Cuando el árbitro se queda sin silbato

_"Las democracias no colapsan con un golpe de Estado, sino cuando quienes ganan elecciones usan la ley para impedir que puedan perderlas."_
— Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias

Por Isidro Aguado Santacruz

La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que apenas recibió un primer compendio de las propuestas de reforma electoral y que todavía no existe una fecha para su presentación ante el Congreso. La frase parece neutra, pero en realidad describe el instante más delicado de cualquier proceso de transformación institucional: el momento en que la reforma todavía no es ley, pero ya dejó de ser un debate abierto y comienza a convertirse en un diseño de poder. Mientras Morena convoca a un cónclave interno para analizar el tema, la discusión se desplaza de la esfera pública a la arena partidista, un movimiento que fija los márgenes de lo posible antes de que la deliberación formal siquiera empiece.

No es un detalle menor. Las reformas electorales no nacen cuando se publican en el Diario Oficial, sino cuando se decide quién las escribe y desde qué lógica. Cuando el partido mayoritario procesa primero la iniciativa en sus propios espacios, el Congreso deja de ser el foro originario de la discusión y se convierte en el escenario donde se administran decisiones ya tomadas.

El primer tema que condensa la tensión es la reducción del número de diputados. La presidenta ha reconocido que no hay todavía un planteamiento definido, pero también ha dejado claro que el problema gira alrededor de los plurinominales, una figura que goza de pésima reputación social. En algunos foros ya se menciona la idea de una Cámara integrada por apenas 300 legisladores, electos por fórmulas de mayoría y minoría. En apariencia es una propuesta de eficiencia; en términos reales es una mutación profunda del sistema de conversión de votos en poder político.
La representación proporcional no surgió como un privilegio para los partidos, sino como un mecanismo para impedir que una fuerza con 35% o 40% de los votos controle la totalidad de las decisiones legislativas. Reducirla sin un esquema que preserve la pluralidad equivale a elevar artificialmente el umbral de acceso al poder y a concentrar la toma de decisiones en un número cada vez menor de actores.

El segundo movimiento es la renovación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La Constitución asigna esta atribución a la Cámara de Diputados y siempre ha sido un proceso politizado. Sin embargo, su coincidencia con una reforma estructural cambia por completo su significado. Sustituir a los árbitros al mismo tiempo que se redefinen las reglas del juego no es una coincidencia: es una reconfiguración integral del campo político. La autonomía no se cancela en el papel, se redirige en los hechos.

La reforma se presenta envuelta en la narrativa de la austeridad, del hartazgo ciudadano con los plurinominales y de la necesidad de abaratar la democracia. Ese discurso se sostiene en datos. El costo por voto pasó de 135.9 pesos en 2012 a 164.4 en 2018 y a 206.75 en 2024, sin considerar inflación. El proceso electoral federal 2023-2024 implicó una bolsa de 12,428 millones de pesos frente a poco más de 60 millones de sufragios. El INE destinó 8,802 millones a la organización de la elección, más de 200 millones al fortalecimiento de procesos registrales y cerca de 50 millones a tareas de fiscalización y verificación. A ello se suman los más de 18 mil millones de pesos que en conjunto erogaron los organismos locales en 2023.

El sistema es caro. La pregunta es qué obtiene la sociedad a cambio. Y ahí el balance es inquietante: abstención superior al 45% confianza pública estancada y una percepción extendida de que las instituciones electorales protegen más a los partidos que a los ciudadanos.
Ese descrédito es el terreno fértil de la reforma, pero también su mayor riesgo. Cuando la crítica legítima al gasto excesivo se convierte en un rediseño que reduce la representación y debilita al árbitro, la austeridad deja de ser un objetivo administrativo y se vuelve una herramienta de concentración de poder.

Por eso puede decirse que a una parte de la clase política se le está acabando la fiesta. Durante años el sistema permitió que actores sin respaldo territorial accedieran al poder por listas, cuotas o acuerdos internos. Ese andamiaje, con todos sus vicios, también impedía que una mayoría pudiera cerrar por completo el paso a las minorías. Era costoso, imperfecto y opaco, pero funcional para la alternancia.
La reforma amenaza con romper ese equilibrio. No sólo porque busque corregir abusos, sino porque altera simultáneamente tres piezas críticas: el tamaño y método de integración del Congreso, la fortaleza financiera y técnica del árbitro y los mecanismos de designación de sus autoridades. Menos escaños, menor proporcionalidad y un árbitro en proceso de reconfiguración reducen el riesgo de derrota para quien detenta el poder.
Y cuando el poder deja de temer a la pérdida, la democracia se vacía de contenido competitivo. Esto no significa que el desenlace esté escrito. Estos procesos generan litigios, conflictos, pérdida de legitimidad y fricciones económicas que elevan el costo político de gobernar bajo reglas debilitadas. El derecho sigue siendo un espacio de resistencia, aun cuando las instituciones se erosionan, y la presión social no desaparece por decreto.

Pero el punto de inflexión está aquí, antes de que la iniciativa llegue al pleno. No se trata de cuántos diputados habrá ni de quiénes integrarán el Consejo General. Se trata de algo más profundo: qué tan real seguirá siendo la posibilidad de que quien gobierna pierda una elección. Porque cuando esa posibilidad se vuelve remota, el árbitro ya no necesita silbato. El partido se juega con reglas invisibles y la democracia deja de ser competencia para convertirse en trámite.

Como cierre, conviene remitir una obra de referencia ineludible para comprender los procesos contemporáneos de erosión institucional. En Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt documentan, mediante análisis comparado, que la degradación de los regímenes democráticos rara vez se produce por rupturas abruptas, sino por la modificación incremental de las reglas de competencia desde el interior del sistema. La lectura de este estudio resulta particularmente pertinente en el contexto mexicano actual, pues permite identificar patrones, anticipar riesgos y evaluar, con criterios analíticos, si la reforma electoral en curso fortalece la gobernabilidad democrática o, por el contrario, contribuye a su debilitamiento estructural.

Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente FIN de semana lector@s.

*_El columnista es académico y analista político, autor de los libros Un país imaginario y Tras las cortinas del poder. Escribe todos los martes y viernes, su columna Cambio de ritmo_