31/07/2026 15:50 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 31/07/2026
-"El que está en el poder, puede, y el que no lo está, o no tiene amigos en el poder, no cuenta."
Conviene aclarar, antes de continuar, que la democracia se presenta en el mundo contemporáneo bajo dos formas principales que sus respectivos practicantes describen con el entusiasmo del que acaba de descubrir algo que todos los demás ya sabían. La primera es la parlamentaria — llamada también liberal, occidental o capitalista, dependiendo de quién la nombre y con qué intención política lo haga. Esta modalidad sostiene que la propiedad privada y la libertad de empresa son derechos que ningún gobierno tiene autoridad moral para suprimir sin convertirse en otra cosa, que el diálogo entre ciudadanos con opiniones distintas produce mejores decisiones que los decretos de cualquier iluminado, y que la coexistencia de fuerzas políticas en tensión permanente es un síntoma de salud democrática y no de ingobernabilidad.
La segunda es la democracia socialista, en la que el Estado ya realizó la transformación estructural, la propiedad privada fue abolida total o parcialmente, y el partido gobernante administra el interés colectivo porque la historia — o la revolución, o la transformación, según el vocabulario disponible — lo designó para eso.
En México, lo que existe en 2026 es algo que no cabe perfectamente en ninguna de las dos categorías, lo cual resulta incómodo para los teóricos políticos pero sumamente conveniente para los que gobiernan. Hay elecciones. Hay varios partidos. Hay Congreso. La propiedad privada existe y los inversionistas extranjeros siguen llegando al país, aunque con creciente cautela. Y sin embargo, un solo partido ha ganado la presidencia, la mayoría calificada del Congreso, doce de las diecisiete gubernaturas en disputa y una proporción considerable de los municipios del país. Sus candidatos fueron en muchos casos funcionarios de la administración anterior.
Sus decisiones de política pública se toman en el Ejecutivo y se aprueban en el Legislativo con la fluidez de quien está votando su propia propuesta. Y cuando alguien señala que eso podría no ser exactamente lo que los manuales de ciencia política describen como separación de poderes, los voceros del partido responden que es la voluntad del pueblo.
Lo cual puede ser cierto. La voluntad del pueblo es un concepto de una elasticidad admirable.
Alguien podría concluir que lo que existe en México es una estructura de gobierno con orientación progresista dentro de una economía formalmente de mercado. Esa conclusión sería, para quienes han seguido la evolución del país con algún detenimiento, parcialmente correcta y completamente insuficiente. El sistema funciona como una democracia parlamentaria no únicamente porque hay urnas y hay escaños, sino porque — y esto es lo que de verdad lo sostiene — una parte importante de la población está convencida de que el orden actual representa un avance real sobre lo que había antes y de que no hace falta ninguna ruptura adicional para mejorar las cosas. Esa convicción, más que los votos, es el verdadero fundamento del sistema. Y mientras esa convicción se mantenga, el sistema se mantiene.
Ahora bien. Un Congreso donde la oposición carece de los votos necesarios para modificar una sola coma de ninguna iniciativa relevante es, en términos funcionales, un órgano decorativo. Puede reunirse con toda la solemnidad que requieren las ocasiones importantes, puede pronunciar discursos de considerable extensión e intensidad retórica, puede votar en contra con total convicción, y el resultado será exactamente el mismo que si no hubiera votado en contra. Lo cual lo convierte en un escenario muy bien iluminado donde se representa, con actores de carne y hueso, la ficción de la deliberación democrática. Las diferencias ideológicas entre los partidos que realmente importan son, en la práctica cotidiana del Congreso mexicano de 2026, más de tono que de sustancia. La oposición se distingue del partido en el poder principalmente en que acusa al sistema electoral de ser un monopolio. Lo cual puede ser cierto. Pero si el monopolio existe, la manera de acabar con él no es denunciarlo en tribuna tres veces por semana. Es construir una alternativa que la gente quiera elegir. Y eso, hasta ahora, la oposición no ha logrado hacerlo con la consistencia que el reto exige.
Un Congreso que no puede corregir al Ejecutivo cuando se equivoca deja al Ejecutivo sin el mecanismo más eficaz que las democracias modernas han inventado para evitar que los gobiernos se equivoquen sistemáticamente: la presión institucional del adversario que también quiere gobernar. Sin esa presión, el gobierno tiende a desarrollar una convicción que casi siempre es sincera y casi siempre es peligrosa: la de que sabe mejor que nadie lo que el pueblo necesita y que por lo tanto puede dárselo sin necesidad de que el pueblo lo pida formalmente. El Ejecutivo se convierte en un gobierno paternal. Conoce las necesidades de sus ciudadanos. Diseña los programas para atenderlas. Distribuye los beneficios entre quienes los merecen. Y lo hace con la misma certeza con que un padre de familia decide que sus hijos necesitan abrigarse más aunque los hijos digan que no tienen frío.
El problema — y es un problema que tiene consecuencias reales para personas reales — es que el país no es un hogar y el gobierno no es el padre de nadie. Es infinitamente más complicado conocer las necesidades reales de 130 millones de personas que las de cuatro que comparten refrigerador. Cuando un gobierno reemplaza la escucha institucional por la certeza ideológica, cuando decide lo que la gente necesita en lugar de crear los mecanismos para que la gente lo diga y sea escuchada, abre la posibilidad de equivocarse de manera sistemática y sin que nadie con suficiente poder institucional pueda corregirlo a tiempo. Esa posibilidad, cuando se actualiza, conduce a lugares que ningún partido gobernante ha querido visitar y que ningún ciudadano debería tener que conocer por experiencia propia.
Hay que reconocer, porque la honestidad lo exige y porque ignorarlo haría este análisis inútil, que el partido que gobierna México ha producido resultados reales en materia de reducción de pobreza, aumento del salario mínimo y acceso a programas sociales que sus antecesores no produjeron con la misma intensidad. Una parte genuinamente significativa de la población mexicana vive hoy en condiciones materialmente mejores que hace diez años. Ese dato no es propaganda. Es verificable. Y debe reconocerse.
Pero la situación sigue siendo, con todo eso, insatisfactoria en el sentido que más importa para la salud de largo plazo de un sistema político. Una sociedad donde todas las iniciativas relevantes descienden desde arriba, donde los ciudadanos reciben soluciones prefabricadas en lugar de participar en su diseño, donde la oposición es demasiado débil para corregir los errores del gobierno y demasiado irrelevante para reemplazarlo cuando falla, es una sociedad que ha cedido su autonomía política a cambio de transferencias monetarias y programas de bienestar. El intercambio puede parecer razonable en el corto plazo. En el largo plazo produce exactamente el tipo de ciudadano que el poder prefiere: agradecido, dependiente y poco inclinado a hacer preguntas incómodas.
Una sociedad donde todas las iniciativas vienen de arriba es, políticamente hablando, una sociedad en estado de minoría de edad. Y una sociedad en estado de minoría de edad es, por definición, una sociedad altamente jerarquizada. En ella opera el principio más antiguo y más resistente de la política mexicana: el que está en el poder, puede. El que no lo está, o no tiene a alguien en el poder que lo recuerde con afecto, sencillamente no cuenta.
Han pasado 56 años desde que esa frase fue escrita. Ha habido tres partidos distintos en el poder. La frase sigue siendo la descripción más exacta del sistema.
Eso no es un logro de ningún partido en particular. Es la constante más triste de la política mexicana. Y la única manera de cambiarla no es cambiar al partido que gobierna. Es cambiar la manera en que los ciudadanos entienden su propio papel en el sistema que los gobierna.
