27/10/2026 16:25 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 27/10/2026
"La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral"
Imaginemos una mañana en la antigua Atenas. En el ágora, los ciudadanos discuten quién debe custodiar las urnas donde se depositan las decisiones de la ciudad. Hay comerciantes que desconfían de los magistrados, magistrados que desconfían de los comerciantes y candidatos que, mientras prometen respetar las reglas, preguntan discretamente quién será el encargado de contarlas.
Un anciano observa la escena y enciende una lámpara a plena luz del día. No busca un hombre, como en la conocida anécdota de Diógenes, sino algo bastante más difícil de encontrar: un árbitro que no tenga dueño. Le preguntan para qué sirve una lámpara cuando el sol ilumina las calles. El anciano responde que la luz del día permite ver los rostros, pero no siempre las intenciones.
La escena es imaginaria, pero la pregunta pertenece a todas las democracias: ¿cómo saber si quien organiza la competencia está dispuesto a tratar a todos con la misma vara, incluso cuando uno de los participantes es su aliado?
México acaba de enfrentarse nuevamente a esa pregunta. La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, anunciada el 25 de octubre y formalizada en medio de una controversia pública, abrió una discusión que va mucho más allá de una persona. Los señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y contrataciones vinculadas con proveedores del organismo llevaron a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una investigación de oficio. Las acusaciones deben esclarecerse por las vías correspondientes; no equivalen, por sí mismas, a una sentencia. Pero la existencia de una investigación y la salida de quien encabezaba la institución colocan la confianza pública en el centro de la conversación.
La dificultad de una autoridad electoral consiste precisamente en que no basta con cumplir sus funciones: también debe ofrecer razones suficientes para que los ciudadanos confíen en que las cumple con imparcialidad. Un árbitro de futbol puede equivocarse en una jugada y provocar una discusión durante semanas. El árbitro electoral administra algo más delicado: las reglas mediante las cuales una sociedad decide quién ejercerá el poder y bajo qué condiciones deberá abandonarlo.
Por eso, el Instituto Nacional Electoral no es una oficina cualquiera. El artículo 41 de la Constitución establece las bases de su autonomía y de su responsabilidad en la organización de las elecciones. Su legitimidad no proviene de favorecer a una mayoría parlamentaria ni de satisfacer a una oposición, sino de garantizar que la competencia se desarrolle bajo reglas comunes. El voto pierde parte de su fuerza democrática cuando la ciudadanía empieza a sospechar que el resultado depende tanto de las preferencias de quien organiza el proceso como de las decisiones de quienes votan.
Aquí aparece la segunda pregunta: ¿quién cuenta los votos? En apariencia, es una cuestión técnica. En realidad, es una cuestión de poder. Quien controla las reglas, los procedimientos y las condiciones de la competencia puede influir en la confianza que merece el resultado, incluso cuando el conteo final sea correcto. De ahí que la independencia de la autoridad electoral no deba entenderse como un privilegio de sus consejeros, sino como una garantía para los ciudadanos.
La salida de Taddei llega cuando México se prepara para las elecciones de 2027. El procedimiento para designar a su sucesor corresponde a la Cámara de Diputados y contempla una mayoría calificada; si no se alcanza un acuerdo en los términos previstos por la Constitución, existen mecanismos de insaculación. El diseño busca impedir que una falta de consenso paralice indefinidamente la institución. Sin embargo, ninguna fórmula legal puede sustituir por completo la responsabilidad política de elegir a una persona cuya trayectoria, independencia y capacidad inspiren confianza más allá de su propio grupo.
Es aquí donde la historia de la lámpara vuelve a servirnos. El problema no consiste solamente en encontrar a alguien que parezca honesto, sino en construir un sistema en el que la honestidad no dependa de una declaración personal. Las buenas intenciones no reemplazan la fiscalización; los títulos profesionales no garantizan independencia; la experiencia no elimina los conflictos de interés. Para eso existen las reglas de transparencia, las auditorías, la rendición de cuentas y los mecanismos que permiten revisar las decisiones de quienes ejercen una responsabilidad pública.
La elección de la próxima presidencia del INE será, por tanto, una prueba para todos los involucrados. Para quienes aspiran al cargo, porque deberán demostrar que pueden actuar sin subordinación partidista. Para los legisladores, porque la decisión exigirá distinguir entre la conveniencia de colocar a alguien cercano y la responsabilidad de nombrar a quien pueda garantizar una competencia confiable. Y para la ciudadanía, porque la vigilancia democrática no termina cuando se deposita una boleta ni comienza únicamente cuando aparece un escándalo.
Tampoco sería justo concluir que las instituciones carecen de valor porque una de sus figuras enfrenta cuestionamientos. Precisamente para eso existen: para que los problemas puedan investigarse, las responsabilidades se determinen y las reglas sobrevivan a quienes ocupan temporalmente los cargos. Defender al INE no significa defender automáticamente a quien lo preside; exigir explicaciones tampoco significa dar por probadas todas las acusaciones. La madurez democrática consiste en sostener ambas ideas al mismo tiempo.
Volvamos, por un momento, a nuestra Atenas imaginaria. Los ciudadanos han terminado de votar y el anciano apaga su lámpara. Alguien le pregunta si finalmente encontró al árbitro que buscaba. Él mira las urnas y responde que todavía no lo sabe: primero habrá que observar cómo cuenta los votos, cómo explica sus decisiones y qué hace cuando una de ellas perjudica a quienes lo nombraron.
México no necesita un árbitro que prometa ser imparcial. Necesita uno cuya independencia pueda comprobarse, incluso por quienes desconfían de él. Porque la democracia no se sostiene únicamente en la voluntad de las mayorías, sino en la certeza de que las reglas no cambian según quién vaya ganando.
La lámpara, después de todo, no sirve para fabricar honestidad. Sirve para que nadie pueda exigirnos que aceptemos la oscuridad como si fuera una forma de confianza.
