por Alberto Elenes
04/02/2026 10:00 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 04/02/2026
El amparo busca frenar la obligación de entregar huellas digitales y otros datos sensibles para poder contratar servicios de telefonía.
TIJUANA.- Un frente unido, conformado por la comunidad jurídica y agrupaciones ciudadanas acudieron a los juzgados federales para presentar un amparo contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El argumento central es la protección de la privacidad y el rechazo a la entrega de datos biométricos como requisito para mantener el servicio telefónico.
"Esta reforma es violatoria de derechos humanos. Todos tenemos derecho a la privacidad, al resguardo de nuestros datos personales, al acceso a la tecnología y se imponen medidas desproporcionales, como privarte del servicio si no cumples con esta obligación. Ya hay antecedentes jurisprudenciales de la Corte, bajo otros programas, que determinaban que era excesiva esta medida, y hoy que lo retoma el gobierno federal a través de (Secretaría) Telecomunicaciones, es muy importante que se manifieste la sociedad en rechazo a esta normatividad", explicó Carlos Atilano, abogado.
A este reclamo se sumó el sector comercial de Tijuana. Los empresarios temen que la base de datos sea vulnerable a hackeos o filtraciones, lo que facilitaría delitos de alto impacto mediante el uso de nuevas tecnologías para manipular la identidad de los usuarios.
"Me comentaron que a una compañía ya le habían clonado o robado su información. Y con esa información si la clonan, se imagina que puedan hacer una información y pueda haber una serie de unos atracos o algo. Me llamó la atención y dije, sí, si está medio difícil que nuestros datos se los demos a una compañía que, por ciento, ya había sido clonada no hace mucho tiempo", dijo Olivaldo Paz, presidente de Canaco Tijuana.
Los promotores de esta acción legal buscan obtener una suspensión que impida la cancelación de líneas telefónicas a quienes se nieguen a registrar su información personal ante las compañías prestadoras del servicio.
"La tecnología hoy por hoy y la comunicación es un derecho humano como lo es el agua. Se me hace ridículo que vayas a la Comisión Estatal a contratar el agua y te pidan todos tus datos biométricos y una serie de situaciones de carácter personal. No estamos de acuerdo y como bajacalifornianos estamos alzando la voz", detalló Esteban Capella Ibarra, coordinador de ruta independiente.
Este primer recurso legal representa a un grupo inicial de 25 ciudadanos, pero los colectivos anunciaron que en los próximos días presentarán nuevas listas con decenas de firmas adicionales. La meta es generar una presión social y jurídica suficiente para que la Suprema Corte de Justicia vuelva a declarar la inconstitucionalidad de esta normativa.
