican instrumentos médicos, pantallas, autopartes y tecnología que viaja al mundo. Y aquí también hay colonias sin agua potable, hospitales rebasados, calles que se convierten en ríos con la primera lluvia y una inseguridad que no da tregua en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate ni Rosarito.
Esta es la entidad que en 2027 elegirá un nuevo gobernador o gobernadora. Y el proceso ya comenzó, aunque todavía no suene a campaña formal. Porque en México —y en Baja California en particular— la política no espera convocatorias. Se mueve antes, en reuniones de alcaldes, en bardas publicitarias que aparecen sin que nadie las haya autorizado, en encuestas que se publican con más frecuencia que las noticias. El tablero se está acomodando y vale la pena examinarlo con cuidado, porque de lo que decidamos en 2027 dependerá mucho de lo que Baja California sea en la siguiente década.
Todos los perfiles que hoy suenan con fuerza pertenecen al mismo color: Morena. Eso no es casualidad. La intención de voto de Morena en Baja California mantiene una ventaja de dos a uno sobre su competidor más cercano, lo que sugiere que la competencia real de 2027 podría decidirse más en la encuesta interna del partido que en la elección constitucional. Dicho de otra manera: quien gane la interna de Morena, probablemente gobernará el estado. Ese es el peso específico del partido en este momento. Y ese es precisamente el poder que tiene la ciudadanía bajacaliforniana para exigir que el perfil que salga de esa encuesta sea, de verdad, impecable. Porque Ariadna Montiel, nueva dirigente nacional de Morena, lo prometió públicamente en el Congreso Nacional del partido: los candidatos para las 17 gubernaturas de 2027 deberán tener trayectorias "impecables", y quien sea detectado con actos de corrupción no tendrá candidatura, aunque haya ganado la encuesta. "La honestidad es un mandato ético que no admite excepciones", dijo. Son palabras que ahora habrá que medir contra los hechos. Repasemos entonces a quienes se perfilan, porque el ciudadano merece conocerlos con nombre, cargo y antecedentes, no solo con eslogan de campaña.
Evangelina Moreno Guerra es diputada federal con licencia por Baja California, reelegida en el cargo de 2024 a 2027, con una trayectoria que inició en el INEGI, el IFE y el Instituto Estatal Electoral en los años noventa, pasando por el PRD antes de sumarse a Morena. El 1 de mayo de 2026 confirmó su intención de buscar la gubernatura y solicitó licencia a su curul atendiendo, según explicó, una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum de separarse del cargo para competir en igualdad de condiciones. Durante su paso legislativo impulsó reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles, la agenda de erradicación del asbesto y gestiones concretas como recursos para el Hospital General Regional 23 del IMSS en Ensenada. Es la única aspirante que formalizó su separación del cargo antes de que se emitiera la convocatoria. Eso, en el vocabulario político, se llama congruencia.
Alfredo Álvarez Cárdenas fue hasta abril de 2026 el Secretario General de Gobierno de Baja California, convirtiéndose en el primer funcionario del gabinete estatal en renunciar al cargo para competir por la gubernatura en 2027. Es abogado con posgrado en administración pública, fue agregado diplomático en la Embajada de México en los Países Bajos y ha ocupado cargos en el Poder Judicial, la Consejería Jurídica y la gestión cultural y educativa. Es el perfil más institucional y con mayor diversidad de experiencia en la lista. No carga señalamientos públicos conocidos. Su debilidad es el reconocimiento ciudadano: las encuestas lo ubican en un tercer lugar distante, lo que en la lógica morenista de la encuesta interna puede ser determinante.
Ismael Burgueño Ruiz es el actual alcalde de Tijuana para el período 2024-2027, miembro fundador de Morena en Baja California y el perfil más conocido entre la ciudadanía según diversas encuestas, con hasta 31 por ciento de preferencia en algunas mediciones internas. Llegó a la alcaldía con la votación más alta en la historia del municipio. Sin embargo, la Fiscalía General de la República inició en noviembre de 2025 una investigación en su contra por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y fue requerido para comparecer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, a lo que no acudió. Ese expediente no ha desaparecido. Y en un estado que exige trayectorias impecables, esa sombra pesa.
Julieta Ramírez Padilla es senadora de Morena por Baja California para el período 2024-2030, licenciada en Derecho por la UABC con maestría en Administración Pública y estudios en la Universidad Complutense de Madrid y la UNAM. Lidera la mayoría de las encuestas internas con márgenes importantes. Su nombre ha estado vinculado a señalamientos por presuntas irregularidades como desvío de recursos públicos, uso electoral de programas sociales y nepotismo, aunque no hay procesos formales en su contra. También se vio envuelta en una controversia cuando circularon versiones sobre el retiro de su visa para ingresar a Estados Unidos, que ella desmintió públicamente con una transmisión en vivo desde una tienda en San Diego. En política, las aclaraciones a veces generan más preguntas que respuestas.
Jesús Alejandro Ruiz Uribe es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid y fue durante casi siete años el delegado único federal de Programas para el Bienestar en Baja California, cargo que ocupó desde el gobierno de López Obrador y que fue ratificado al inicio del gobierno de Sheinbaum, hasta su renuncia en septiembre de 2025. Ruiz Uribe fue también diputado local y presidente del PRD en Baja California de 2004 a 2007 antes de sumarse a Morena. Su trayectoria tiene peso institucional, pero carga con señalamientos sobre el uso de la delegación como plataforma de precampaña — incluyendo una denuncia interpuesta por Movimiento Ciudadano ante el Instituto Estatal Electoral por propaganda anticipada con su apellido — y una salida del cargo que analistas locales califican más como destitución que como renuncia voluntaria.
Fernando Castro Trenti es diputado federal de Morena por representación proporcional en la LXVI Legislatura, con licencia desde abril de 2026 para recorrer el estado con aspiraciones a la gubernatura. Su trayectoria es extensa: diputado local, senador de la República de 2006 a 2012, embajador de México ante Argentina y ante Suiza entre 2014 y 2018. Sin embargo, su llegada a Morena se produjo en 2017 después de haber sido candidato al gobierno de Baja California por el PRI en 2013, lo que en los círculos del movimiento genera desconfianza sobre la profundidad de su convicción ideológica. Su regreso al estado es visto por analistas locales más como una jugada de posicionamiento estratégico a nivel nacional que como una candidatura con consenso territorial real.
Armando Ayala Robles es senador de la República por Baja California desde el 1 de septiembre de 2024, habiendo sido alcalde de Ensenada durante dos períodos consecutivos, de 2019 a 2024. Su paso por la alcaldía ensenadense dejó una herencia cuestionada: el PAN presentó una querella ante la FGR por presunto peculado durante su administración municipal, basada en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que señalan falta de comprobación de recursos por más de 120 millones de pesos, así como contratos y obras sin respaldo contable. El propio Ayala fue captado en campaña para el Senado paseando en limusina por la zona turística de Ensenada, en contradicción con el discurso de austeridad republicana.
Quien recibió esa herencia municipal es Claudia Agatón, actual alcaldesa de Ensenada, quien asumió el cargo enfrentando desde el primer día una situación financiera comprometida y señalamientos sobre el estado en que recibió las finanzas municipales. Su gestión actual es la de quien administra lo que otros dejaron, lo que la coloca en una posición política compleja: tiene el cargo pero también la factura de la administración anterior. Cada uno de estos perfiles representa una red territorial y una apuesta, pero también un expediente que el ciudadano tiene derecho a conocer antes de decidir.
La pregunta que emerge con honestidad al revisar esta lista no es quién va arriba en las encuestas. Es quién puede gobernar Baja California con la altura que el estado requiere. Porque gobernar este estado en 2027 implica negociar con Washington la agenda fronteriza en un contexto de aranceles y presión migratoria, gestionar una zona metropolitana transfronteriza de más de cinco millones de habitantes que comparte infraestructura, economía y familia con San Diego, resolver el déficit de agua que amenaza el crecimiento de Tijuana y Mexicali, atender la crisis de seguridad sin ceder autonomía institucional, y administrar recursos federales que en el presupuesto de 2023 sumaron más de 140 mil millones de pesos para el estado, distribuidos en desarrollo social, obras de infraestructura y participaciones municipales.
Si aplicamos el filtro que la propia Ariadna Montiel prometió — trayectoria impecable, sin corrupción, compromiso real con el pueblo — el ejercicio se reduce. Y si a ese filtro le añadimos el de Platón — capacidad, honestidad y vocación de servicio por encima del derecho de turno — la reducción es aún mayor. De los perfiles mencionados, dos emergen con mayor solidez en ese tamiz: Alfredo Álvarez Cárdenas y Evangelina Moreno Guerra. El primero por su experiencia institucional, su perfil técnico y la ausencia de señalamientos públicos. La segunda por su congruencia demostrada en actos concretos: separarse anticipadamente del cargo, impulsar una agenda legislativa enfocada en derechos sociales y construir una trayectoria política que comenzó desde abajo, en las trincheras del trabajo electoral y comunitario de los años noventa. Entre los dos, si el criterio es el perfil más limpio con mayor arraigo territorial y vocación ciudadana comprobada, Evangelina Moreno Guerra cierra la lista como la opción más impecable del abanico morenista.
Pero esto es Morena, y ya sabemos cómo juega Morena. La encuesta interna es el mecanismo, pero los mecanismos tienen operadores. La historia reciente del partido en todo el país muestra que quien gana la encuesta no siempre es quien más méritos tiene, sino quien mejor construyó su estructura territorial y quien cuenta con los apoyos correctos en los lugares correctos. El ciudadano puede opinar, pero la decisión final tiene muchas capas.
Y luego está la oposición. Porque todo Baja California sabe que si hay una coalición entre el PAN, el Partido Encuentro Solidario y Movimiento Ciudadano, el apellido que encabezará esa alianza ya circula en los corrillos políticos con suficiente fuerza como para no necesitar confirmación pública todavía. La oposición tiene músculo financiero y estructura territorial. Lo que no tiene, por ahora, es un argumento moral renovado. El PAN gobernó el estado durante 30 años seguidos — de 1989 a 2019 — y su legado incluye avances reales, pero también corrupción documentada, contratos cuestionados y una desconexión progresiva con las necesidades de los municipios más alejados del corredor Tijuana-Mexicali. Llegar a 2027 diciendo "somos la alternativa" requiere algo más que un nombre reconocido y una alianza bien financiada. Requiere explicar qué cambió. En cuanto al PRI, el partido que gobernó México durante 71 años y que en Baja California fue la fuerza dominante antes de la alternancia de 1989, hoy es una sombra de lo que fue. Su presencia electoral en el estado es marginal, sus estructuras están desarticuladas y su marca arrastra el peso de décadas de corrupción institucionalizada que el propio electorado sancionó en las urnas de manera sostenida desde 2018. Una alianza con el tricolor en estas condiciones no suma votos: resta credibilidad. Y en el horizonte político nacional, no sería exagerado preguntarse si estamos ante los últimos años de un partido que alguna vez fue el eje de la vida política mexicana y que hoy busca sobrevivir elección tras elección sin una razón clara para existir. Los partidos, como las instituciones, mueren cuando pierden su propósito. El PRI lleva ya varios años buscando el suyo.
El problema estructural que subyace a todo esto no es partidista: es sistémico. Ser candidato de un partido grande en México implica pasar por un proceso de selección que premia la lealtad al jefe político, la capacidad de movilizar recursos y la disposición a negociar con los poderes fácticos del territorio. El mérito, la trayectoria limpia y la vocación de servicio son virtudes que se mencionan en los discursos de arranque de campaña y se olvidan antes del primero de enero del primer año de gobierno. Como señala el politólogo Jorge Buendía, México tiene elecciones competitivas pero carece de rendición de cuentas efectiva. Se puede cambiar de partido gobernante sin cambiar la cultura del poder. Y mientras eso no cambie, la encuesta seguirá siendo el recurso favorito del político con estructura, no del ciudadano con criterio.
Platón escribió que el gobernante ideal no es quien quiere el poder, sino quien lo acepta como una obligación hacia los demás. Baja California necesita exactamente eso: alguien que entienda que gobernar este estado desde Tijuana — la primera ciudad de México, la esquina de América Latina, el lugar donde 300 mil personas cruzan cada día entre dos mundos — no es un premio ni un turno que se espera. Es una responsabilidad que se merece con hechos, no con bardas. No queremos un representante resentido. No queremos uno que diga "ya me toca".
No queremos uno que llegue al cargo con una investigación en el cajón o con un expediente guardado en Washington. Queremos uno — o una — que haya demostrado, antes de llegar, que sabe a qué viene. Ustedes, mis estimad@s lectoras y lectores, tienen la última palabra. Y en 2027, también el voto.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente fin de semana lector@s.
El columnista es abogado, académico y analista político, autor de: Un país imaginario y Tras las cortinas del poder. Escribe todos los martes y viernes, su columna, Cambio de ritmo.