La urgencia de especializar la justicia familiar

"El abogado no es un mero técnico del procedimiento; es, ante todo, un garante de la justicia. Y sin preparación suficiente, esa garantía se convierte en ilusión." — Piero Calamandrei

Por Isidro Aguado Santacruz

Una tarde cualquiera —de esas que no anuncian tragedias pero las contienen— una madre llegó a un despacho jurídico con una carpeta bajo el brazo y el alma hecha nudo. No buscaba ganar un juicio: buscaba no perder a su hijo.

El abogado que la atendió habló con firmeza, con esa seguridad que muchas veces sustituye al conocimiento profundo. "Déjelo en mis manos", le dijo. Semanas después, en audiencia, confundió términos procesales, omitió pruebas esenciales y, lo más grave, no entendió la dimensión emocional del caso. La resolución no solo fue adversa: fue irreversible en la vida de un menor que jamás eligió estar en medio de un litigio mal conducido.

Esa escena, incómoda pero real, debería ser el punto de partida de una discusión que hoy incomoda a muchos en el gremio jurídico, pero que resulta inevitable: ¿es suficiente el título de licenciado en Derecho para intervenir en asuntos donde se decide el futuro de niñas, niños y adolescentes?

La reciente determinación del Poder Judicial del Estado de exigir formación especializada en materia familiar ha generado una reacción casi automática de rechazo por parte de colegios y barras de abogados. Se habla de exceso, de invasión a la libertad profesional, de barreras al acceso a la justicia. Argumentos que, si bien encuentran eco en la defensa de derechos constitucionales, también revelan una resistencia natural a cualquier intento de elevar los estándares de la profesión.

Seamos serios, colegas: el Derecho no es una credencial, es una disciplina viva que exige actualización constante. Como advertía Eduardo García Máynez, el Derecho no se agota en la norma escrita, sino que se transforma en su aplicación, en su interpretación, en su contacto con la realidad social. Y esa realidad hoy exige algo más que conocimientos generales.

En México, la formación jurídica enfrenta una contradicción estructural. Mientras en Estados Unidos un abogado atraviesa un proceso formativo que puede extenderse por más de siete años —incluyendo estudios previos, escuela de derecho y evaluaciones rigurosas—, en nuestro país es posible obtener un título en poco más de tres años, incluso bajo esquemas de baja exigencia presencial.

¿De verdad creemos que con ese modelo se domina la complejidad del Derecho en todas sus ramas? Porque el Derecho no es uno, son muchos. Pretender que un solo abogado pueda abordar con la misma solvencia un contrato mercantil, un juicio de amparo y un proceso de custodia es, en el mejor de los casos, optimismo; en el peor, irresponsabilidad.

La materia familiar, en particular, no admite improvisaciones. Aquí no se discuten únicamente derechos patrimoniales, sino vínculos humanos, estabilidad emocional, desarrollo psicológico. En países como España o Canadá, la intervención en estos asuntos suele estar acompañada de formación específica y equipos multidisciplinarios. No es casualidad: la infancia no es un terreno donde se permita el error técnico. En México, sin embargo, seguimos observando despachos donde un solo abogado acumula decenas de asuntos de naturaleza diversa, confiando más en la práctica acumulada que en la especialización técnica. Sí, la experiencia enseña, pero no sustituye el conocimiento profundo. Como señalaba Piero Calamandrei, el abogado no puede limitarse a la intuición; su deber es comprender con precisión aquello que defiende.

Se ha dicho que esta medida encarecerá la justicia, y es un argumento que merece atención, pero también contexto. Lo verdaderamente costoso no es la especialización, sino la mala defensa. ¿Cuánto cuesta una custodia mal resuelta? ¿Cuánto pesa una pensión alimenticia incorrectamente determinada? ¿Qué precio tiene una decisión judicial que afecta de manera permanente el desarrollo de un menor? Existen casos —más frecuentes de lo que se admite— donde errores procesales han derivado en resoluciones injustas que luego deben ser corregidas en instancias superiores, cuando el daño ya está hecho. No se trata de mala fe, sino de falta de preparación. Y la falta de preparación, en materia familiar, no es un detalle técnico: es un riesgo social.

No se trata tampoco de desacreditar a quienes han construido su trayectoria con años de ejercicio. La experiencia es valiosa, pero no es absoluta. Como advertía Rudolf von Ihering, el Derecho exige una lucha constante por la justicia, pero esa lucha debe estar respaldada por conocimiento. Sin él, la práctica se vuelve repetición, no evolución.

La especialización no debe entenderse como un privilegio excluyente, sino como una exigencia razonable en áreas particularmente sensibles. Existen múltiples vías: diplomados, certificaciones, formación continua. El problema no es la exigencia, sino la falta de condiciones para cumplirla de manera equitativa.

Y aquí es donde la crítica del gremio encuentra un punto legítimo: la exigencia debe ser simétrica. No puede pedirse especialización al litigante mientras algunos operadores del sistema —jueces, magistrados, actuarios— no están sujetos a los mismos estándares. La justicia no puede construirse sobre asimetrías. Si se eleva el nivel, debe hacerse para todos. Sin excepción.

Sin embargo, reducir el debate a una supuesta violación al libre ejercicio profesional es una simplificación peligrosa. El artículo 5º constitucional protege la libertad de ejercer una profesión, pero también permite su regulación cuando está en juego el interés público. Y pocos intereses son tan relevantes como la protección de la infancia. No se trata de limitar derechos, sino de garantizar que quienes los ejercen lo hagan con la preparación adecuada.

El verdadero debate no es si debemos especializarnos, sino si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que implica ejercer el Derecho en su máxima expresión. Porque entre un abogado que "puede llevar un caso" y uno que realmente está preparado para hacerlo, existe una diferencia que, en materia familiar, no se mide en tecnicismos... se mide en vidas.

Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente fin de semana lector@s.

El columnista es abogado, académico y analista político, autor de: Un país imaginario y Tras las cortinas del poder. Escribe todos los martes y viernes, su columna, Cambio de ritmo.