Después del estruendo: poder, soberanía y el deber del Estado
_"El Estado es aquella comunidad humana que reclama para sí el monopolio legítimo de la violencia."_
— Max Weber
Por Isidro Aguado Santacruz
Hace unos días sostuve una conversación con un colega especializado en seguridad nacional. Coincidíamos en algo esencial: los grandes golpes contra estructuras criminales no deben analizarse desde la euforia momentánea ni desde la consigna partidista, sino desde la historia y la estructura. La caída de un líder puede representar un punto de inflexión, pero también puede convertirse en un episodio más si no se transforma el fondo del problema.
La operación que culminó con la neutralización de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", constituye un acontecimiento de alto impacto político y simbólico. Durante años fue considerado uno de los principales articuladores de violencia en el hemisferio. Su detención y muerte no son un hecho menor. Sin embargo, la magnitud del personaje no debe eclipsar las preguntas centrales: ¿qué significa realmente este suceso para el Estado mexicano?, ¿qué estrategia de seguridad se consolida a partir de ahora?, ¿estamos frente a un cambio estructural o ante una acción aislada de gran resonancia mediática?
Lo primero que se advierte es el abandono definitivo de una narrativa que privilegiaba la contención discursiva sobre la confrontación operativa. La política implementada en el sexenio anterior, centrada en atender causas sociales bajo la premisa de reducir el enfrentamiento directo, partía de un diagnóstico parcialmente correcto: la violencia encuentra terreno fértil en contextos de pobreza, fragmentación familiar y ausencia de oportunidades. No obstante, en su ejecución dejó espacios que ciertas organizaciones aprovecharon para expandirse territorial y financieramente.
El operativo reciente envía un mensaje claro: el Estado está dispuesto a ejercer su monopolio legítimo de la fuerza. Pero ejercer la fuerza no equivale a resolver el fenómeno. Desde 2007, cuando se intensificó la ofensiva contra los cárteles, México ha observado un patrón recurrente: la captura o muerte de un líder no desmantela automáticamente la organización; muchas veces la fragmenta. La violencia no desaparece, se redistribuye.
La reacción coordinada registrada en diversas regiones del país tras la operación —bloqueos carreteros, incendios, ataques a infraestructura— evidenció la capacidad logística y territorial de estas estructuras. Cuando un grupo criminal puede alterar la vida cotidiana en amplias zonas del territorio nacional, la discusión trasciende lo policial y se convierte en un asunto de soberanía efectiva.
En este contexto, el papel de las Fuerzas Armadas requiere un análisis sereno. El soldado mexicano no es un actor político ni un vengador; es un servidor público armado cuya función constitucional es proteger a la población y preservar el orden jurídico. Su formación se sustenta en disciplina, subordinación al poder civil y respeto a la legalidad. Quienes participaron en el operativo lo hicieron bajo esa lógica institucional.
En medio del debate estratégico y político, no debe diluirse el costo humano. Varios elementos de las Fuerzas Armadas perdieron la vida en cumplimiento del deber. A sus familias les corresponde hoy una ausencia irreparable; a la Nación, el reconocimiento y la gratitud. El soldado cumple la ley para proteger a los demás, incluso antes que a los suyos. A ellos, respeto y pésame. Su sacrificio obliga al Estado a estar a la altura de lo que exige este momento histórico.
El componente político del episodio tampoco puede ignorarse. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, emerge fortalecido en la narrativa pública. En un país donde la seguridad ocupa el centro de la preocupación ciudadana, la conducción de operativos de alto impacto proyecta liderazgo. No sería extraño que, con el paso de los años, su figura se consolide como referente nacional e incluso como eventual aspirante a mayores responsabilidades. Así ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia: la gestión eficaz de crisis redefine trayectorias políticas.
Sin embargo, reducir el acontecimiento a la disputa por el mérito sería trivial. El verdadero desafío es estructural. Ninguna estrategia exclusivamente militar resolverá el fenómeno criminal. Tampoco bastan transferencias económicas aisladas para revertir trayectorias de exclusión profundamente arraigadas. La experiencia comparada muestra que la seguridad sostenible descansa sobre tres pilares: Estado de derecho sólido, crecimiento económico incluyente y educación de calidad.
La paz no es únicamente la ausencia de disparos; es la presencia de oportunidades reales. Mientras amplios sectores juveniles carezcan de horizontes laborales dignos y de referentes comunitarios sólidos, el atractivo del ingreso inmediato que ofrece el crimen seguirá siendo tentador. Por ello, la política de seguridad debe articularse con una política educativa ambiciosa que dignifique al magisterio, fortalezca la formación cívica y la desvincule de intereses corporativos que distorsionan su misión esencial.
El episodio reciente puede convertirse en el inicio de una reconfiguración estratégica o en un capítulo más dentro de un ciclo prolongado de violencia. La diferencia no la marcará la espectacularidad del operativo, sino la profundidad de las reformas que lo acompañen: inteligencia financiera eficaz, fortalecimiento ministerial, combate frontal al lavado de dinero y reconstrucción del tejido social.
Hoy corresponde reconocer la acción del Estado y, al mismo tiempo, exigir visión de largo plazo. Honrar a los soldados caídos implica algo más que palabras: implica construir un país donde su sacrificio no sea en vano. Si no sembramos ahora en la formación integral de nuestras nuevas generaciones, seguiremos cosechando violencia.
El estruendo de un operativo puede marcar un momento; la solidez de las instituciones marcará el futuro.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente inicio de semana lector@s.
*_El columnista es académico y analista político, autor de: Un país imaginario y Tras las cortinas del poder. Escribe todos los martes y viernes, su columna, Cambio de ritmo._