El arte de los impuestos

"El arte de los impuestos consiste en desplumar al ganso obteniendo la mayor cantidad posible de plumas con la menor cantidad posible de graznidos."

— Jean-Baptiste Colbert

Cada septiembre, mientras la atención pública suele concentrarse en la política cotidiana, el Congreso recibe uno de los documentos que más directamente puede afectar la vida económica de los mexicanos: el Paquete Económico.

Ahí se decide cuánto pretende gastar el gobierno, cuánto espera recaudar, cuánto planea endeudarse y, eventualmente, qué impuestos podrían modificarse.

El Paquete Económico 2027 será presentado al Congreso a más tardar el 8 de septiembre, en un contexto particularmente sensible para las finanzas públicas: la necesidad de reducir el déficit, contener el crecimiento de la deuda y mantener la confianza de los mercados y las agencias calificadoras.

Y aunque no se anticipa, por ahora, una reforma estructural que transforme de raíz el sistema tributario mexicano, sí hay una palabra que comienza a aparecer con mayor frecuencia en la conversación: IEPS.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ha dejado de ser únicamente un mecanismo recaudatorio para convertirse también en una herramienta de política pública. Se grava aquello cuyo consumo el Estado busca desincentivar: tabaco, bebidas azucaradas, alcohol, combustibles y determinados productos.

¿Los impuestos que vienen buscan mejorar la salud de los mexicanos o resolver las necesidades financieras del gobierno?

Probablemente ambas cosas.

En 2026 ya vimos una modificación importante. Las bebidas saborizadas con azúcares añadidos comenzaron a pagar una cuota de 3.0818 pesos por litro, mientras que las bebidas con edulcorantes quedaron gravadas con 1.50 pesos por litro. También se estableció un incremento gradual en la cuota específica aplicable a los cigarrillos.

Ahora, rumbo a 2027, la discusión podría avanzar hacia nuevos productos.

Entre las posibilidades que han comenzado a plantearse está una revisión de los alimentos con exceso de sodio, como ciertas botanas, frituras y productos ultraprocesados. Actualmente, el IEPS a determinados alimentos no básicos con alta densidad calórica es de 8%, pero organizaciones dedicadas a la salud pública han propuesto elevarlo hasta 20%.

La lógica es sencilla: si un producto representa un costo futuro para el sistema de salud, el impuesto busca incorporar una parte de ese costo en el precio.

Pero la política fiscal nunca es tan sencilla como parece.

Porque un impuesto puede tener una finalidad saludable y, al mismo tiempo, convertirse en una fuente importante de ingresos para el Estado.

También está sobre la mesa una eventual modificación al régimen fiscal de las bebidas alcohólicas.

Actualmente, el IEPS federal distingue las bebidas según su graduación alcohólica. El sistema vigente grava en función del precio de venta, conocido técnicamente como un esquema ad valorem. Algunas propuestas plantean cambiarlo por un modelo basado directamente en la cantidad de alcohol puro contenida en cada bebida.

La diferencia es importante.

Bajo el sistema actual, una bebida más cara puede generar un impuesto mayor aunque contenga la misma cantidad de alcohol que otra más económica. Un modelo basado en volumen y contenido alcohólico cambiaría esa lógica.

El argumento de quienes impulsan esta modificación es que el impuesto debería gravar aquello que representa el riesgo sanitario: la cantidad de alcohol consumida, no únicamente el precio de la botella.

Las estimaciones sobre una eventual reforma muestran que la discusión también tiene una dimensión fiscal considerable.

Pero antes de celebrar una mayor recaudación debemos hacer una pregunta todavía más importante:

¿Para qué se utilizará ese dinero?

Si México aumenta los llamados impuestos saludables, sería razonable que una parte identificable de esos recursos se destinara efectivamente a prevención, atención médica, tratamiento de adicciones y campañas de salud pública.

Porque resulta difícil defender un impuesto con el argumento de proteger la salud si los recursos terminan perdiéndose dentro del gasto general.

La discusión llega, además, en un momento en que México enfrenta presiones fiscales importantes.

Citi ha estimado que el déficit fiscal podría ubicarse alrededor de 4.4% del PIB en 2026 y descender hacia 3.7% en 2027, mientras Hacienda ha planteado una trayectoria de consolidación gradual. La reducción del déficit será uno de los principales temas que analistas y calificadoras observarán en el próximo Paquete Económico.

La cuestión es que reducir el déficit exige tomar decisiones.

El gobierno tiene tres caminos principales: aumentar ingresos, disminuir gastos o recurrir a un mayor endeudamiento.

En la práctica, la combinación de estas opciones define la política económica.

Los impuestos saludables aparecen entonces como una alternativa políticamente menos costosa que modificar directamente el IVA o el ISR. Es más sencillo defender públicamente un aumento a productos asociados con riesgos sanitarios que proponer un incremento generalizado a los impuestos que pagan trabajadores y empresas.

Pero incluso los impuestos saludables tienen límites.

Un impuesto más alto puede afectar proporcionalmente más a quienes tienen menores ingresos si estos productos forman parte habitual de su consumo. Por eso, la política fiscal debe acompañarse de alternativas reales.

No basta con encarecer una bebida azucarada.

También debe facilitarse el acceso al agua potable.

No basta con gravar alimentos ultraprocesados.

También debe ser más accesible consumir alimentos saludables.

No basta con elevar el impuesto al alcohol.

También debe fortalecerse la prevención y el tratamiento de las adicciones.

De lo contrario, el impuesto corre el riesgo de convertirse únicamente en una herramienta para recaudar.

Y México necesita una discusión fiscal más profunda.

Durante años, el país ha enfrentado un problema estructural: las necesidades de gasto público crecen más rápido que la capacidad del Estado para recaudar recursos suficientes.

Las pensiones aumentan.

El costo financiero de la deuda exige cada vez mayores recursos.

Pemex continúa representando una presión importante para las finanzas públicas. El propio debate económico reciente ha advertido que el respaldo gubernamental a la empresa productiva del Estado seguirá siendo uno de los factores relevantes para evaluar la sostenibilidad fiscal del país.

Y mientras tanto, el gobierno debe financiar infraestructura, salud, educación, seguridad y programas sociales. El problema no se resolverá únicamente cobrando más impuestos a una cerveza, una fritura o un refresco.

Pero tampoco puede ignorarse que el sistema fiscal necesita encontrar nuevas fuentes de ingresos.Por eso, el Paquete Económico 2027 será más importante de lo que parece.

No se trata solamente de saber cuánto costará una bebida alcohólica o si aumentará el precio de ciertos productos.

Se trata de observar qué estrategia adoptará México para financiar su futuro.

¿Habrá una verdadera consolidación fiscal?

¿Se reducirá efectivamente el déficit?

¿Se protegerá la inversión pública?

¿Los nuevos impuestos tendrán un destino relacionado con la salud?

¿O simplemente veremos nuevos gravámenes para cubrir presiones presupuestarias acumuladas durante años?

El próximo Paquete Económico ofrecerá algunas respuestas. Porque los impuestos nunca son únicamente números. Detrás de cada impuesto existe una decisión política.

Decidir qué se grava es también decidir qué comportamiento se busca modificar. Pero decidir cómo se gasta lo recaudado revela, todavía con mayor claridad, cuáles son las verdaderas prioridades de un gobierno.

Los impuestos que vienen podrían cobrarse sobre el consumo. La verdadera pregunta es quién terminará pagando el costo de las decisiones fiscales de México.