Registro telefónico: seguridad, legalidad y ciudadanía

_"La vigilancia más eficaz no es la que se impone por la fuerza, sino la que se normaliza bajo la promesa de seguridad."_

Por Isidro Aguado*

Escuché la conversación casi al pasar, en una mesa vecina, mientras alguien bajaba la voz como si pronunciara una palabra prohibida: "nos van a vigilar a todos". El otro respondió con una mezcla de ironía y resignación: "¿y cuándo no?". No era una charla conspirativa ni un diálogo paranoico; era una conversación cotidiana, de esas que brotan cuando el poder entra —sin pedir permiso— a la vida privada. Ahí empezó todo. No con un decreto ni con un comunicado oficial, sino con el rumor, con la sospecha, con esa intuición colectiva de que algo se está moviendo en el delicado equilibrio entre seguridad y libertad.

Vivimos en la era de la huella permanente. Nuestros datos no solo existen: circulan, se cruzan, se enlazan. Antes de hablar del registro de líneas telefónicas, conviene decirlo sin rodeos: la mayoría de nosotros ya vive vinculado. Cuando pedimos un viaje en Uber o en Didi, cuando pagamos con tarjeta, cuando activamos una app bancaria, cuando aceptamos —sin leer— términos y condiciones, entregamos fragmentos de nuestra identidad. El teléfono móvil es solo el nodo más visible de una red que ya estaba tejida. La novedad no es el dato; es la obligatoriedad.

Desde enero de este año comenzó a correr el reloj. La nueva autoridad regulatoria en telecomunicaciones emitió lineamientos que obligan a asociar cada número telefónico con una persona identificable. No se trata, como muchos creyeron, de "ir a entregar la CURP" como si fuera una llave maestra del control estatal. La confusión nació del lenguaje técnico y de la desinformación. En realidad, el proceso exige alguno de tres documentos oficiales: credencial para votar, pasaporte o documento nacional de identidad. Todos contienen CURP, sí, pero no se pide el dato aislado, sino un documento que permita identificar de manera inequívoca a una persona real. El matiz importa, aunque en la conversación pública se haya perdido.

¿Por qué la distinción entre titular y usuario? Porque en el mundo real las líneas no siempre coinciden con quien las paga. Familias completas, empresas, despachos, comercios y corporativos operan con teléfonos asignados a terceros. El nuevo esquema obliga a reconocer esa realidad: no basta con saber a nombre de quién está la línea, sino quién la usa o, al menos, que el titular tenga registro claro de sus usuarios. Aplica tanto para personas físicas como morales. En un país donde miles de chips circulan sin rastro, la autoridad decidió cerrar esa grieta.

El argumento oficial es simple y, en apariencia, contundente: la venta y activación anónima de tarjetas SIM ha facilitado delitos como extorsión, fraude, acoso y secuestro. Todos conocemos a alguien —o lo hemos vivido— que recibió una llamada amenazante desde un número imposible de rastrear. La lógica es que, si el número está vinculado, la investigación penal puede avanzar: se pregunta al concesionario quién es el titular y se sigue la ruta conforme al código penal. No es un sueño autoritario; es un razonamiento funcional. El problema no es el fin, sino los medios y las garantías.

El procedimiento puede hacerse de forma presencial o remota. En ambos casos hay un elemento clave que desactiva uno de los temores más repetidos: nadie puede ir a registrar una línea a nombre de otro a la ligera. Existe lo que se llama "prueba de vida". Cámaras, grabaciones breves, validaciones biométricas, movimientos faciales. No es un trámite simbólico; es un proceso de autenticación. Y aun así, la inquietud persiste. No por ignorancia, sino por memoria histórica. En México, la confianza institucional no se decreta.

Hay otros detalles que pasaron casi inadvertidos. Por ejemplo, el límite general de diez líneas por persona física. Sin embargo, un transitorio poco comentado establece que quienes ya contaban con más de diez antes del inicio del registro quedan exceptuados. Es decir, no se criminaliza retrospectivamente una situación existente. También se prevé que, si pierdes el teléfono, debes denunciar y dar de baja la línea, cerrando el círculo de responsabilidad. Al corte de mediados de enero, más de dos millones de números ya estaban asociados. El plazo final vence el 30 de junio; a partir del 1 de julio comenzarán las suspensiones graduales.

Aquí aparece la dimensión más delicada: la coerción. En pospago, el servicio puede suspenderse, pero la obligación de pago sigue vigente hasta que termine el contrato. Es como guardar el celular en un cajón y seguir pagando por él. En prepago, la línea entra en un ciclo de muerte lenta: sin recargas, desaparece. El mensaje es claro: no es opcional. Y cuando el cumplimiento se impone por amenaza, la legitimidad se resiente.

Las reacciones sociales dibujan un mapa complejo. Hay escepticismo por la protección de datos y miedo a filtraciones. Hay temor a la suplantación de identidad y a que una línea vinculada se convierta en una carga penal injusta. Hay resignación: cumplir porque no hay alternativa. Hay frustración técnica por portales que fallan y centros de atención saturados. Y hay un riesgo real: estafadores que llaman fingiendo "ayudar" a vincular líneas para robar información. Paradójicamente, el caos inicial crea nuevas oportunidades delictivas.

El debate de fondo no es tecnológico, sino constitucional y filosófico. ¿Puede el Estado impulsar seguridad sin invadir la intimidad? ¿Quién custodia los datos y bajo qué controles? ¿Habrá acceso sin orden judicial? ¿Se está trasladando la carga de la ciberseguridad a empresas privadas sin supervisión suficiente? Estas preguntas no son exageraciones: son obligaciones democráticas. La historia demuestra que las medidas excepcionales tienden a normalizarse si no se les vigila.
Hay incluso una pausa simbólica: las líneas con roaming internacional quedarán fuera hasta después del Mundial de 2026. Un transitorio lo dice sin rodeos. La excepción revela algo incómodo: la flexibilidad existe cuando hay intereses económicos y políticos de por medio. Lo que hoy es inamovible, mañana puede ajustarse.

Al final, aquella conversación que escuché no tenía del todo razón ni estaba del todo equivocada. No es que "nos vayan a vigilar" de pronto; es que vivimos en un ecosistema donde la vigilancia ya es estructural, y cada nueva regulación redefine sus bordes. El reto no es negar la realidad, sino exigir reglas claras, límites precisos y responsabilidades compartidas. Cumplir, sí. Pero también preguntar, cuestionar y vigilar al vigilante. Porque una sociedad que renuncia a entender las normas que la rigen, tarde o temprano deja de ser ciudadana para convertirse solo en usuaria.

Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente fin de semana lector@s.

*_El columnista es académico y analista político, autor de: Un país imaginario y Tras las cortinas del poder. Escribe todos los martes y viernes, su columna, Cambio de ritmo._