Gobernadores, corrupción e impunidad en el México de siempre
"El pueblo que no se conoce a sí mismo, es fácil presa de los que lo engañan." — José Martí
Columna de opinión |Por: Isidro Aguado
Hoy, 5 de mayo de 2026, México conmemora 164 años de la Batalla de Puebla. Vale la pena recordar la historia con precisión, porque no siempre se cuenta completa. La batalla ocurrió el 5 de mayo de 1862, durante la Segunda Intervención Francesa, en un contexto en que el país atravesaba una profunda crisis económica derivada de años de guerras internas. El presidente Benito Juárez, para enfrentar la deuda externa, había decretado en 1861 la suspensión temporal de pagos a potencias como Francia, España e Inglaterra. Aunque inicialmente los tres países respondieron con presión diplomática y militar, Francia —bajo la ambición de Napoleón III— tenía objetivos más profundos: expandir su influencia en América y establecer un imperio subordinado en territorio mexicano. El ejército mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, contaba con unos cuatro mil hombres, la mitad de ellos ciudadanos sin preparación militar, frente a seis mil soldados franceses de élite considerados entonces los mejores del mundo. Los ganaron. Pero lo que el discurso oficial omite con comodidad es que esa victoria fue efímera.
Los franceses regresaron al año siguiente con 30 mil soldados, sitiaron Puebla durante 62 días y avanzaron hasta la Ciudad de México, donde establecieron el Segundo Imperio bajo Maximiliano de Habsburgo. Lo que también omite el discurso oficial es que una parte significativa de la élite conservadora mexicana no solo no resistió al invasor: lo aplaudió, lo invitó y colaboró con él activamente. Hay momentos en la historia donde el enemigo más peligroso no llega desde afuera. Viene de adentro, con bandera propia y cargo público.
Esa lección de 1862 resuena con una pertinencia brutal en la semana que acaba de terminar.
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, todos ellos políticos o funcionarios de Morena, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos. La acusación, contenida en un documento de 34 páginas, detalla una supuesta red de corrupción que habría operado durante más de una década, señalando que Rocha Moya habría recibido apoyo político y operativo del grupo criminal desde su ascenso electoral en 2021. La reacción del gobernador no se hizo esperar.
El 2 de mayo, Rocha Moya anunció que presentaba ante el Congreso local su solicitud de licencia temporal, argumentando que lo hacía desde su "profunda convicción republicana" y para facilitar las investigaciones de las autoridades mexicanas. Horas después, el Congreso de Sinaloa aprobó la licencia por unanimidad en sesión extraordinaria y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.
Conviene detenerse aquí y hacerse la pregunta que nadie en los medios oficialistas quiere responder con claridad: ¿para qué sirve realmente una licencia en estos casos? Rocha Moya solo podría enfrentar acción penal inmediata si pierde formalmente el fuero mediante renuncia o desafuero aprobado por diputados federales. La licencia no elimina el vínculo jurídico con la gubernatura y, por tanto, el mandatario podría seguir protegido frente a una posible orden de aprehensión o incluso una solicitud de extradición. Dicho en términos más directos: la licencia no es un acto de responsabilidad republicana. Es, una "simulación de rendición de cuentas" que permite salir temporalmente del foco político sin perder la protección constitucional.
No es la primera vez que este mecanismo se usa en México para ganar tiempo, enfriar el escándalo y esperar que el ciclo de noticias avance hacia otro tema. Es el arte del nado de lado institucionalizado, practicado con maestría por todas las siglas partidistas que han ocupado el poder en este país.
Y no es solo Sinaloa. También solicitó licencia el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, mientras que el senador Enrique Inzunza Cázarez, también señalado en la acusación estadounidense, se mantenía en el cargo sin dar mayores explicaciones. Paralelamente, los ojos de la opinión pública se volvieron hacia Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila —que ya no cuenta con visa estadounidense desde 2025— convocó a una reunión urgente en Tijuana este mismo 5 de mayo, aunque su vocero descartó categóricamente que fuera a pedir licencia.
El analista político Simón Levy fue más lejos y señaló públicamente que Marina del Pilar podría ser la siguiente en enfrentar imputaciones formales, junto con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y el michoacano Alfredo Ramírez Bedolla. Tres gobernadores en funciones que en las próximas semanas podrían convertirse en el nuevo capítulo de una crisis que Morena todavía no sabe cómo contener. Si esa proyección se confirma, México se encaminará hacia uno de sus momentos políticos más explosivos en décadas: mandatarios estatales enfrentando acusaciones de narcotráfico desde tribunales extranjeros, mientras el aparato jurídico nacional observa, analiza y, sobre todo, espera.
Frente a este cuadro, Morena reaccionó exactamente como lo predecía el manual de la política defensiva. En el Congreso Nacional del partido celebrado el fin de semana, Alfonso Durazo, presidente del Consejo General, ofreció un discurso de contención política: menos ideológico, más enfocado en evitar fracturas internas. Su llamado fue a la unidad y la disciplina, reconoció implícitamente las disputas por candidaturas y acusó a la oposición de una actitud de subordinación frente a intereses externos. La nueva dirigente del partido, Ariadna Montiel, prometió que los candidatos para las 17 gubernaturas de 2027 tendrán trayectorias "impecables" y que los corruptos no tendrán cabida en Morena. Es un compromiso que suena bien en el micrófono de un congreso partidista. El problema es que se pronunció ante una sala repleta de gobernadores, legisladores y funcionarios que cargan señalamientos públicos de diversa gravedad. La frase más honesta del congreso no la dijo ningún orador: la escribió el elefante que había en la sala y que nadie quiso nombrar directamente.
Lo que vemos con claridad es que, desde que ganaron el poder en 2018, Morena está por primera vez genuinamente a la defensiva en su propia narrativa. El discurso de superioridad moral que los llevó al poder se fractura cada vez que un gobernador de su partido solicita licencia con un documento de extradición encima de la mesa.
Pero sería demasiado cómodo dejar el análisis solo en Morena, porque los partidos que hoy gritan más fuerte tienen sus propios expedientes bien documentados. El PAN gobernó el país durante doce años, de 2000 a 2012, y su herencia incluye una guerra contra el narcotráfico que dejó más de cien mil muertos sin estrategia de resultados sostenibles, y el caso paradigmático de Genaro García Luna, secretario de Seguridad del presidente Felipe Calderón, condenado en 2023 precisamente en Nueva York — el mismo tribunal que hoy acusa a Rocha Moya — por narcotráfico y crimen organizado. No fue un funcionario menor: fue el hombre que Calderón puso a cargo de la seguridad nacional durante seis años. El PAN también tiene en su historial a gobernadores como Francisco Garrido Patrón en Querétaro, señalado por vínculos cuestionables, y una larga lista de alcaldes y funcionarios estatales procesados por corrupción en distintas entidades. Que hoy el blanquiazul se presente como alternativa moral no es audacia política: es amnesia selectiva. El PRI, por su parte, perfeccionó la corrupción como sistema de gobierno durante 71 años ininterrumpidos. Los casos de Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua y Roberto Borge en Quintana Roo — todos gobernadores priistas detenidos, procesados y condenados por desvío masivo de recursos públicos que se medían en miles de millones de pesos — deberían ser suficientes para que el tricolor guardara silencio. No lo guarda, porque en México el escándalo ajeno siempre es capital político propio, independientemente de lo que el espejo refleje.
Y no se quedan atrás las figuras en ascenso y los partidos que buscan registro o posicionamiento electoral de cara a 2027. Movimiento Ciudadano, que gobierna Jalisco y Nuevo León y aspira a convertirse en tercera fuerza nacional, lleva semanas con declaraciones encendidas sobre Sinaloa, sin que sus propios funcionarios locales estén libres de cuestionamientos sobre contrataciones, concesiones y ejercicio del gasto público. Figuras independientes que suenan como posibles candidatos a gubernaturas construyen hoy su imagen sobre las ruinas del escándalo ajeno con una calculada indignación mediática. El mecanismo es siempre el mismo: el escándalo del adversario se convierte en el trampolín propio, sin que nadie examine con el mismo rigor las redes de financiamiento, los apoyos empresariales o las lealtades políticas del aspirante de turno. La historia política de México está llena de esos personajes.
Octavio Paz los describió en El laberinto de la soledad como figuras que cambian de discurso según el viento pero cuyo ejercicio del poder reproduce siempre la misma estructura de complicidades. El problema no es el partido. Es la cultura del poder que sobrevive a todos los partidos.
El problema estructural que subyace a todo esto no es partidista: es sistémico. Ser candidato de un partido grande en México implica pasar por un proceso de selección que premia la lealtad al jefe político, la capacidad de movilizar recursos y la disposición a negociar con los poderes fácticos del territorio. El mérito, la trayectoria limpia y la vocación de servicio son virtudes que se mencionan en los discursos de arranque de campaña y se olvidan antes del primero de enero del primer año de gobierno.
Como señala el politólogo Jorge Buendía, México tiene elecciones competitivas pero carece de rendición de cuentas efectiva. Se puede cambiar de partido gobernante sin cambiar la cultura del poder. Y mientras eso no cambie, la licencia seguirá siendo el recurso favorito del político acorralado: no para enfrentar la justicia, sino para esquivarla con los formalismos que la propia ley pone a su disposición.
El general Ignacio Zaragoza ganó la batalla del 5 de mayo de 1862 con cuatro mil hombres mal armados frente al ejército más poderoso del mundo. Lo hizo porque tenía un proyecto claro, una lealtad sin negociación y la convicción de que defender la soberanía no era compatible con pactar con el invasor. Hoy, 164 años después, México enfrenta otra forma de intervención que no llega en barcos de guerra sino en documentos de 34 páginas firmados por fiscales en Nueva York. Y la diferencia fundamental es que esta vez el problema no viene de afuera. Los que pactaron con el crimen organizado tenían credenciales del partido gobernante en el bolsillo. Los que negociaron la soberanía del Estado lo hicieron desde la silla del gobernador, con presupuesto público y escolta oficial.
Zaragoza no pidió licencia cuando llegaron los franceses. Pero hay algo que esta columna no puede omitir al cerrar: el único actor que puede romper este ciclo en 2027 no es ningún partido, ningún tribunal extranjero ni ninguna nueva figura política con discurso de emergencia. Es el ciudadano que vota, el que exige, el que no acepta la amnesia como moneda de cambio. Mientras los mexicanos sigan eligiendo entre el escándalo conocido y la promesa sin historial, el elefante en la sala seguirá siendo el mismo, con distinto nombre en la credencial.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente inicio de semana lector@s.
El columnista es abogado, académico y analista político, autor de: Un país imaginario y Tras las cortinas del poder. Escribe todos los martes y viernes, su columna, Cambio de ritmo.