02/09/2026 09:09 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 02/09/2026
Es bien sabido que, en los últimos años, las fronteras se han cerrado para las personas migrantes. Se trata de un fenómeno de alcance mundial en el que los gobiernos han hecho del control migratorio un eje central de sus políticas, destinando presupuestos considerables a la securitización, persecución, detención y retorno de quienes no cumplen con los requisitos documentales para permanecer en un país como inmigrantes.
Las caravanas que surgieron en 2018 nos interpelan profundamente: fuimos testigos del tránsito constante de personas obligadas a abandonar sus países de origen y atravesar el nuestro con la esperanza de alcanzar un mejor futuro en Estados Unidos. Aquel año, personas procedentes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador se congregaron hasta sumar más de siete mil, avanzando a pie y en aventón durante meses desde la frontera sur hasta la norte de México. Las caravanas pueden entenderse también como un acto político y una estrategia colectiva de protección y visibilización: al desplazarse públicamente y en grupo, las personas en movilidad dejan de transitar de manera aislada o clandestina y recuperan capacidad de agencia. Hacen visibles sus demandas, denuncian las causas que las obligaron a salir y disputan la narrativa que las presenta únicamente como víctimas pasivas. Caminar juntas les permite, además, compartir información, reducir costos y riesgos del trayecto, y reclamar el derecho a buscar protección y condiciones de vida dignas.
Como mexicanos, comprendemos bien la necesidad de emigrar ante la inseguridad, la falta de oportunidades, la violencia, la pobreza y otras desigualdades estructurales que dificultan sostener condiciones de vida dignas. Esta comprensión se ha forjado de manera entrañable: hemos visto partir a nuestros propios paisanos y hemos desarrollado estrategias de comunicación para preservar los lazos familiares y de amistad pese a la distancia. Sin embargo, como sociedad no hemos logrado desarrollar la misma empatía hacia quienes llegan a nuestro país como inmigrantes. En esta falta de empatía han influido ciertos discursos mediáticos que con frecuencia presentan las caravanas mediante imágenes de desorden, amenaza o crisis. Estas representaciones simplifican las historias de quienes migran, reproducen estereotipos y alimentan el miedo y la estigmatización, en lugar de favorecer la comprensión de las causas estructurales del desplazamiento y la dignidad de las personas.
Esta es una realidad que persiste y que continuará vigente. De acuerdo con lo reportado en medios de comunicación, en el último año se han registrado al menos cuatro caravanas que avanzaron desde la frontera sur de México, en Guatemala, hasta desintegrarse en Chiapas u Oaxaca. Una de ellas permanece activa y enfrenta dificultades de diversa índole: violencia, acoso, control de caminos, hambre, enfermedades y un sinfín de situaciones que vulneran a quienes la integran.
En esta ocasión, la caravana se ha autodenominado Sueños sin Fronteras y está conformada por aproximadamente 800 personas de nacionalidades diversas —venezolana, colombiana, guatemalteca, hondureña, haitiana y salvadoreña—, entre ellas mujeres, niños, niñas y adolescentes. A diferencia de casos anteriores, su motivación principal ya no es llegar a Estados Unidos, ante el reforzamiento de la seguridad fronteriza de ese país y la suspensión de trámites de asilo. En su lugar, buscan permanecer en México y reunificarse con familiares y conocidos, o bien esperar mientras mejoran las condiciones para continuar su trayecto hacia el norte.
Un aspecto que impacta profundamente a la sociedad es la visibilización, a través de las caravanas, de las vulneraciones extremas que enfrentan las personas migrantes y sus familias. Resulta particularmente desgarrador observar a familias con niños, niñas y adolescentes que recorren trayectos extenuantes —atravesando selvas, carreteras y controles fronterizos— y que en el proceso lo abandonan todo, viviendo bajo la incertidumbre y el temor constante de ser retornadas a la frontera, específicamente a Tapachula.
Si bien algunas personas migrantes han logrado establecer residencia e integrarse en distintos espacios de México, es evidente que el flujo migratorio continuará en aumento. Resulta necesario asumir que esta convivencia multinacional y diversa ya forma parte de nuestro contexto social, lo que exige atender las necesidades derivadas de dicha condición. Ante estos retos estructurales, el gobierno deberá generar estrategias de acompañamiento, información y atención dirigidas a estos grupos, además de identificar a la población en situación de atención prioritaria, con el fin de canalizarla hacia albergues, organizaciones no gubernamentales (ONG) y casas del migrante, garantizando así un espacio adecuado en la ciudad una vez que arriben a esta.
