28/08/2026 15:27 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 28/08/2026
"La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo."
— Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 39
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no puedan conservar otra nacionalidad al momento de solicitar su registro como candidatos. La propuesta contempla modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales y busca que, en caso de contar con una segunda ciudadanía, ésta sea formalmente renunciada antes de competir por esos cargos.
La discusión, sin embargo, no debería reducirse a una pregunta superficial: ¿tener dos pasaportes significa tener dos lealtades?
La respuesta no es tan sencilla.
La doble nacionalidad es una realidad profundamente arraigada en la historia contemporánea de México. Desde las reformas de finales de los años noventa, millones de familias mexicanas han construido vidas entre dos países. Hay mexicanos que nacieron en Estados Unidos de padres mexicanos; otros nacieron en México y posteriormente adquirieron la ciudadanía estadounidense; y también existen familias cuya identidad, patrimonio y trayectoria profesional transcurren simultáneamente a ambos lados de la frontera.
Por eso, hablar de una cifra exacta de mexicanos con doble nacionalidad resulta complicado. México no cuenta con un padrón nacional definitivo que permita establecer un número preciso. Sin embargo, la dimensión del fenómeno es enorme: para 2023, más de 4.18 millones de personas nacidas en México residentes en Estados Unidos tenían ciudadanía estadounidense, según estimaciones basadas en datos del Census Bureau. Esa cifra no equivale automáticamente al número total de mexicanos con doble nacionalidad, pero permite dimensionar la magnitud del universo involucrado.
A ello debe añadirse la población nacida en Estados Unidos de origen mexicano. En 2021, se estimaban 26.6 millones de personas de origen mexicano nacidas en territorio estadounidense, aunque evidentemente no todas cuentan necesariamente con nacionalidad mexicana formalizada.
Estamos, por tanto, frente a una realidad transnacional.
Y precisamente ahí comienza el verdadero debate.
En lo personal, coincido parcialmente con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Coincido en algo fundamental: quien aspire a conducir el Estado mexicano desde la Presidencia o una gubernatura debe tener una relación jurídica y política absolutamente clara con México. No porque quien posea otra nacionalidad sea automáticamente menos mexicano, sino porque los cargos ejecutivos concentran decisiones relacionadas con seguridad nacional, relaciones internacionales, fuerzas públicas, recursos estratégicos y soberanía.
Un presidente o gobernador no representa únicamente a sus simpatizantes. Representa institucionalmente a una entidad política y a millones de ciudadanos.
Pero también considero que debemos tener cuidado con el argumento de que doble nacionalidad equivale automáticamente a doble lealtad.
Eso sería una simplificación peligrosa.
Una persona puede tener ciudadanía de dos países y mantener una profunda identidad mexicana. Millones de connacionales que viven en Estados Unidos envían remesas, sostienen familias, invierten en comunidades mexicanas y conservan vínculos culturales mucho más fuertes que algunos políticos que nunca han tenido otra nacionalidad.
La lealtad no siempre se encuentra en un documento.
También se demuestra en las decisiones.
El PRI ha rechazado la iniciativa argumentando que la doble nacionalidad es un derecho y que no debería convertirse en motivo de discriminación política. Su postura tiene un punto jurídicamente relevante: cualquier restricción al derecho de ser votado debe estar sólidamente justificada, ser proporcional y perseguir un objetivo constitucional legítimo.
Entonces, ¿la iniciativa es discriminatoria?
No necesariamente.
En términos constitucionales, una diferencia de trato no es automáticamente discriminación. El Estado puede establecer requisitos especiales para determinados cargos cuando existe una justificación objetiva y razonable. La edad mínima para ser presidente, el requisito de residencia o la nacionalidad por nacimiento son ejemplos de restricciones específicas vinculadas a la naturaleza del cargo.
La pregunta central será si obligar a renunciar a otra nacionalidad supera una prueba de proporcionalidad: ¿es realmente necesaria esta medida para proteger la soberanía nacional?
Otros países han adoptado restricciones similares. Australia, por ejemplo, mantiene reglas constitucionales que han impedido que personas con ciudadanía extranjera ocupen escaños parlamentarios, mientras que Nigeria establece restricciones para determinadas circunstancias relacionadas con la adquisición de otra ciudadanía y la elegibilidad presidencial.
Es decir, México no estaría inventando una discusión.
El caso adquiere mayor relevancia porque existen figuras políticas mexicanas con doble nacionalidad. Uno de los nombres que ha aparecido recientemente en el debate es el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuya situación fue mencionada por la propia presidenta al explicar la necesidad de revisar el marco constitucional.
Sin embargo, sería incorrecto afirmar que todos los políticos con doble nacionalidad viven fuera de México o que una segunda ciudadanía determina automáticamente su comportamiento político. Eso tendría que demostrarse caso por caso.
Aquí está el verdadero desafío de la reforma.
México debe proteger su soberanía sin convertir a millones de mexicanos en ciudadanos sospechosos. Debe exigir claridad absoluta a quienes aspiren a ejercer el máximo poder público, pero sin despreciar a una comunidad binacional que también forma parte de la nación.
Porque México ya no termina en sus fronteras.
Hay un México que vive en California, Texas, Illinois y Arizona. Hay familias divididas por una línea territorial, pero unidas por la lengua, la historia y los vínculos familiares.
Por eso, la discusión no debería ser quién es más mexicano.
La discusión debería ser otra: ¿qué nivel de compromiso exclusivo debe exigirse a quien pretende ejercer el mayor poder político sobre la nación?
En esa pregunta está el corazón del debate.
Y ahí, probablemente, México tendrá que decidir si una nacionalidad es solamente un derecho de identidad o, cuando se trata de gobernar, también una definición de responsabilidad.
