21/07/2026 16:03 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 21/07/2026
"El hombre es por naturaleza un animal político."
—Aristóteles, La Política
Hace 2,500 años, en la Atenas que el mundo recuerda como cuna de la democracia, solo podían votar los ciudadanos varones libres mayores de 18 años nacidos de padre y madre atenienses. Las mujeres, los esclavos — que representaban entre el 30 y el 40 por ciento de la población — y los extranjeros residentes, llamados metecos, quedaban excluidos del ágora sin importar su inteligencia, su riqueza ni su conocimiento del Estado. Platón fue más lejos en La República: propuso que gobernaran los filósofos — los que habían alcanzado el conocimiento verdadero — porque el pueblo ignorante, decía, es manipulable por los demagogos. Aristóteles matizó: en su Política reconoció que la participación colectiva produce mejores decisiones que el sabio individual, porque la suma de perspectivas ordinarias supera con frecuencia al criterio del experto aislado. Dos maestros de la misma escuela. Dos conclusiones opuestas. El debate que esta semana desató una abogada mexicana en un podcast tiene, como se ve, una antigüedad respetable.
Natalia Torres, abogada y profesora de Teoría Constitucional en la Universidad Panamericana, generó una fuerte polémica al afirmar en el podcast Leo y Nacho que "no todos deberían votar", proponiendo que el INE impartiera cursos o sesiones informativas obligatorias sobre el funcionamiento del Estado y que, al finalizar, aplicara un examen como requisito para entregar la credencial de elector. Torres aclaró después que sus palabras fueron malinterpretadas y que lo que proponía era, en esencia, una sesión informativa de una hora — comparable a un examen de manejo — no un filtro educativo de exclusión. La presidenta Sheinbaum la calificó de antidemocrática. Las redes sociales la llamaron clasista. Y el debate, que en realidad es uno de los más antiguos y más serios de la teoría política, quedó sepultado bajo el ruido de los memes.
Conviene sacarlo del ruido y analizarlo con la seriedad que merece. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara en su artículo 35, fracción I: es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares. El artículo 34 establece que son ciudadanos los mexicanos mayores de 18 años que tengan un modo honesto de vivir. No hay requisito de escolaridad. No hay examen. No hay demostración de conocimiento previo. Y el artículo 1° constitucional establece que los derechos humanos reconocidos en la Constitución no podrán restringirse ni suspenderse. El sufragio universal, en ese marco, no es una concesión del Estado. Es un derecho fundamental que no puede condicionarse a ningún criterio de mérito intelectual sin violar la Constitución en su núcleo más esencial.
La historia de los países que intentaron condicionarlo es una advertencia que ningún análisis responsable puede ignorar. En Estados Unidos, los llamados literacy tests — exámenes de lectura aplicados en los estados del sur entre 1890 y 1965 — fueron el instrumento favorito de la segregación racial para impedir que los ciudadanos negros votaran después de la abolición de la esclavitud. Las preguntas eran arbitrarias, los criterios de aprobación dependían del funcionario de turno y el resultado fue exactamente lo que el diseño buscaba: exclusión sistemática de quienes el sistema consideraba indeseables en las urnas. La Ley de Derecho al Voto de 1965, firmada por Lyndon Johnson, los prohibió explícitamente. Australia tiene voto obligatorio y cursos de educación cívica integrados al sistema educativo, pero no como requisito para votar sino como formación ciudadana previa. Esa es la diferencia que el debate mexicano no ha terminado de distinguir.
Y aquí está la distinción que el análisis permite hacer con precisión: una cosa es condicionar el derecho al voto a la aprobación de un examen — lo cual es inconstitucional, clasista en sus efectos prácticos e históricamente repudiado — y otra muy distinta es establecer la educación cívica como obligación ciudadana vinculada al proceso de obtención de la credencial, sin que el resultado del proceso formativo determine el acceso al derecho. La Constitución, en su artículo 36, establece las obligaciones del ciudadano: inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones y desempeñar los cargos de elección popular y los de jurado. El legislador podría, en teoría, añadir la asistencia obligatoria a una sesión de educación cívica como condición del proceso de trámite — no del derecho mismo — con la misma lógica con que se exige el examen médico para obtener la licencia de conducir. Lo que no puede hacer es condicionar el derecho a su aprobación.
El filósofo John Rawls, en Teoría de la Justicia, estableció que una sociedad justa no puede negar derechos fundamentales a quienes el propio sistema ha fallado en educar. Si el Estado mexicano lleva décadas produciendo resultados educativos que ubican al país en el lugar 35 de 37 en las pruebas PISA de la OCDE, condicionar el voto al conocimiento que el Estado no garantizó es castigar al ciudadano por el fracaso institucional que él mismo padeció. Es la paradoja más cruel del argumento: quienes menos acceso tuvieron a la educación serían precisamente los más excluidos de un derecho que les pertenece por nacimiento.
Torres aclaró que su propuesta no busca vincular el derecho al voto con el nivel educativo o económico de las personas, sino garantizar que el ciudadano conozca al menos para qué sirve cada cargo por el que va a votar, información que hoy el INE no garantiza de manera sistemática. En ese sentido restringido y reformulado, la propuesta tiene mérito real: la educación cívica obligatoria, gratuita, accesible y sin efecto punitivo sobre el derecho es una medida que democracias consolidadas aplican con buenos resultados. Lo que no tiene sustento constitucional, es convertir esa formación en un filtro.
La conclusión que el análisis permite sostener con neutralidad y rigor es esta: el derecho al voto en México no puede condicionarse a ningún examen sin violar la Constitución y sin reproducir los mecanismos de exclusión que la historia democrática universal ha repudiado con razones sólidas. Pero la pregunta que Torres intentó hacer —cómo garantizar un voto más informado en un país donde el Estado ha fallado sistemáticamente en la formación cívica de sus ciudadanos— es una pregunta legítima que merece una respuesta más seria que los memes y más honesta que la indignación performativa.
El problema no es quién vota. El problema es que el Estado que exige el voto no garantizó la educación para ejercerlo bien. Y esa deuda no se cobra al ciudadano. Se le cobra al Estado.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente inicio de semana lector@s.
