por Ana Claudia Coutigno Ramírez
11/03/2026 07:17 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 11/03/2026
El 8 de marzo es una fecha que nos convoca a reflexionar sobre los espacios de interacción entre mujeres y hombres en nuestra sociedad. A propósito de esta conmemoración, es fundamental analizar la lucha histórica por la igualdad. Esta batalla por la justicia y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres suele verse desde lo público, pero hoy también desde lo privado. En esta columna me gustaría enfatizar en un obstáculo persistente: la violencia política contra las mujeres por razón de género.
Para comprender nuestra situación actual, propongo analizar esta reprobable manifestación desde dos perspectivas distintas pero complementarias. La primera tiene que ver con lo que sucede en el día a día de las campañas electorales, en el terreno donde se busca el triunfo en las urnas. La segunda perspectiva se refiere a las herramientas legales que hemos construido para frenar la violencia; reformas que son el resultado de una larga historia de resistencia y que finalmente se han plasmado en nuestras leyes federales y locales.
Si revisamos el aspecto legal, el 13 de abril de 2020 marcó un antes y un después en México: por primera vez se reformaron de manera simultánea ocho leyes federales, un hecho verdaderamente histórico. ¿Qué significó esto en la práctica? Primero, que por fin pudimos nombrar las acciones destinadas a frenar la participación política de las mujeres; segundo, que estas conductas dejaron de quedar impunes, pues ahora pueden sancionarse de manera independiente por distintas instituciones, según la identidad del agresor y el tipo de falta cometida.
Aunque existen definiciones en distintas leyes, el núcleo del mensaje es el mismo. Más allá de un golpe o un insulto, la violencia política de género comprende un conjunto de acciones u omisiones -incluido el simple hecho de tolerar una agresión- sustentadas en elementos de género. Esta forma de violencia se manifiesta tanto en el ámbito público como en el privado y puede ejercerse de manera individual y estructural. Su propósito ha sido siempre anular los derechos de las mujeres, impedirles tomar decisiones, obstaculizar el ejercicio de sus cargos o limitar su libertad de organización.
Sin embargo, hay otra cara de la moneda que representa la primera unidad de análisis que mencioné: la normalización. Nos encontramos ante un marco histórico que durante siglos ha intentado alejar a las mujeres de los espacios de poder. Esta exclusión tiene raíces muy profundas en estereotipos que cuestionan, una y otra vez, si una mujer es realmente capaz de gobernar, de liderar o de tomar decisiones importantes.
Hoy, derivado de que cada vez hay más candidatas y mujeres en puestos de elección popular, esta violencia se ha vuelto visible. Ya no se puede ocultar. Por eso, las denuncias han crecido de manera constante. Si lo analizamos a fondo, esta violencia funciona como un mecanismo de control para intentar preservar privilegios que antes eran exclusivamente masculinos.
Por estas razones es vital recuperar las ideas de Mona Lena Krook de su obra violence against women in politics, quien identifica tres vertientes clave en este tema. La más relevante es la «invisibilidad del género». Krook nos advierte que esta violencia no es neutral. Ella argumenta que, a diferencia de los hombres -que suelen ser atacados por su ideología-, las mujeres son atacadas por el hecho de serlo. En segundo lugar, está la aceptación de la hostilidad que Krook denomina el «costo de hacer política», en donde las mujeres deben aguantar abusos como si fuera parte inherente del cargo que ejercen. Y, en tercer lugar, es un obstáculo democrático porque, más que un problema individual, es un ataque a la democracia.
Finalmente, ¿de qué manera enfrentamos estos escenarios? Desde la legalidad, debemos fortalecer la denuncia, realizar sanciones ejemplares, junto con capacitaciones en perspectiva de género y la interseccional; desde el ángulo social, optemos por desarticular la normalización de la violencia, fomentar la educación y eliminar los estereotipos, y la responsabilidad de los partidos políticos por erradicar la violencia como método de acceso al poder.
