Activistas con salario

Yeminá Samaniego*

Hace unos días estuve en una reunión con funcionarios estatales del sector ambiental. En algún momento de la conversación, alguien dijo que ahora estas áreas —protección ambiental y planeación urbana— tienen un lugar protagónico en el quehacer público. Reconocían, además, la necesidad de estar en contacto permanente con la ciudadanía, a la que describían como más interesada, más informada y más presente en los asuntos urbano-ambientales. Hasta ahí, el asunto sonaba a buena noticia.

Duró poco. Pronto, la conversación giró hacia el repaso de las batallas ganadas, los esfuerzos acumulados y las largas horas de desgaste. Hay algo que una sala de funcionarios públicos sabe hacer particularmente bien: felicitarse mutuamente. Especialmente cuando el relato es sostenido por funcionarias y funcionarios sensibles, los que sí escuchan, los que cargan con el peso de la causa ambiental. Entre referencias a las exigencias de instrumentos de participación ciudadana y al Acuerdo de Escazú, la conversación fue adquiriendo ese tono peculiar del funcionario sacrificado.

Fue entonces cuando uno de los presentes dijo, casi con ternura, que su familia lo felicitaba seguido: al final del día, él era un activista con salario, porque trabajaba en pro del ambiente. En ese instante no pensé nada sofisticado, pero mi hígado reaccionó con un pequeño temblor, en objeción silenciosa.

Porque llamar activismo a la función pública no es un gesto inocente. Aquí no está en juego una discusión moral sobre quién cuida mejor el ambiente, sino una distinción política más básica: la diferencia entre la función pública y el activismo como práctica de disenso. El activismo no se define solo por la causa que defiende, sino por el lugar desde el cual actúa: fuera de la jerarquía administrativa.

Si los funcionarios fueran realmente activistas con salario, eso implicaría algo más que sensibilidad ambiental. Implicaría que podrían oponerse abiertamente a proyectos que consideran nocivos. Que podrían decir no sin que ese gesto pusiera en riesgo su posición frente a jefes, cadenas de mando o evaluaciones.

El salario no es un detalle administrativo. Eugenio Raúl Zaffaroni, lo señaló con claridad al reflexionar sobre la autonomía judicial: uno de los obstáculos más difíciles para la independencia no es solo la presión externa, sino algo tan cotidiano como tener superiores jerárquicos y recibir un salario. No porque el salario corrompa en sí mismo, sino porque introduce una lógica de alineación. Organiza silencios y ordena los márgenes de lo decible.

Desde ahí, la fórmula "activistas con salario" muestra su lado problemático. No solo porque exagera la autonomía real de la función pública, sino porque opera una doble maniobra: por un lado, produce un reconocimiento discursivo del activismo, se le nombra, se le elogia, incluso se le imita; por otro, lo despoja de su potencia política real. Parece un gesto de cercanía, pero desactiva la diferencia y, con ello, deslegitima al activismo que incomoda e insiste en disputar.

Tal vez aquí opera una forma de violencia más sutil: la violencia de la absorción simbólica. El activismo es incorporado al lenguaje institucional, traducido a una ética del esfuerzo administrativo, hasta volverse reconocible solo cuando deja de ser conflictivo. Mientras tanto, quienes actúan desde fuera, sin salario ni respaldo institucional, quedan como el exceso.

Al mismo tiempo, pienso en cómo se recibe al activismo que no es absorbible. Al que no acepta los tiempos de la administración ni los márgenes de lo posible. Aquí, en Nuevo León, se difundió recientemente un audio en el que el gobernador se refería como "mensos" a quienes se oponen a una obra hídrica. No fue un desliz aislado, sino un síntoma: el activismo que no se deja traducir suele ser leído como necedad, como ruido que incomoda más de lo que aporta.

Tal vez, entonces, el problema no sea la supuesta falta de interés social por el cuidado ambiental, ni la apatía de la juventud, sino un campo político que reconoce el activismo solo cuando deja de ser incómodo. Y si llamar activistas a todos no termina siendo una forma elegante —y eficaz— de pedirles, precisamente, que dejen de serlo.

*Estancia postdoctoral en El Colef