Delito, silencio e impunidad

_Cuando el derecho no protege a los más débiles, deja de ser derecho y se convierte en un simple instrumento del poder."_
— Luigi Ferrajoli

Por Isidro Aguado Santacruz

La inseguridad pública en México no puede seguir analizándose únicamente desde la percepción social o el discurso político coyuntural; exige una lectura institucional y estructural. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, elaborada por el INEGI, constituye una de las radiografías más completas y técnicamente sólidas sobre el fenómeno delictivo en el país. Sus resultados no solo confirman lo que la ciudadanía experimenta cotidianamente, sino que revelan con crudeza las fallas profundas del sistema de procuración de justicia.

De acuerdo con la ENVIPE 2025, durante el último año se estimaron 33.5 millones de delitos en el territorio nacional. Esta cifra afectó directamente a 23.1 millones de personas, distribuidas en aproximadamente 11.4 millones de hogares. Estos números evidencian que la victimización en México no es un evento aislado ni excepcional, sino un fenómeno masivo y reiterado que impacta de manera directa en los núcleos familiares, en la economía doméstica y en la cohesión social. El delito se ha normalizado como parte de la vida diaria.

La encuesta identifica con claridad los ilícitos de mayor incidencia, los cuales se concentran, en su mayoría, en delitos de carácter patrimonial. De manera ordenada, los delitos más frecuentes son los siguientes:
1. Fraude.
2. Robo.
3. Asalto en vía pública.
4. Extorsión.
5. Amenazas.

Resulta particularmente relevante el crecimiento sostenido del fraude, tanto en su modalidad bancaria como en su vertiente dirigida al consumidor. Este incremento no es fortuito. Conforme avanzan la digitalización de los servicios financieros, el uso intensivo de tarjetas, aplicaciones móviles, transferencias electrónicas y consultas de saldo en línea, también se sofistican las conductas delictivas. El crimen se adapta con rapidez al entorno tecnológico, mientras que los mecanismos de prevención, regulación y persecución avanzan con lentitud. Este desfase representa un riesgo sistémico que no ha sido atendido con la seriedad necesaria.

El impacto económico de la delincuencia es otro elemento que no puede minimizarse. La ENVIPE estima que el costo total de los delitos asciende a aproximadamente 260 mil millones de pesos, lo que equivale al 1.07% del Producto Interno, esto implica que de cada 100 pesos que se generan en el país, uno se pierde como consecuencia directa de la actividad delictiva. Este costo no se distribuye de manera homogénea, sino que presenta variaciones significativas entre las entidades federativas, profundizando desigualdades regionales y debilitando economías locales. Estamos frente a un fenómeno que trasciende la seguridad pública y se inserta de lleno en el ámbito del desarrollo económico y la estabilidad social.

Otra dato que nos tiene que interesar mucho particularmente abogadas y abogados, la llamada "cifra oculta" que quiere decir esto. La encuesta, al recabar información directamente de la ciudadanía, permite identificar la enorme brecha existente entre los delitos efectivamente cometidos y aquellos que son formalmente denunciados. Del total de delitos registrados, el 93.2 % no se tradujo en una denuncia ante la autoridad. Apenas el 9.6 % de los delitos fueron denunciados y solo el 6.8 % derivaron en la apertura de una carpeta de investigación. Lo más grave es que únicamente el 0.8 % del total de delitos obtuvo una resolución favorable para la víctima en el Ministerio Público.

Este dato, es demoledor. Significa que el sistema penal mexicano es incapaz de ofrecer una respuesta efectiva a la inmensa mayoría de las víctimas. La impunidad deja de ser una excepción para convertirse en la regla. Las fiscalías, como instituciones encargadas de la investigación y persecución de los delitos, muestran una eficacia mínima que pone en entredicho su función constitucional. No se trata solo de falta de recursos, sino de deficiencias estructurales, administrativas y, en muchos casos, de una ausencia de voluntad institucional para transformar prácticas profundamente ineficientes.

La propia encuesta indaga en las razones por las cuales las víctimas deciden no denunciar los delitos de los que fueron objeto, y los resultados son particularmente reveladores, pues apuntan de manera directa a fallas atribuibles a la autoridad. De forma específica, las principales razones son las siguientes:
1. La percepción de que denunciar implica una pérdida considerable de tiempo.
2. La desconfianza generalizada en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
3. La idea de que los trámites son excesivamente largos y burocráticos.
4. La complejidad de los procedimientos para iniciar una denuncia.
5. La baja expectativa de que el proceso derive en una investigación efectiva o en una resolución favorable.

Este conjunto de factores revela una ruptura profunda del principio de acceso efectivo a la justicia. Cuando el ciudadano internaliza que denunciar no produce resultados tangibles, el sistema pierde legitimidad, la norma jurídica se debilita y el derecho deja de cumplir su función social básica.

A este escenario se suma el componente subjetivo de la inseguridad. El 64 % de la población identifica la inseguridad como el principal problema del país, por encima de la salud, el desempleo o la inflación. La percepción de riesgo es especialmente elevada en espacios como cajeros automáticos, transporte público, calles y carreteras. Esta percepción se traduce en cambios concretos en la conducta social: más del 60 % de la población dejó de permitir que menores de edad salgan solos; muchas personas modificaron hábitos como salir de noche, utilizar el transporte público o portar objetos de valor.

Vivir bajo el miedo permanente tiene efectos devastadores. La inseguridad no solo afecta bienes jurídicos individuales, sino que erosiona derechos fundamentales como la libertad de tránsito, la convivencia comunitaria y el ejercicio pleno de la ciudadanía. México enfrenta, bajo este panorama, un contexto en el que el delito es masivo, la denuncia es excepcional y la impunidad es estructural.

Los datos de la ENVIPE 2025 deberían obligar a una revisión profunda de la política criminal del Estado. No basta con endurecer discursos ni con reformas superficiales. Es indispensable replantear el funcionamiento de las fiscalías, fortalecer la investigación, dignificar la atención a las víctimas y diseñar estrategias de prevención que atiendan las causas estructurales del delito. Sin una transformación real del sistema de justicia, la inseguridad seguirá siendo no solo un problema estadístico, sino una condición permanente de la vida en México.

Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente inicio de semana lector@s.

*_El columnista es académico y analista político, autor de: Un país imaginario y Tras las cortinas del poder. Escribe todos los martes y viernes, su columna, Cambio de ritmo._