23/10/2026 21:21 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 23/10/2026
"El patriotismo es el último refugio de los canallas"
— Samuel Johnson, (1791).
Hay palabras que en México tienen una curiosa propiedad: cuando las pronuncia un ciudadano, parecen una opinión; cuando las pronuncia un político, se convierten en una acusación; y cuando las pronuncia un adversario, adquieren de inmediato dimensiones históricas. «Traición a la patria» es una de ellas. Basta decirla en una conferencia de prensa para que aparezcan banderas, retratos de héroes, discursos sobre la soberanía y un grupo de personas dispuestas a señalar al culpable antes de que termine la pregunta.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 39 que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. La frase es contundente: el poder público tiene su origen en la ciudadanía, no en la voluntad particular de un gobernante ni en las instrucciones de una potencia extranjera. Sin embargo, para determinar cuándo una conducta constituye legalmente traición a la patria debemos acudir al artículo 123 del Código Penal Federal, que contempla actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación, así como determinadas formas de colaboración con Estados extranjeros que puedan perjudicar a México. No cualquier desacuerdo político, declaración desafortunada o reunión con un extranjero constituye ese delito. En materia penal, las palabras deben probarse.
La precisión parece necesaria porque últimamente la patria anda muy solicitada. Unos la invocan para denunciar la injerencia extranjera; otros, para exigir que intervengan gobiernos extranjeros. Unos consideran que cooperar con una agencia estadounidense constituye una amenaza a la soberanía; otros sostienen que esa cooperación es indispensable para combatir al crimen organizado. Todos parecen tener una idea muy clara de cómo defender a México, aunque no siempre coincidan en qué significa hacerlo.
El caso de Chihuahua ha devuelto la discusión al centro de la conversación pública. La presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en un operativo contra un laboratorio de drogas, así como las circunstancias en que se habría desarrollado esa colaboración, provocaron una investigación federal. El exfiscal César Jáuregui fue detenido y señalado por presunta traición a la patria, mientras él negó haber intervenido en las decisiones que se le atribuyen. La investigación debe establecer responsabilidades individuales a partir de pruebas, no de simpatías partidistas ni de la conveniencia de encontrar rápidamente a un culpable.
El asunto tiene una importancia que rebasa los nombres de los funcionarios involucrados. México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, comercio y migración. Esa relación puede ser necesaria, pero no convierte a ambos países en una sola autoridad ni elimina la obligación de respetar nuestras leyes. Cooperar no significa entregar facultades soberanas; combatir al narcotráfico no significa aceptar cualquier procedimiento; y defender la soberanía tampoco significa cerrar los ojos ante una amenaza que cruza la frontera.
La pregunta, entonces, no consiste en determinar qué partido pronuncia con mayor entusiasmo la palabra patria, sino en saber quién tomó las decisiones, qué facultades tenía, qué autorizaciones existieron y si se respetó el marco jurídico. Una investigación seria necesita documentos, testimonios, registros y una reconstrucción verificable de los hechos. Necesita también algo que suele escasear en la discusión política: paciencia para esperar las pruebas.
Porque existe una diferencia considerable entre llamar traidor a alguien y demostrar que cometió traición a la patria. La primera actividad puede realizarse desde un micrófono, una tribuna o un teléfono celular. La segunda exige un proceso legal, pruebas suficientes y una resolución judicial. Confundir ambas cosas es una manera de sustituir la justicia por el espectáculo, que tiene la ventaja de ser más rápido, aunque rara vez sea más preciso.
Pero el problema también merece una pregunta menos jurídica y más incómoda: ¿qué significa traicionar a nuestra patria?
¿Es únicamente colaborar con un gobierno extranjero contra los intereses nacionales? En términos penales, el delito tiene elementos específicos que deben acreditarse. En términos cívicos, sin embargo, la traición puede adoptar formas que no siempre caben en una carpeta de investigación. Un funcionario traiciona la confianza pública cuando utiliza su cargo para enriquecerse; una autoridad debilita al país cuando protege intereses criminales; un gobernante falta a su responsabilidad cuando oculta información que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Esas conductas no constituyen automáticamente traición a la patria en sentido jurídico, pero sí plantean preguntas legítimas sobre la lealtad al servicio público.
También hay una forma de traición menos espectacular: acostumbrarnos a que las instituciones funcionen mal, a que la corrupción se convierta en paisaje y a que las leyes se invoquen con entusiasmo contra los adversarios y con indulgencia frente a los aliados. No hace falta una bandera extranjera para perjudicar a un país. A veces basta con una firma, un contrato arreglado o una investigación que nunca llega a ninguna parte.
La patria, conviene recordarlo, no pertenece al gobierno en turno. Tampoco es propiedad de un partido, una familia política o un grupo de empresarios. Es una comunidad de personas que comparten instituciones, derechos, obligaciones e historia, incluso cuando discrepan profundamente sobre el rumbo que debe seguir el país. Por eso la soberanía no se defiende únicamente pronunciando discursos contra el extranjero: también se defiende construyendo instituciones capaces de investigar a cualquier funcionario, sin importar su cargo o sus amistades.
Si se acredita que alguien vulneró la soberanía mexicana y cometió un delito, debe responder conforme a la ley. Si las pruebas no lo demuestran, la acusación no puede convertirse en condena anticipada. Ninguna de las dos posibilidades debiera depender de los colores partidistas del investigado.
Al final, quizá la pregunta más importante no sea quién tiene derecho a repartir certificados de patriotismo. Sería demasiado sencillo. La pregunta es si hemos construido un país en el que la lealtad a México se mida por el respeto a sus leyes y a sus ciudadanos, y no por la habilidad para pronunciar la palabra patria frente a una cámara.
Porque México no necesita que sus políticos se declaren patriotas cada vez que encuentran un adversario. Necesita que actúen como servidores públicos incluso cuando nadie los está mirando.
Y si la patria es de todos, la obligación de defenderla también lo es. La diferencia consiste en que algunos lo hacen respetando la ley y otros parecen creer que basta con levantar la voz.
