2027: La elección comienza

"Una elección comienza mucho antes de que se impriman las boletas; comienza cuando los ciudadanos empiezan a recordar."

Hay una escena que se repite en México con una puntualidad casi institucional. Faltan meses para una elección y algunos políticos comienzan, súbitamente, a multiplicar su presencia pública. Aparecen en fotografías, recorren colonias, participan en reuniones vecinales, visitan mercados y recuperan, con admirable precisión, el recuerdo de aquellas comunidades que durante algún tiempo parecían haber quedado fuera de su agenda. La elección todavía no comienza formalmente, pero la competencia política ya está en marcha.

Y quizá lo más interesante es que, en algunos casos, quienes comienzan a buscar el siguiente cargo todavía no han concluido el que recibieron de los ciudadanos.

El Instituto Nacional Electoral ha establecido ya el calendario que conducirá al proceso electoral nacional 2026-2027, cuyo inicio formal está previsto para el 10 de septiembre de 2026 y cuya jornada electoral tendrá lugar el domingo 6 de junio de 2027. Se renovarán las 500 diputaciones federales y concurrirán elecciones locales para gubernaturas, congresos y ayuntamientos en distintas entidades del país. La dimensión de estos comicios obliga a observarlos no solamente como una competencia entre partidos, sino como un nuevo momento de evaluación de la representación política en México.

En Baja California, la relevancia será particularmente significativa. Los ciudadanos elegirán la gubernatura, las 25 diputaciones que integran el Congreso local y los siete ayuntamientos. En otras palabras, no estaremos únicamente frente a una renovación de nombres y cargos, sino ante una nueva oportunidad para evaluar la manera en que se ha ejercido el poder público.

Y aquí comienza una discusión que suele quedar relegada detrás de las encuestas y las negociaciones partidistas: ¿qué significa realmente representar a los ciudadanos?

La democracia representativa parte de una premisa sencilla, aunque sus consecuencias son mucho más complejas: los ciudadanos delegan temporalmente una parte de su capacidad de decisión en personas que deberán ejercerla en su nombre. El cargo público, por tanto, no constituye una propiedad personal ni una plataforma privada de promoción política; es una responsabilidad otorgada mediante el voto.

Sin embargo, nuestro sistema político produce también incentivos particulares. El representante sabe que su futuro político depende, en buena medida, de conservar visibilidad, construir alianzas, mantener estructura territorial y proyectarse hacia el siguiente proceso electoral. De esta manera, la lógica de la representación puede entrar en tensión con la lógica de la carrera política.

Es entonces cuando aparece una pregunta: ¿en qué momento un funcionario deja de trabajar para concluir satisfactoriamente el encargo que recibió y comienza a trabajar para obtener el siguiente?

La cuestión no implica cuestionar la legítima aspiración de cualquier ciudadano a participar nuevamente en la vida pública. Una democracia necesita políticos con aspiraciones y partidos capaces de renovar sus cuadros. El problema surge cuando la siguiente candidatura comienza a convertirse en una prioridad superior al cumplimiento de la responsabilidad vigente.

Un regidor puede aspirar a una diputación. Un diputado puede aspirar a una alcaldía. Un alcalde puede pretender una gubernatura. Nada de ello resulta incompatible con la democracia. Lo cuestionable sería que el ciudadano termine convertido en un simple mecanismo de ascenso dentro de una carrera política.

Por eso las próximas elecciones deberían ser también un ejercicio de memoria.

Las encuestas tendrán un papel central. Veremos mediciones de conocimiento, preferencias, competitividad y posibles escenarios. Algunas serán instrumentos metodológicos serios; otras probablemente funcionarán como mecanismos de posicionamiento político. Pero incluso la mejor encuesta tiene una limitación fundamental: puede medir percepción, intención o conocimiento, pero no puede sustituir la evaluación integral del desempeño de un servidor público.

Una cifra puede indicarnos quién es conocido. No necesariamente quién ha trabajado.

Puede mostrarnos quién tiene posibilidades de ganar. No necesariamente quién merece hacerlo.

La evaluación ciudadana debería comenzar en otro lugar: en el territorio, en los resultados y en la capacidad de responder ante quienes otorgaron el voto.

¿Quién regresó a su comunidad después de ganar? ¿Quién atendió una gestión cuando no había cámaras? ¿Quién defendió los intereses de su distrito cuando hacerlo no generaba capital político? ¿Quién cumplió aquello que prometió?

Estas preguntas adquieren especial relevancia cuando observamos la cantidad de recursos públicos destinados al funcionamiento de nuestra democracia. Para 2027, el INE ha planteado un financiamiento público para los partidos políticos cercano a los 10 mil 842 millones de pesos, de los cuales alrededor de 2 mil 363 millones corresponderían a gastos de campaña para la elección federal de diputaciones. La cifra obliga a recordar que las elecciones no son únicamente una competencia política: también representan un considerable esfuerzo financiero de la sociedad.

Por ello, la discusión sobre los candidatos debería superar la lógica de quién tiene más posibilidades de ganar y comenzar a preguntarse quién tiene mejores argumentos para gobernar o representar.

En Baja California veremos nuevamente nombres conocidos, nuevos aspirantes, alianzas, encuestas, negociaciones y fotografías. Algunos tendrán resultados que mostrar; otros tendrán relaciones políticas. Algunos contarán con estructura territorial; otros con presencia digital. Algunos podrán hablar de trabajo realizado; otros tendrán que recurrir principalmente a promesas.

Será responsabilidad de los ciudadanos distinguir entre ellos.

Porque la democracia no consiste únicamente en votar. También implica evaluar, exigir cuentas y recordar.

La elección de 2027 llegará oficialmente el 6 de junio, pero la evaluación de quienes pretenden participar ya comenzó. Y quizá esa sea la parte más importante del proceso: decidir si quienes solicitan nuevamente nuestra confianza han demostrado previamente que supieron utilizarla.

No se trata de impedir que un funcionario aspire a otro cargo. Se trata de establecer una regla democrática elemental: antes de solicitar una nueva responsabilidad, debería existir evidencia de haber cumplido la anterior.

La política necesita ambición, pero la ambición sin responsabilidad puede convertir el servicio público en una carrera interminable por el siguiente puesto.

Por eso, cuando comiencen a aparecer los nombres, las encuestas y las listas de posibles candidatos, quizá convenga mirar más allá de los porcentajes. Preguntemos quién estuvo cuando no había elecciones, quién regresó después de obtener el voto, quién rindió cuentas y quién terminó el trabajo que se le encomendó.

Porque las encuestas pueden medir popularidad, los partidos pueden medir competitividad y las campañas pueden construir una imagen.

Pero solamente los resultados pueden demostrar capacidad.

Y solamente la memoria ciudadana puede decidir si esa capacidad merece una nueva oportunidad.

Para ganar una elección puede bastar una buena campaña. Para merecerla, hace falta haber trabajado antes.