El aguante terminó; el hartazgo, a las calles
A mediados de septiembre las calles de Europa se cimbraron nuevamente. Miles de personas, jóvenes principalmente, manifestaron descontento por las condiciones prevalecientes, producto de medidas gubernamentales que impactan su cotidianidad y condenan a un futuro incierto. En Francia, estudiantes de secundaria expusieron la crisis de la educación pública, donde entre un deterioro generalizado brilla por su carencia el personal docente. El malestar repercutió en diversas urbes europeas, sumándose otros sectores y otras motivaciones, con lo que las demandas incrementan y diversifican.
El aumento del costo de la vida y la pérdida del poder adquisitivo permean en el viejo continente, y de aquí desprende otra causa del descontento: la carestía de la vivienda. En España y Portugal los precios del alquiler son prácticamente inaccesibles. Destaca que en Madrid se abandera el caso de Maricarmen Abascal, octagenaria desalojada del departamento donde vivió durante 70 años ante la imposibilidad de pagar un arriendo que incrementó de 500 a 2650 euros mensuales. Pese a que logró su reinstalación, Maricarmen no pudo retornar a su domicilio pues falleció. En su nombre, jóvenes instalaron campamentos en la Puerta del Sol, reclamando soluciones.
Los motivos de la protesta varían en cada región, pero muestran que las preocupaciones son compartidas e intergeneracionales. Los detonantes de la desazón no son coyunturales; obedecen al agotamiento de un modelo voraz, que ha beneficiado a los menos a costa de pauperizar a los más. Lo más lamentable es que la inconformidad ha recibido como respuesta la Razón de Estado. En el colmo del absurdo, mientras se ventilan planes de ahorro con recortes en la agenda social ‒salud, pensiones, educación‒, la chequera se abre para apuntalar a Ucrania en su fallida guerra contra Rusia, y en Bruselas se discute sobre recursos para desarrollos militares.
De este lado del Atlántico, en Guadalajara, la ciudadanía no pasa tiempos mejores; recientemente estalló un conflicto por el "agua puerca" que circula en la red hidráulica. Es inverosímil que, por inacción gubernamental y el rumor de un objetivo privatizador, la gente padezca por meses un pésimo servicio del hídrico, que emana de los grifos contaminado con coliformes fecales y presuntos metales pesados. Frente a las movilizaciones en demanda de agua limpia, la réplica fue igualmente la Razón de Estado: represión con toletes, gases lacrimógenos y ‒paradójicamente‒ chorros de agua. Ahora, la situación escaló: se exige castigo para los represores y revocación de mandato del gobernador.
Tanto en Guadalajara como en ciudades europeas, son sellos compartidos tanto el empecinamiento oficial de priorizar el orden económico (estabilidad de los mercados, propiedad privada y certidumbre para las inversiones) como la resistencia al soslayo de las necesidades vitales. Converge un modelo que traslada los costos de las crisis a las clases bajas y medias. En esta tesitura, cuando se percibe una "amenaza a la estabilidad", la autoridad deja ver su cara cruda, criminalizando y reprimiendo. El disgusto ciudadano y la respuesta tiránica se explican bajo una lógica: el neoliberalismo.
La zozobra encuentra sustento en ideas como "acumulación por desposesión", en que el sector privado se apropia de rubros antaño protegidos o regulados por el Estado. También, en la directiva de eficiencia financiera de la austeridad, que se traduce en disminución al presupuesto público destinado a mantenimiento, infraestructura y personal. En este periplo, vivienda, salud, o acceso a un agua de calidad dejan de ser derechos populares, en beneficio del mercado.
El sistema dominante está en su punto de fallo, por lo que el contrato social parece romperse irremediablemente. La sentencia es así: o los gobiernos cambian por convicción propia o las sociedades los cambiarán por compulsión existencial.