El maestro que México no merece
"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo."
— Nelson Mandela
Por: Isidro Aguado
Hay una escena que se repite cada mañana en millones de hogares mexicanos y que nadie parece ver con suficiente claridad. Un hombre o una mujer se levanta antes de las seis, prepara su material de clase, toma un transporte público durante cuarenta minutos o más, entra a un salón con cuarenta alumnos, sin internet funcional, con pupitres desportillados y un pizarrón que lleva años sin actualizarse, y pasa las siguientes seis horas intentando construir el futuro de un país que no ha decidido si la educación es realmente su prioridad. Al final del mes, ese hombre o esa mujer recibe entre seis mil y ocho mil pesos. Menos que el salario mínimo promedio en algunos estados. Menos de lo que cuesta una sola mensualidad en cualquier colegio privado de nivel medio en las ciudades del país. Esa es la fotografía real de la docencia en México en 2026, y es una fotografía que debería avergonzarnos.
La semana pasada, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, desencadenó una de las polémicas educativas más reveladoras de los últimos años al anunciar el adelanto del cierre del ciclo escolar 2025-2026, justificado en parte por el calendario del Mundial de futbol y las condiciones climáticas de algunas regiones. La reacción fue inmediata y transversal: padres de familia, docentes, académicos y hasta la propia presidenta Claudia Sheinbaum se desmarcaron de la decisión. La SEP terminó dando marcha atrás. Pero más allá de la anécdota política, el episodio reveló algo mucho más profundo: en México, la educación es el sector donde las decisiones más trascendentes se toman con la menor consulta, el menor rigor técnico y el menor respeto por quienes la sostienen día a día: los maestros.
El diagnóstico educativo de México en 2026 no deja espacio para la complacencia. Los indicadores de la UNESCO son contundentes: más del 60 por ciento de los estudiantes de educación básica no alcanza el nivel esperado en comprensión lectora, y siete de cada diez escuelas del país carecen de conectividad a internet y equipos de cómputo suficientes. Mientras Chile, Uruguay y Costa Rica conectan la práctica totalidad de sus planteles escolares, México sigue atrapado en una brecha tecnológica que no es accidental: es el resultado de décadas de inversión insuficiente disfrazada de discurso prioritario. El presupuesto educativo crece en términos nominales, pero los resultados no siguen la misma dirección. Más dinero sin estrategia no construye educación de calidad; construye burocracia con mejor presupuesto.
El pedagogo brasileño Paulo Freire, en su obra Pedagogía del oprimido, señaló que los sistemas educativos que fracasan no lo hacen por falta de recursos, sino por falta de voluntad política genuina para transformar las relaciones de poder que los sostienen. En México, esa reflexión es incómoda porque apunta directamente a una contradicción estructural: el Estado mexicano declara que la educación es su prioridad, pero trata a sus educadores como trabajadores de segunda categoría.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2025, los más de un millón quinientos cincuenta y cinco mil maestros en México percibieron salarios promedio mensuales que van desde los seis mil hasta los ocho mil pesos, dependiendo del nivel educativo y la entidad federativa. Para contextualizar esa cifra: el salario mínimo mensual en 2026 es de 9 mil 582 pesos. Es decir, hay docentes en México que ganan menos que el piso salarial establecido para cualquier trabajador del país. Un país que paga a sus maestros menos que a un vigilante de estacionamiento no está apostando por la educación. Está apostando por la retórica de la educación.
La brecha salarial dentro del propio sistema es igualmente reveladora. En México existen dos mundos laborales para los docentes: el sistema público, donde una plaza SEP puede garantizar ingresos superiores a 16 mil pesos con prestaciones, y el sector privado, donde el sueldo promedio reportado por maestros de primaria es de apenas 7 mil 20 pesos mensuales, cifra que cae porque muchas escuelas pequeñas pagan por hora o a medio tiempo sin prestaciones completas. La ironía es perfecta: los maestros que trabajan en el sector privado —supuestamente el de mayor calidad educativa— son, en muchos casos, los peor pagados del sistema. La calidad que se le vende a las familias que pagan colegiaturas no siempre llega al bolsillo del docente que la imparte.
Y hablando de colegiaturas: ahí reside, quizás, la fractura más obscena del sistema educativo mexicano. La participación del sector privado representa solo el 11 por ciento del total de la matrícula nacional, cifra inferior al promedio latinoamericano del 20 por ciento, según datos de la ONU. Ese once por ciento no es una estadística neutral: es el retrato de quiénes pueden pagarlo. Un hogar de clase alta, que representa apenas el 1.2 por ciento de la población, percibe ingresos mensuales de 77 mil 975 pesos en promedio; uno de clase media, el 42.2 por ciento de los hogares, recibe 22 mil 297 pesos; y uno del estrato bajo, que comprende el 56.6 por ciento de la población, sobrevive con 11 mil 343 pesos al mes. Frente a esos números, las escuelas privadas premium en las principales ciudades del país tienen colegiaturas superiores a 15 mil pesos mensuales, con infraestructura de primer nivel, programas internacionales y atención personalizada. La pregunta se responde sola: ¿cuántas familias mexicanas pueden costear eso? La respuesta es: las mismas que siempre han podido costear todo en este país.
La educación privada tiene ventajas reales e innegables: grupos más pequeños, mayor inversión en tecnología, programas bilingües, continuidad pedagógica y, en los mejores casos, docentes mejor capacitados y con condiciones laborales más dignas. Nadie debería negarlas. Pero confundir la solución individual con la solución sistémica es el error más costoso que puede cometer una política educativa. La escuela privada es la respuesta de quien puede pagarla. La escuela pública es la respuesta de todos los demás. Y en un país donde el 56.6 por ciento de los hogares vive con once mil pesos al mes, la calidad de la escuela pública no es una opción académica: es una cuestión de justicia social.
El sociólogo francés Pierre Bourdieu demostró en La reproducción que los sistemas educativos no son mecanismos de movilidad social: son mecanismos de reproducción de las desigualdades existentes. En México, esa tesis se verifica con una puntualidad casi obscena. El niño que nace en una colonia popular de Tijuana, de Culiacán o de Oaxaca, accede a una escuela sin internet, con un maestro mal pagado y con libros de texto que el propio secretario de Educación calificó esta semana de residuos de una "visión tecnocrática". El niño que nace en una familia de clase media-alta en Polanco, en San Pedro Garza García o en Zapopan accede a un colegio bilingüe con laboratorio de robótica y maestros certificados internacionalmente. Los dos niños tienen el mismo artículo 3 constitucional. Solo uno tiene la misma oportunidad real de ejercerlo.
El debate sobre el calendario escolar que protagonizó Delgado esta semana es, en el fondo, un debate sobre qué concepción de educación tiene el Estado mexicano. El secretario señaló que el tiempo sin propósito pedagógico desnaturaliza la labor docente, y en eso tiene razón. Pero el problema no es el calendario. El problema es que México tiene maestros que cobran menos que un salario mínimo, escuelas sin conectividad, programas que se modifican sin consultar al magisterio y una política educativa que, con demasiada frecuencia, parece diseñada para los discursos de apertura de ciclo y no para los salones reales donde ocurre —o deja de ocurrir— el aprendizaje.
El maestro mexicano merece algo más que el reconocimiento del 15 de mayo. Merece un salario digno que refleje la complejidad y la importancia de su función. Merece formación continua financiada por el Estado, no a costa de su bolsillo. Merece autonomía pedagógica real, no libros de texto ideologizados y calendarios decididos desde un escritorio en la Ciudad de México sin consultar a quienes trabajan en las aulas de Chiapas, de Baja California o de Guerrero. Y merece, sobre todo, un país que entienda que ninguna reforma educativa, ningún programa de becas y ningún discurso de transformación tiene sentido si la persona que está frente al grupo llega al aula cargando la frustración de no llegar a fin de mes.
La UNESCO lo dijo hace años y lo sigue diciendo: la variable que más determina la calidad educativa de un sistema no es la infraestructura, no es el currículo y no es el gasto por alumno. Es la calidad y las condiciones de trabajo del docente. México lleva décadas leyendo ese diagnóstico y décadas ignorándolo. El costo de esa indiferencia no se mide en puntos porcentuales de las pruebas PISA. Se mide en generaciones enteras que llegaron a la vida adulta sin las herramientas para transformar la suya.
Un país que no invierte en sus maestros no está invirtiendo en su futuro. Está apostando a que el futuro no llegue.