28/04/2026 18:13 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 28/04/2026
_"En México, el político corrupto no teme a la justicia. Teme a la cancelación de su visa."_
Columna de opinión | Análisis político
Por: Isidro Aguado
Imagínese la escena. Un funcionario mexicano de alto rango recibe una llamada. No de su partido, no de su jefe político, no de la secretaría de Gobernación. La llamada viene de otro lado. Del otro lado de la frontera. Le dicen que su visa ha sido cancelada. Que hay un expediente con su nombre. Que pueden abrirlo públicamente en cualquier momento. Y que si quiere arreglar las cosas, hay una forma. Una sola. Convertirse en lo que más detesta: un informante. El funcionario, acepta. Recibe una visa especial que los estadounidenses llaman "parole": un permiso de ingreso controlado, con movimientos vigilados dentro de territorio norteamericano, a cambio de entregar información sobre las redes de complicidad entre colegas suyos y los cárteles. Así opera hoy la inteligencia de la superpotencia más poderosa del mundo dentro del Estado mexicano. No desde afuera. Desde adentro. Con funcionarios del propio gobierno como activos reclutados.
Esta es la historia que nadie en Palacio Nacional quiere contar con claridad, pero que se filtra por todos los costados. La CIA y la inteligencia del Pentágono, recolectan información abierta y encubiertamente sobre los vínculos entre políticos de Morena y el crimen organizado. La paciencia de Washington se agotó en los primeros meses de 2025. En enero de ese año, según la misma fuente, llegó a Sheinbaum desde Washington algo parecido a un ultimátum: si el gobierno mexicano no actuaba contra políticos de su propio partido con presuntos nexos criminales, el Departamento de Justicia comenzaría a abrir investigaciones formales contra ellos directamente en tribunales estadounidenses. No como amenaza diplomática. Como proceso judicial real.
El diario Los Ángeles Times confirmó que la campaña anticorrupción de la administración Trump tiene nombres y apellidos mexicanos en la mira. El embajador Ronald Johnson lo anticipó públicamente desde Sinaloa, con una frase que sonó más a advertencia que a discurso protocolario: el Tratado México-Estados Unidos-Canadá exige que los gobiernos tipifiquen como delito el soborno y la corrupción. Luego añadió, con la calma de quien ya sabe lo que viene: "Es posible que pronto veamos medidas significativas en este sentido. Estén atentos." No era cortesía diplomática. Era un anuncio.
Entre los nombres que Washington observa con especial atención destaca el del senador Adán Augusto López Hernández. El nombre de Adán Augusto López ha estado durante años rodeado de sospechas y señalamientos por presuntas redes de tráfico de influencias, huachicol fiscal y corrupción de gran escala. Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicaron investigaciones sobre contratos y operadores financieros vinculados a su entorno político, y existen observaciones del Sistema Nacional Anticorrupción relacionadas con discrepancias patrimoniales. También figura en los radares norteamericanos el general Audomaro Martínez, quien dirigió el Centro Nacional de Inteligencia durante el sexenio anterior. Dos hombres con acceso privilegiado al aparato de seguridad del Estado mexicano. Dos expedientes que, según fuentes citadas por el Los Ángeles Times, podrían convertirse en acusaciones formales ante tribunales federales estadounidenses.
La respuesta de López Hernández ante los señalamientos ha sido la del político experimentado que sabe que el mejor escudo es la indiferencia estudiada. Ante las acusaciones, declaró que "las mentiras me tienen sin cuidado" y subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum había confirmado que no existe ninguna investigación en su contra. Pero hay un silencio más elocuente que cualquier declaración. Una primera prueba del nuevo equilibrio político fue que se pidió al senador Gerardo Fernández Noroña que dejara de hablar sobre política exterior mexicana porque estaba afectando el delicado equilibrio con Estados Unidos. Desde que Palacio Nacional solicitó esa intervención, el senador ha cerrado su boca. El mismo Noroña que durante años usó el micrófono del Senado como escenario personal, que no dejaba pasar una semana sin escándalo declarativo, que presumía su mansión en Tepoztlán valuada en más de doce millones de pesos mientras discursaba sobre austeridad republicana — ese Noroña guarda hoy un silencio que, en política, habla más que mil conferencias de prensa.
La Presidenta Sheinbaum, ante la presión de Washington, respondió con la postura que le resulta más cómoda: exigir pruebas, pedir que todo proceso contra un mexicano sea revisado por la Fiscalía General de la República, y citar el caso del general Salvador Cienfuegos como ejemplo de acusaciones fabricadas por la DEA. Es un argumento que tiene una grieta estructural. Lo que ocurrió con Cienfuegos no fue una absolución por inocencia. Fue un acuerdo político entre la primera administración Trump y el gobierno de López Obrador, quien primero celebró la captura del general y luego, bajo presión de las Fuerzas Armadas, negoció su regreso a México. Una vez en suelo mexicano, la FGR desechó la evidencia de la DEA y lo liberó. El enojo de Washington fue notorio. Desde entonces, ese caso se ha usado como narrativa conveniente: la idea de que Estados Unidos fabrica culpables. Lo que nadie en la 4T menciona es que fabricar culpables y proteger inocentes son cosas muy distintas, y que México lleva décadas haciendo lo segundo con funcionarios que muy probablemente no lo son.
Porque el problema central no es si Washington tiene o no jurisdicción moral sobre los asuntos mexicanos. El problema es que en México, la justicia para los poderosos es un horizonte que siempre se aleja. El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos mexicanos, entre los que destacan líderes de Morena, gobernadores estatales y personajes cercanos al expresidente López Obrador. Entre los afectados: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, cuya visa fue revocada en 2025, dato que no había trascendido públicamente, revelado ahora por el corresponsal Steve Fisher del Los Ángeles Times. También Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien informó que el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa, así como a su esposo Carlos Torres, sin que se conocieran los motivos oficiales. Y el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien confirmó la cancelación de la suya el 31 de julio de 2025. Todos con el mismo libreto: desconocer las causas, declarar la conciencia tranquila, hablar de contextos binacionales complejos. Ninguno ante un juez mexicano. Ninguno con una carpeta de investigación abierta por la FGR.
Contraste ese cuadro con lo que ocurre en otras latitudes. En Brasil, la Operación Lava Jato procesó presidentes, ministros, empresarios y exfuncionarios. Lula fue condenado por el caso del tríplex y el sitio de Atibaia, y estuvo 580 días en prisión. Sus condenas fueron anuladas por cuestiones formales, no por inocencia declarada. En Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy fue condenado en 2021 a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. En Perú, cuatro expresidentes enfrentaron procesos judiciales simultáneamente. En Italia, el empresario y político Silvio Berlusconi fue procesado en múltiples ocasiones durante décadas. En Chile, en Corea del Sur, en España. El denominador común: cuando la justicia funciona, no distingue corbatas. En México, el denominador común es el opuesto: la corbata es el salvoconducto.
Aquí conviene citar al académico Diego Sierra, especialista en anticorrupción, quien ha señalado que en México muchas veces no se logra procesar un delito que ya fue confirmado y sancionado en el extranjero — como quedó ampliamente demostrado con el caso Odebrecht, donde la constructora brasileña admitió haber pagado sobornos a funcionarios mexicanos por más de diez millones de dólares, y las consecuencias penales en México fueron prácticamente inexistentes. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, llamó a México en 1990 "la dictadura perfecta": no por sus balas sino por su capacidad de institucionalizar la impunidad con el lenguaje de la democracia. Tres décadas y tres partidos gobernantes después, el diagnóstico sigue siendo incómodo.
Lo que está ocurriendo hoy no es simplemente una confrontación entre Washington y Ciudad de México. Es el síntoma de un sistema que durante generaciones aprendió a reciclar la corrupción como combustible político. Morena llegó al poder prometiendo romper ese ciclo. Hoy, algunos de sus figuras más prominentes son objeto de investigación por las agencias de inteligencia del país vecino, mientras la Fiscalía General de la República mira hacia otro lado. El cargo público en México se ha convertido para demasiados en un negocio. No en una vocación de servicio sino en una palanca de enriquecimiento, de contratos, de redes y de impunidad garantizada — hasta que Washington decide que ya es suficiente y cancela la visa.
Porque al final, la pregunta más incómoda no es si la CIA tiene derecho a reclutar funcionarios mexicanos como informantes. La pregunta es por qué tiene que hacerlo. Y la respuesta lleva décadas esperando frente a un sistema judicial que prefiere la amnesia al expediente, la negociación al juicio, y el silencio cómplice a la sentencia que nadie quiere pronunciar.
En México, la corrupción no se castiga. Se administra. Y mientras eso no cambie, el vecino del norte seguirá sabiendo más de lo que ocurre en Palacio que los propios ciudadanos que lo habitan.
Los datos están sobre la mesa. El debate, abierto. La justicia, como siempre, esperando turno.
