por Alberto Elenes
17/12/2025 10:59 / Uniradio Informa Baja California / Reportajes especiales / Actualizado al 17/12/2025
- Integrantes de la Unión Funeraria denuncian competencia desleal y corrupción por parte de agentes que dirigen cadáveres a un negocio privado.
BAJA CALIFORNIA.- Una crisis en el manejo de cuerpos y presuntos actos de corrupción al interior de la Fiscalía General del Estado detonaron una protesta masiva este martes en Tijuana. Representantes de más de 24 casas funerarias se unieron para denunciar lo que llaman un "negocio redondo" operado por funcionarios públicos. Según los manifestantes, agentes de la fiscalía y peritos están interceptando cuerpos, incluso de muertes naturales en hospitales y domicilios, para desviarlos obligatoriamente a una funeraria privada específica, impidiendo la libre elección de las familias.
"La unidad viene trabajando las clínicas y hospitales con una marca funeraria. Le están dando esa capacidad legal de ellos autorizar, fiscalizar e inclusive, pues aterrorizar a las familias a que si no se quedan con ellos, pues el cuerpo tendría que ir a SEMEFO. Entonces ahí ya hay una competencia desleal... ¿Por qué le das esas funciones a un privado? Cuando esas funciones las tiene que realizar el estado", refirio Héctor Abasolo - Director Funerario
La molestia del gremio radica en que, bajo el argumento de investigación, los cuerpos no son llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), sino a una casa particular habilitada como depósito, la cual opera con horarios restringidos y cobra a las otras funerarias por liberar los cuerpos, actuando como una aduana ilegal.
"Estamos viviendo una competencia totalmente desleal... nos estamos viendo muy afectados, realmente, es en el tema de estar entrando a una casa, que no tenemos por qué estar entrando realmente a una casa todos los funerarios con los cuerpos... Y nosotros todavía nos vemos obligados a pisar una casa donde estamos entrando con la familia y con el riesgo de que entramos y ya no sale la familia directamente con nosotros", señaló Alejandra Alamillo - Funeraria De la Cruz
Expertos en medicina legal y exfuncionarios del sector salud advierten que este procedimiento viola las normativas vigentes. Señalan que la Fiscalía no tiene facultades para levantar cuerpos de muertes naturales que ya cuentan con certificado médico, y mucho menos para resguardarlos en propiedades privadas.
"La única autorización para poder levantar un cuerpo es que sea una muerte violenta. Si no es una muerte violenta, si es una muerte natural, no tiene por qué levantarla... Si hay un enfermo que ya tiene un expediente, sea de Seguro Social, de la Secretaría de Salud o de cualquier médico, eso es razón suficiente para hacer el dictamen... No hay razón, ¿A qué se lo van a llevar a SEMEFO? ¿A abrirlo? No lo van a abrir", comentó Dr. Pedro García Tirado - Ex médico legista y jubilado de Salud
Esta práctica no solo afecta económicamente a las empresas establecidas, que reportan semanas sin servicios y pérdida de empleos, sino que golpea directamente a los deudos. Familias que ya pagaron planes de previsión se ven obligadas a contratar servicios dobles o pagar "multas" inventadas para recuperar a sus seres queridos de este depósito irregular.
"Se tiene que dar parte a la fiscalía y cuando llega fiscalía, son clientes que ya tienen planes funerarios ya totalmente pagados y pues amedrentan a la familia para que ya no se queden con nosotros. Y nos ha pasado muchos casos donde las familias ya no tienen otra opción porque si no se los van a llevar a SEMEFO", dijo Iban Alvarado - Funeraria San Ramón
El gremio funerario hizo un llamado urgente a la Gobernadora Marina del Pilar y a la Fiscal María Elena Andrade para que investiguen a los mandos medios involucrados y restablezcan el estado de derecho. Advierten que de no cesar el hostigamiento y el favoritismo hacia esta funeraria "pirata", las protestas podrían escalar, pues aseguran que hoy en día, morir en Tijuana se ha convertido en objeto de extorsión institucional.
Los manifestantes aseguran que permanecerán en pie de lucha hasta que exista piso parejo. No piden privilegios, sino que la autoridad deje de fungir como promotor de ventas de una sola empresa y permita a las familias de Tijuana despedir a sus seres queridos con dignidad y sin presiones burocráticas ilegales.
