La tentación del silencio

En México, donde la palabra ha sido históricamente un arma tanto de emancipación como de sometimiento, cada intento del poder por reglamentar el discurso debería encender nuestras alarmas.

La reciente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum es, a primera vista, una respuesta indignada —y hasta legítima— a un agravio: un anuncio antimigrante del gobierno de Estados Unidos transmitido en televisión abierta. Pero, como suele suceder en la política, lo urgente termina por disfrazar lo importante, y lo excepcional se convierte en norma.

La propuesta establece que ningún gobierno extranjero podrá contratar espacios en radio o televisión para emitir contenido político, ideológico o comercial, salvo que sea turístico o cultural. Y aunque la intención suena patriótica —proteger la soberanía nacional de influencias externas—, los mecanismos de control revelan una vocación distinta: concentrar en manos del Estado la capacidad de decidir qué puede decirse, quién puede decirlo y, lo más grave, a quién se puede sancionar si lo dicho no cuadra con la narrativa oficial.

La historia reciente nos ofrece un espejo incómodo. En tiempos del PRI hegemónico, la prensa escrita y la televisión eran brazos ideológicos del régimen. La libertad de expresión se permitía mientras no incomodara al poder. Cuando llegó el PAN, hubo una apertura mediática importante, pero sin el coraje de reformar de fondo la relación entre Estado y medios. Y hoy, Morena, la fuerza política que se presentó como una alternativa a ese pasado autoritario, parece fascinada por las herramientas de control que tanto criticó. ¿Por qué quienes ayer denunciaban la censura, hoy coquetean con ella?

La iniciativa castiga a concesionarios que infrinjan la nueva normativa con multas que oscilan entre el 2 y el 5% de sus ingresos. No es poca cosa. Es un garrote económico vestido de legalidad. Y no se limita a los medios tradicionales. Plataformas digitales, operadores de señales y cualquier programador cuyos contenidos estén disponibles en territorio mexicano quedarán sujetos al mismo escrutinio. ¿Quién definirá qué contenido es "ideológico" o "político"? ¿Qué instancia determinará si un mensaje turístico no contiene en el fondo una agenda más profunda? La ambigüedad es el primer síntoma del autoritarismo.

Algunos dirán que se exagera. Que no es censura, sino regulación. Que se busca proteger la narrativa nacional de injerencias extranjeras. Pero la historia de América Latina está poblada de regímenes que empezaron regulando y terminaron silenciando. En Venezuela, bajo Chávez, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión empezó con el pretexto de promover contenidos educativos y terminó cerrando emisoras críticas. En Nicaragua, Ortega justificó la intervención en medios digitales como una defensa de la soberanía y hoy el país se ha convertido en una tumba para la prensa libre. En Hungría, Orbán ha perfeccionado una maquinaria legal que ha vaciado de contenido a medios independientes, todo bajo marcos jurídicos impecablemente redactados.

México no es aún ninguno de esos países, pero la tentación de avanzar en esa dirección es evidente. Y más peligrosa resulta cuando se disfraza de bien común. Porque, ¿quién podría oponerse a impedir propaganda racista como la del anuncio de Trump? ¿Quién no desea defender la identidad nacional? Pero de la indignación legítima a la instrumentalización política hay un trecho breve y traicionero.

El debate, sin embargo, se empobrece si solo se queda en la denuncia. Es cierto: la oposición ha salido al paso con críticas encendidas, pero su indignación resulta selectiva. ¿Dónde estaban cuando tuvieron mayoría para construir un marco legal que verdaderamente protegiera la libertad digital, que promoviera la pluralidad sin dejar vacíos legales aprovechables? El PRI se atrincheró en su lógica clientelar. El PAN, temeroso del ruido mediático, prefirió mantener el statu quo. Y ahora Movimiento Ciudadano, deseoso de agradar a las nuevas generaciones, reduce su oferta política a campañas musicales y bailes en TikTok, como si gobernar fuera una coreografía y no un acto ético.

El artículo 109 de esta propuesta es particularmente alarmante: justifica el bloqueo de contenidos digitales. ¿Quién ejecutará ese poder? ¿La Secretaría de Gobernación? ¿Un nuevo órgano de vigilancia digital? ¿Una comisión "independiente" nombrada por el Ejecutivo? La libertad de expresión, tan difícil de conquistar y tan frágil cuando se institucionaliza, podría quedar subordinada a criterios ideológicos momentáneos.
En un país donde apenas el 45% de los hogares tiene acceso a internet de calidad y donde el 60% de la población se informa aún por televisión, controlar la radiodifusión y las redes es controlar la conciencia cívica. Y eso, en una democracia, debería ser impensable.

Lo que se necesita no es una ley que restrinja, sino una que libere. Una que promueva más voces, más narrativas, más disidencia. Porque sólo donde hay conflicto de ideas puede florecer la verdad. Y porque en una democracia auténtica, el gobierno no le teme al debate: lo cultiva.

Si algo hemos aprendido en este país es que las leyes pueden cambiar, pero las pulsiones del poder son persistentes. Hoy, bajo el pretexto de defender la patria, se busca domesticar la palabra. Y en ese intento, corremos el riesgo de perder no solo lo que decimos, sino la posibilidad de imaginar lo que aún no se ha dicho.

Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengas un excelente fin de semana lector.