La salud pública: una crisis que viene de lejos
"La salud es un derecho de todos, no un privilegio de quienes pueden pagarla".
Por: Isidro Aguado
Recuerdo una etapa de mi vida en la que, durante mi servicio en el Ejército, la disponibilidad de medicamentos para los derechohabientes formaba parte de una realidad cotidiana. Aquella experiencia me dejó una pregunta que hoy adquiere otra dimensión: si una institución pública puede organizar sus servicios médicos para atender a una población determinada, ¿por qué resulta tan difícil garantizar que millones de mexicanos encuentren sus medicamentos cuando acuden a un hospital?
No pretendo convertir un recuerdo personal en una estadística ni afirmar que las instituciones militares estén libres de desabasto. Se trata de una experiencia que me lleva a mirar el problema desde otra perspectiva. La pregunta no es únicamente cuánto dinero destina el Estado a la salud, sino cómo lo administra, cómo compra, cómo distribuye y, sobre todo, cómo responde cuando un paciente necesita un tratamiento que no puede esperar.
Basta imaginar a una madre que sale de una consulta con la receta de su hijo. Se dirige a la farmacia del hospital y escucha que el medicamento no está disponible. Pregunta cuándo llegará, pero nadie puede darle una fecha precisa. Afuera hay una farmacia privada, aunque el precio supera lo que había destinado para ese día. En ese instante, las discusiones sobre presupuestos, reformas y modelos sanitarios dejan de ser abstracciones: se convierten en una preocupación familiar. La enfermedad sigue su curso mientras la burocracia busca una respuesta.
El problema no nació con el gobierno actual. Para comprenderlo hay que mirar varias décadas atrás, cuando México construyó un sistema sanitario dividido entre instituciones de seguridad social y servicios dirigidos a la población sin afiliación laboral. Esa estructura permitió ampliar la atención, pero también produjo diferencias en financiamiento, infraestructura y acceso según la institución a la que perteneciera cada persona.
En 2003, durante el gobierno de Vicente Fox, se aprobó la creación del Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, que comenzó a operar al año siguiente. Su propósito era ampliar la protección de quienes carecían de seguridad social. La afiliación pasó de aproximadamente 5.4 millones de personas en 2004 a 57.1 millones en 2015, según cifras institucionales. Fue una expansión importante, aunque estar afiliado no garantizaba automáticamente disponer de todos los medicamentos o recibir atención con la misma calidad en cada entidad.
Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el modelo continuó, con avances y limitaciones. Persistieron las desigualdades entre regiones, la fragmentación institucional y las dificultades para convertir la cobertura formal en servicios oportunos. El sistema podía registrar millones de afiliados y, aun así, dejar a una persona esperando una consulta o buscando un medicamento fuera de la institución.
Con Andrés Manuel López Obrador llegó una nueva transformación. El Seguro Popular fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar, creado en 2020. En 2023, el Insabi fue extinguido y sus funciones se transfirieron a IMSS-Bienestar, cuya reorganización buscaba ampliar la atención para la población sin seguridad social. Cada cambio se presentó como una respuesta a las deficiencias anteriores, pero una reforma administrativa no garantiza por sí misma que los medicamentos lleguen a tiempo. La continuidad de los servicios depende de la capacidad de planear, comprar, almacenar y distribuir, incluso durante las transiciones institucionales.
Los datos muestran por qué no basta con discutir quién tuvo la culpa primero. De acuerdo con el Banco de Indicadores del INEGI, en 2024 alrededor de 44.5 millones de personas presentaban carencia por acceso a los servicios de salud, equivalente al 34.2 por ciento de la población. La cifra describe una carencia de acceso conforme a la metodología oficial; no significa que todas esas personas carezcan de atención en cualquier circunstancia, pero sí revela la dimensión del desafío.
También es necesario distinguir entre comprar medicamentos y entregarlos. En marzo de 2026, el gobierno federal informó que el abasto promedio superaba el 97 por ciento en el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar. Es una cifra relevante, pero debe interpretarse con cuidado: un promedio nacional no demuestra que todas las unidades tengan todos los medicamentos, ni que cada paciente reciba completa y oportunamente su receta.
El propio IMSS informó que durante 2024 emitió 214.5 millones de recetas y que 2.2 por ciento fueron negadas o no entregadas en ese momento: casi 4.7 millones. Es decir, incluso cuando el porcentaje general de surtimiento es alto, la cantidad de personas afectadas puede ser considerable. Una cifra agregada puede tranquilizar en una conferencia; una receta incompleta puede alterar la vida de quien depende de ella.
Aquí vuelve a ser pertinente la experiencia de las Fuerzas Armadas. Un informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional correspondiente al periodo 2019-2024 señaló que, mediante un convenio con el IMSS, la institución adquiría a través de compras consolidadas el 87 por ciento de sus necesidades de medicamentos y material de curación, con un ahorro reportado del 8 por ciento respecto del presupuesto asignado. El dato no prueba que el sistema militar sea superior en todos los aspectos, pero sí muestra una práctica concreta que merece estudiarse: la coordinación de compras para aprovechar la capacidad de adquisición y reducir costos.
La comparación internacional también ayuda a evitar explicaciones simplistas. El Reino Unido, cuyo Servicio Nacional de Salud atiende a una población amplia mediante un sistema público consolidado, registró 1,634 avisos de posibles desabastos de medicamentos en 2023, frente a 648 en 2020, de acuerdo con un análisis de Nuffield Trust. Los problemas se relacionaron con dificultades de suministro global y con el encarecimiento de determinados productos. La lección no es que México y el Reino Unido tengan sistemas equivalentes, sino que ninguna institución está completamente protegida frente a las interrupciones. La diferencia está en la capacidad de anticiparlas, informar sobre ellas y reducir sus consecuencias para los pacientes.
¿Qué debería hacerse, entonces? México necesita avanzar hacia un Sistema Nacional de Abasto y Trazabilidad de Medicamentos que permita conocer, en tiempo real, qué se compra, qué se recibe, dónde se almacena y qué unidades enfrentan faltantes. No se trata solamente de instalar una plataforma digital, sino de establecer responsabilidades verificables, inventarios mínimos para medicamentos esenciales y alertas tempranas que permitan trasladar existencias antes de que una farmacia se quede sin suministro.
Ese sistema tendría que publicar indicadores mensuales comparables por institución y unidad médica: recetas surtidas completas, entregas parciales, tiempos de espera y faltantes prolongados. También debería evaluar a los proveedores por cumplimiento, calidad y puntualidad, con sanciones cuando correspondan y mecanismos de contingencia para que una disputa contractual no interrumpa un tratamiento. Si un medicamento no está disponible, el paciente debe recibir información clara y, cuando sea médicamente procedente, una alternativa segura o una vía institucional para obtenerlo sin asumir automáticamente un gasto que no puede pagar.
La experiencia de las instituciones militares podría incorporarse a una evaluación técnica independiente, junto con las prácticas del IMSS, el ISSSTE y otros sistemas públicos. El objetivo no sería copiar un modelo completo, sino identificar qué mecanismos de planeación, compra, inventario y distribución funcionan, bajo qué condiciones y si pueden adaptarse a una red sanitaria mucho más grande y diversa.
El PRI tuvo décadas para construir un sistema más equitativo; el PAN gobernó durante dos sexenios sin eliminar sus desigualdades; el regreso del PRI tampoco resolvió las deficiencias, y Morena no puede utilizar los errores de sus antecesores como explicación permanente de los resultados actuales. La historia ayuda a entender el problema, pero no debe convertirse en una coartada para aplazar las soluciones.
La salud pública no debería medirse por el nombre de una institución, el número de reformas anunciadas ni el porcentaje que aparece en una presentación. Debería medirse por la capacidad de atender a una persona cuando lo necesita.
Porque el paciente no puede esperar a que termine la discusión entre gobiernos. La enfermedad no distingue colores partidistas y una receta no admite discursos como sustituto del tratamiento.
Después de tantas transformaciones, México necesita demostrar que puede aprender de su propia historia y de las experiencias de sus instituciones. ¿De qué sirve reformar el sistema una y otra vez si el paciente sigue teniendo que buscar por su cuenta aquello que debería recibir?
La verdadera reforma sanitaria comenzará el día en que una receta deje de ser una promesa y se convierta, sin rodeos, en un medicamento entregado.