30/06/2026 16:22 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 30/06/2026
"La justicia que solo funciona cuando el agresor ya no sirve al poder, no es justicia. Es administración de daños."
En México son asesinadas entre 10 y 11 mujeres cada día.
El INEGI documenta que el 70 por ciento de las mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En Baja California, 3 mil mujeres denunciaron ser víctimas de violencia de género en lo que va de 2026, cifra que representa solo la fracción visible de un problema cuya magnitud real se esconde en el silencio, el miedo y la certeza de que denunciar raramente cambia algo. En 2025, el 100 por ciento de las periodistas agredidas en Baja California sufrió violencia psicológica, en un territorio donde la probable colusión de autoridades con grupos del crimen organizado eleva los riesgos de manera diferenciada para quienes ejercen el periodismo siendo mujeres. Son cifras que describen una crisis sistémica. Pero cuando el agresor pertenece a la élite gobernante, esa crisis sistémica se entrelaza con algo aún más profundo y más difícil de erradicar: la impunidad que no tiene color partidista pero sí tiene una lógica perfectamente consistente. En México, el político que agrede a una mujer no cae porque se haya hecho justicia. Cae cuando ya no le sirve al poder que lo protegía.
El caso más reciente lo ilustra con una precisión que duele. El 26 de junio, María Felicia Jiménez, de nacionalidad cubana y esposa de Víctor Rodríguez Padilla, publicó en YouTube una serie de videos en los que se ve al exdirector general de Pemex golpearla frente a su hijo de cinco años, quien corre atemorizado hacia otro cuarto. Los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2026, cuando Rodríguez Padilla todavía fungía como director de la petrolera estatal. La grabación, captada por una cámara de seguridad en el interior de un domicilio en Emiliano Zapata, Morelos, muestra al exfuncionario forcejeando, sometiendo y jalando del cabello a su esposa. Por su condición de migrante, Jiménez tardó meses en hacer pública la denuncia. "A él no le gustaba que yo le dijera las verdades incómodas, porque cuando tienes esos puestos te crees Dios todopoderoso", declaró a Aristegui Noticias.
Lo que ocurrió a continuación revela más sobre el sistema que el propio video. El 1 de junio de 2026, el INEEL realizó una ceremonia en la que Rodríguez Padilla fue presentado como nuevo director general de la dependencia, rodeado de su equipo directivo y de la comunidad académica. Es decir: mientras el video de la agresión del 15 de marzo existía, mientras María Felicia guardaba las grabaciones esperando el momento de tener el valor suficiente para publicarlas, el gobierno de Claudia Sheinbaum — que conoce a Rodríguez Padilla desde la Facultad de Ciencias de la UNAM y que lo nombró director de Pemex al inicio de su administración — le entregaba un nuevo cargo público. Solo cuando los videos se viralizaron y la presión mediática resultó insostenible, la Secretaría de Energía aclaró que Rodríguez Padilla no ocuparía ningún cargo como servidor público y que no se contemplaba formalizar su nombramiento.
La Fiscalía de Morelos abrió una carpeta de investigación. La Secretaría de las Mujeres emitió un comunicado condenando los hechos. La presidenta Sheinbaum declaró que se le brindaría toda la ayuda a la víctima. Todo llegó en el orden correcto. Primero el video viral. Luego la indignación pública. Después la reacción institucional. Ese orden no es casualidad. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado.
Porque el caso de Rodríguez Padilla no es una excepción. Es la confirmación de un patrón que atraviesa todos los partidos y todos los sexenios con una consistencia que hace inútil el argumento de la ideología. En 2021, Félix Salgado Macedonio acumuló denuncias por violación agravada en Guerrero. Morena lo sostuvo. El INE tiró su candidatura por fallas de fiscalización, no por las acusaciones de violencia sexual. El sistema lo premió: el gobierno del estado lo heredó su hija, hoy es senador hasta 2030 con fuero y ya aspira de nuevo a la gubernatura guerrerense. En 2018, Cuauhtémoc Blanco fue gobernador de Morelos con una denuncia por tentativa de violación contra una hermana activa en su expediente. En lugar del juzgado llegó al Congreso y desde septiembre de 2024 es diputado federal con fuero. En 2012, el PRD sostuvo a Rubén Escamilla, aspirante a diputado local capitalino, pese a un video donde coaccionaba sexualmente a una subordinada en la delegación Tláhuac. Ganó, rindió protesta y fue cobijado por la impunidad. En 2022, el historiador Pedro Salmerón fue propuesto como embajador en Panamá pese a denuncias de acoso de exalumnas del ITAM. Panamá negó el beneplácito y el gobierno de López Obrador lo recicló al frente del Archivo General Agrario.
La lógica detrás de cada uno de esos casos es siempre la misma. Los partidos postulan a hombres con carpetas abiertas sabiendo que los juicios tardan años, hasta que el cargo o el fuero los blinda. Las fiscalías congelan expedientes, reclasifican delitos sexuales a faltas menores y amedrentan a las denunciantes. Y el poder político activa el pacto patriarcal: defender al agresor cuesta menos que perder el activo político que representa. Ese cálculo no tiene bandera. Lo hizo el PRD, lo hizo el PRI, lo hace Morena. Lo que lo diferencia es la escala y la visibilidad.
En Baja California, el Instituto Estatal Electoral cuenta con guías específicas para que las mujeres en ejercicio de cargos públicos puedan identificar y denunciar violencia política en razón de género. El marco normativo existe. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue reformada en 2020 para incluir la violencia política como categoría específica. Los mecanismos están escritos en papel. El problema es que entre el papel y la realidad existe un abismo que se llama impunidad estructural. Baja California no es solo una estadística de violencia doméstica. Es una entidad donde la frontera, la maquila, la migración y los grupos del crimen organizado crean condiciones de vulnerabilidad específicas para las mujeres que ninguna guía del IEE puede resolver por sí sola.
La excepción confirma la regla con una claridad que resulta paradójicamente esclarecedora. En 2021, el Congreso desaforó al diputado morenista Saül Huerta, detenido en flagrancia por abuso sexual de un menor. Fue sentenciado a 22 años de prisión y murió en 2025. ¿Qué lo diferencia de Félix Salgado o de Cuauhtémoc Blanco? Que fue detenido en flagrancia. Que el video era imposible de ignorar. Que ya no tenía ningún activo político que proteger. Las excepciones en este sistema no obedecen a la justicia. Obedecen al control de daños. Se sacrifica al prescindible para proteger al imprescindible.
En 2025, México se convirtió en el segundo país más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico después de Gaza, según Reporteros sin Fronteras. El primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum fue también el más violento registrado para las mujeres periodistas, con 338 agresiones documentadas. El discurso público de la primera presidenta de México sobre la igualdad de género es, en muchos momentos, genuino y comprometido. El problema es que ese discurso coexiste con la misma lógica sistémica que permitió que Víctor Rodríguez Padilla asumiera un nuevo cargo público tres meses después de golpear a su esposa frente a su hijo de cinco años. María Felicia Jiménez lo dijo con una precisión que ningún comunicado institucional puede refutar: "El discurso público de Víctor sobre la soberanía energética y la defensa de la igualdad de las mujeres no se correspondía con su conducta en el hogar." Esa brecha entre el discurso y la conducta no es solo de Rodríguez Padilla. Es de un sistema que lleva décadas aprendiendo a hablar de género mientras protege a los agresores que le resultan útiles.
La impunidad en los delitos de violencia de género en México supera el 95 por ciento. Mientras el castigo dependa de los votos que sume el agresor, del partido que lo cobije o de que su víctima tenga el valor, los recursos y la suerte de que su denuncia se vuelva viral, lo que opera no es justicia. Es una negociación. Y cada carpeta congelada, cada embajada negada que se resuelve con un cargo alternativo, cada candidatura sostenida pese a las denuncias, le avisa a la siguiente mujer que su denuncia pesa menos que una curul. En Baja California, en Guerrero, en Morelos, en la Ciudad de México, el mensaje es el mismo en todos los colores partidistas. El agresor que sirve al poder dura hasta que el video se viraliza. El que ya no sirve, cae. A eso no se le llama justicia. Se le llama administración de la impunidad. Y mientras eso no cambie, ninguna guía del IEE, ningún comunicado de la Secretaría de las Mujeres y ninguna declaración presidencial de condena resolverá lo que el sistema produce con una regularidad que ya no sorprende a nadie.
En México, el poder no castiga al agresor. Si es útil, lo protege. Si ya no sirve, lo sacrifica. Y a eso le llama justicia.
