18/03/2026 16:44 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 18/03/2026
_"Cuando se reducen los contrapesos, no desaparece el poder: cambia de dueño."_
Por: Isidro Aguado.
En 2011, Hungría decidió "hacer eficiente" su democracia. El gobierno de Viktor Orbán redujo el tamaño del Parlamento casi a la mitad. El argumento era impecable: menos legisladores, menos gasto, menos privilegios. Pero con el tiempo ocurrió algo más profundo. No solo se redujeron los costos, también se estrechó la competencia política. Observadores internacionales detectaron una constante: el uso de recursos del Estado coincidía, de manera sistemática, con la estrategia del partido en el poder. Programas sociales, comunicación institucional, infraestructura... todo terminaba favoreciendo indirectamente al mismo grupo político. El resultado fue claro: la oposición seguía existiendo, pero competía en condiciones cada vez más desiguales.
Ese precedente no es idéntico al caso en Mexico, pero sí sirve como advertencia: reducir estructuras no elimina el poder, lo concentra.
Bajo esa lógica se entiende mejor el llamado Plan B. No es solo una reforma electoral; es un rediseño del sistema político desde lo local hacia lo estructural.
Analizando ambas iniciativas - la original y la más reciente - son pocos los puntos de coincidencia en cuanto al fondo. Lo que en la primera se concentraba en el sistema de legisladores por el principio de representación proporcional hoy ya es historia y ahora las víctimas son los congresos locales y los ayuntamientos. Nada que ver una con otra, salvo que en ambas se argumenta y se persigue generar ahorros frente a lo que algunos considerarán como prácticas dispendiosas y otros más argumentarán como costos propios de la democracia. Al final, si es que se quiere encontrar un punto de coincidencia, es el recorte presupuestal que hace suponer ahorros en materia electoral que, según se dice, ahora se destinarán a inversión en infraestructura. En ello, lo económico y presupuestal, quizá lo que convenga advertir es la necesidad del gobierno de adelgazar gasto para poder destinar recursos a áreas que hoy han sido relegadas frente a la presión presupuestal que genera una política social que parece descontrolada y asemeja más a un barril sin fondo para satisfacer clientelas, que una estrategia para elevar los niveles de vida de la población más necesitada.
Ahora bien, ¿qué implica en términos concretos el Plan B?
En los municipios, se reduce el número de regidores a un rango de siete a quince, y se limita a una sola sindicatura. Traducido: menos integrantes en los cabildos, menos voces en la toma de decisiones y mayor concentración de poder en menos personas. En municipios grandes, esto puede implicar que sectores sociales completos pierdan representación directa.
En los congresos locales, se impone un tope presupuestal de 0.70% del gasto estatal. Esto obliga a los poderes legislativos a operar con menos recursos, lo que puede traducirse en menor capacidad técnica, menos personal especializado y menor capacidad de fiscalización al Ejecutivo estatal. El discurso es austeridad; el efecto potencial es debilitamiento institucional.
Se elimina además un conjunto de prestaciones consideradas "privilegios": bonos, seguros médicos y beneficios adicionales. Se establece un límite salarial para consejeros electorales, magistrados y altos funcionarios, alineado con el salario presidencial. En el Senado, se proyecta una reducción progresiva del gasto hasta un 15%.
Hasta aquí, el mensaje es claro: reducir costos.
Pero la reforma no se queda en lo administrativo.
Se fortalece la figura de la revocación de mandato, estableciendo su realización en el tercer o cuarto año de gobierno. En teoría, esto amplía el control ciudadano sobre el poder. En la práctica, introduce un nuevo ciclo político dentro del sexenio, donde el gobierno puede entrar nuevamente en dinámica de movilización y campaña.
En las leyes secundarias, los cambios son más técnicos, pero igual de relevantes.
Se establecen topes salariales en el INE, organismos electorales locales y tribunales. Se modifica el proceso de cómputo electoral: ahora iniciará al concluir la jornada, conforme lleguen los paquetes electorales. Esto reduce tiempos, pero también aumenta la presión sobre la operación electoral y los márgenes de error.
Se incorporan mecanismos de fiscalización mediante convenios interinstitucionales y uso de tecnología. En el papel, esto fortalece el control de recursos; en la práctica, dependerá de la capacidad real de implementación.
En el caso de los partidos políticos, se establecen obligaciones de transparencia en las remuneraciones de sus dirigencias, el reporte en tiempo real de operaciones financieras mediante sistemas bancarios, topes de ingresos y prohibiciones a recursos ilícitos, no comprobables, del extranjero o en efectivo.
Esto apunta a cerrar espacios de opacidad, pero también plantea un punto crítico: si se limita el financiamiento institucional sin garantizar fiscalización efectiva, el riesgo de financiamiento paralelo no desaparece, solo se desplaza.
El contraste con el planteamiento original de la reforma electoral es evidente. El llamado Plan A buscaba intervenir en la representación política nacional —particularmente en la proporcionalidad y financiamiento—, mientras que el Plan B se enfoca en reducir estructuras locales y ajustar el funcionamiento operativo del sistema.
Pero más allá de las diferencias técnicas, el hilo conductor es el mismo: reducir costos.
Y ahí está el punto central.
Porque en política, el ahorro nunca es neutro.
Reducir regidores, limitar presupuestos legislativos, ajustar salarios y modificar reglas electorales no solo impacta el gasto público; redefine el equilibrio de poder. Menos espacios de representación implican mayores barreras de entrada para actores pequeños. Menos recursos institucionales pueden traducirse en menor capacidad de contrapeso.
Y como en el caso de Hungría, el riesgo no está en lo que se elimina, sino en lo que se concentra.
Porque cuando el Estado mantiene el control del gasto, de los programas sociales, de la narrativa pública y además reduce los espacios de competencia política, el terreno deja de ser parejo.
Al final, la discusión no es si el sistema debe ser más austero.
Probablemente sí.
La discusión es si en ese proceso se están debilitando las condiciones que permiten que la democracia funcione como tal.
Porque una democracia no se mide solo por cuánto cuesta, sino por cuántas voces caben en ella.
Y cuando esas voces se reducen, el ahorro puede salir caro.
