La viabilidad del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín
Cecilia Salgado-Viveros
Omar Stabridis
San Quintín se escindió de Ensenada y en el año 2020 fue declarado municipio; el sexto de Baja California. Es uno de los municipios con mayor extensión del país, con 35,191.9 km² y 117,568 habitantes y de los cuales 34.9% se encuentran en situación de pobreza, casi tres veces la media estatal del 13.4%. Asimismo, los rezagos en cuanto a infraestructura urbana, el acceso a servicios básicos en la vivienda como agua potable y luz eléctrica afecta irremediablemente la vida cotidiana de sus habitantes. Además, el municipio de San Quintín es uno de los grandes asentamientos conformado a partir de la migración de personas jornaleras agrícolas originarios de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, entre otros. Además de su composición étnica que es una de las proporciones más altas de la región noroeste.
En este contexto, el sábado 31 de enero de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, el cual busca mejorar las condiciones laborales con una certificación laboral de agroexportación, la cual obliga a que las empresas acrediten la seguridad social de sus jornaleros como requisito para exportar. En el rubro de salud a través de la construcción de un hospital y mejoramiento de centros de salud; respecto a la vivienda y servicios, las acciones se enfocan en la construcción y mejoramiento de 20 mil viviendas; en materia de educación se darán becas en todos los niveles educativos y ampliación de la UIBC; creación de dos centros de cuidado infantil para uso de las jornaleras y finalmente la regularización de predios.
Estas acciones son una respuesta que los habitantes de San Quintín tienen muchos años esperando, pero la pregunta que surge es ¿se puede llevar a cabo este Plan? Nos parece que sí se puede llevar a cabo siempre y cuando haya la suficiente coordinación interinstitucional entre los distintos órganos de gobierno que estarán involucrados, así como la participación e involucramiento de todos los actores de interés del municipio de San Quintín. Es fundamental que las distintas secretarías involucradas (SEDATU, Trabajo, Salud y Bienestar) desarrollen y apliquen un plan intersecretarial para que se generen las sinergias necesarias generen los beneficios esperados en la población. La participación de actores de la sociedad civil como sindicatos, asociaciones civiles, empresarios y comités vecinales será importante para contar con el monitoreo de las acciones gubernamentales.
En cuanto a las condiciones laborales, el reto central es cómo transitar hacia un mercado laboral con menor precariedad. La modalidad "saliendo y pagando" — pago por destajo, en efectivo, sin contrato ni seguridad social — no es consecuencia exclusiva de las malas prácticas patronales. Responde también a una racionalidad económica que, en ciertos casos, es adoptada voluntariamente por los propios trabajadores: la informalidad les permite desplazarse entre distintos empleadores según la temporada, maximizar ingresos en períodos de alta demanda y evitar los descuentos que implica la formalización. Esto no exime a los patrones de su responsabilidad legal ni justifica la evasión de la seguridad social, pero sí revela que el problema tiene una dimensión estructural que el certificado laboral de agroexportación, por sí solo, difícilmente resolverá. La formalización sostenida requerirá que las condiciones ofrecidas por el empleo formal — salario, prestaciones, certeza jurídica — sean genuinamente más atractivas que las del mercado informal, algo que hoy no siempre ocurre en los campos de San Quintín.
Cecilia Salgado-Viveros es estancia postdoctoral en el Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte.
Omar Stabridis es investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública y Director General de Docencia de El Colegio de la Frontera Norte.