Tijuana: la silla musical
"En política, cambiar de silla es sencillo; lo difícil es demostrar que merecías ocupar la anterior"
Hay políticos que parecen tenerle un cariño extraordinario al servicio público, aunque ese cariño coincida, curiosamente, con la posibilidad de ocupar un cargo distinto. Apenas se acomodan en una oficina, comienzan a mirar hacia otra; todavía no terminan de explicar los resultados de una responsabilidad y ya encuentran motivos para aspirar a la siguiente. En política, al parecer, siempre hay una silla más interesante que la que se está ocupando.
No suelo detenerme a escribir sobre algunos de estos personajes, y no lo digo desde la arrogancia ni porque considere que sus aspiraciones carezcan de importancia. Lo hago porque, en ocasiones, tengo la impresión de que volvemos al mismo punto: los mismos nombres, las mismas trayectorias circulares y una clase política que parece confundir la permanencia en el poder con la construcción de una carrera pública. Pero Tijuana merece una conversación más seria que la simple actualización de una lista de aspirantes.
La convocatoria interna de Morena para definir las coordinaciones municipales rumbo a 2027 abrió una nueva temporada de movimientos políticos. El registro comenzó el 8 de octubre y concluye el día 18. Aunque estas coordinaciones todavía no equivalen formalmente a candidaturas, el proceso ya permite observar quiénes buscan posicionarse para competir por la alcaldía.
Entre los nombres que han aparecido están el actual alcalde, Ismael Burgueño Ruiz, quien manifestó su intención de participar en busca de la reelección; Catalino Zavala Márquez, exdirigente estatal de Morena y exsecretario general de Gobierno; y el diputado federal Gilberto Herrera Solórzano, quien anunció su registro el 15 de octubre. A ellos se suman Araceli Geraldo Núñez, quien confirmó su inscripción, y Vicenta Espinosa Martínez, quien informó que acudió al Comité Ejecutivo Nacional de Morena para realizar su registro.
También figuran Evangelina Moreno Guerra, diputada federal con licencia; Evelyn Sánchez Sánchez, diputada local que ha expresado interés en la alcaldía; Jesús García Castro, con trayectoria en la administración estatal; y María del Carmen Espinoza Ochoa, conocida como Meli Espinoza, quien busca participar en el proceso interno. Ramón Vázquez Valadez, actual secretario de Gobierno municipal, también aparece en la conversación pública como posible aspirante, aunque su interés debe distinguirse de una inscripción formal confirmada.
La lista no necesariamente termina ahí. En el entorno de los partidos aliados también se ha mencionado a Montserrat Caballero, expresidenta municipal que milita en el Partido del Trabajo, mientras que el Partido Verde podría plantear sus propios perfiles. Sin embargo, las aspiraciones individuales, los registros internos y las eventuales candidaturas de una coalición son asuntos distintos. Conviene no confundirlos ni presentar como decidido lo que todavía está sujeto a negociaciones y reglas partidistas.
La pregunta, sin embargo, no es cuántos nombres caben en la convocatoria. La pregunta es qué ofrece cada uno a una ciudad que enfrenta problemas demasiado concretos para convertirse en un simple escalón profesional: movilidad, seguridad, servicios públicos, crecimiento urbano, agua, infraestructura y una desigualdad territorial que se hace evidente cuando uno se aleja de las zonas más visibles de Tijuana.
¿Con qué resultados llega cada aspirante? ¿Qué compromisos asumió en su responsabilidad anterior? ¿Qué pudo cumplir, qué quedó pendiente y por qué? ¿Qué propone hacer de manera distinta? Son preguntas elementales, pero con frecuencia desaparecen debajo de las fotografías, las reuniones, los respaldos políticos y los anuncios de que alguien está listo para dar el siguiente paso.
Aquí aparece una distinción fundamental: aspirar a otro cargo no es, por sí mismo, una falta. La competencia política es legítima y la experiencia acumulada puede ser útil. El problema comienza cuando la aspiración sustituye a la responsabilidad, cuando el siguiente puesto recibe más atención que el actual o cuando la ciudadanía termina funcionando como espectadora de una sucesión interminable de promociones personales.
En una democracia, el cargo público no debería entenderse como una propiedad ni como una estación provisional en una carrera de ascensos. Es un mandato sujeto a obligaciones, plazos y resultados. Si alguien considera que puede aportar más desde otra posición, tiene derecho a plantearlo; pero también debería explicar qué deja pendiente, cómo garantizará la continuidad del trabajo y por qué su siguiente proyecto merece la confianza pública.
Por eso considero que ha llegado el momento de discutir una propuesta que vaya más allá de los discursos sobre ética y compromiso. México necesita fortalecer un sistema de evaluación pública de resultados que permita consultar, de manera sencilla y comparable, los compromisos asumidos por cada funcionario, sus avances, los pendientes y las razones documentadas de los retrasos. Los informes de gobierno no deberían ser únicamente ceremonias políticas, sino ejercicios de rendición de cuentas que puedan contrastarse con metas verificables.
También sería conveniente discutir reglas más claras para quienes abandonan anticipadamente una responsabilidad con el propósito de buscar otra. No se trata de impedir las aspiraciones legítimas ni de restringir derechos políticos, sino de garantizar transiciones ordenadas, informes de cierre, continuidad administrativa y transparencia sobre los compromisos que quedan sin concluir. Cualquier reforma tendría que respetar la Constitución, los derechos de participación y las facultades de cada nivel de gobierno.
La exigencia debe ser pareja. No importa si el aspirante pertenece a Morena, al PAN, al PRI, al PT, al Partido Verde o a cualquier otra fuerza política. Si el principio es que el servicio público constituye una responsabilidad con la ciudadanía, no puede convertirse en una regla que se aplica a los adversarios y se olvida cuando se trata de los propios.
Tijuana no necesita únicamente políticos que sepan registrarse, construir alianzas o colocarse en la conversación pública. Necesita representantes capaces de explicar qué hicieron con la oportunidad anterior y qué aprendieron de ella. La experiencia política puede ser valiosa, pero solo cuando se traduce en mejores decisiones, instituciones más eficaces y resultados que puedan comprobarse.
Al final, la ciudad no es una oficina de recursos humanos donde cada tres años se revisan currículos para decidir quién merece un ascenso. Es una comunidad de personas que necesitan soluciones, no una rotación permanente de aspiraciones.
La verdadera pregunta no es quién quiere sentarse en la silla de la alcaldía. Es quién está dispuesto a responder por lo que significa ocuparla.
Porque si cada cargo se convierte en la antesala del siguiente, la política deja de ser un ejercicio de responsabilidad y se parece demasiado a un juego de sillas musicales: todos buscan un lugar cuando termina la música, pero nadie parece preguntarse quién se quedó resolviendo los problemas cuando ellos se levantaron.