03/02/2026 17:46 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 03/02/2026
_"Las constituciones no solo organizan el poder: revelan la historia de quienes lo ejercen."_
Por: Isidro Aguado Santacruz
05 de febrero se cumplen 109 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un texto que, más que un simple ordenamiento jurídico, ha sido el espejo —a veces fiel, a veces deformado— de la historia política, social e ideológica del país. La Constitución mexicana ha sido, desde 1917, el espacio donde confluyen las aspiraciones de justicia, los proyectos de poder y las tensiones irresueltas de una nación que no ha dejado de reformarse a sí misma. En este aniversario, además, ocurre un hecho inédito: los tres discursos oficiales del Día de la Constitución estarán a cargo de mujeres que encabezan los tres poderes de la Unión. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República y titular del Poder Ejecutivo; Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara de Senadores; y Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. No es un dato anecdótico: es una señal histórica que obliga a repensar el largo trayecto del constitucionalismo mexicano.
La Constitución de 1917 no nació de la nada. Es heredera de una tradición jurídica que se remonta a la insurgencia. La Constitución de Apatzingán de 1814, inspirada en las ideas de José María Morelos y Pavón, planteó por primera vez una noción integral de soberanía popular, ciudadanía, igualdad ante la ley y respeto a la libertad, bajo el reconocimiento de la religión católica como eje del orden social. Aquel texto, integrado por 242 artículos y estructurado en principios constitucionales y forma de gobierno, no entró en vigor, pero fijó un horizonte. Fue el antecedente intelectual de la Constitución federal de 1824, que estableció el sistema federal y afirmó, jurídicamente, el carácter independiente de México.
La Constitución de 1857 profundizó ese proyecto liberal al consolidar un régimen democrático y federal, reconociendo a los estados como libres y soberanos. Sin embargo, sus limitaciones sociales y las profundas desigualdades que persistían en el país condujeron a una crisis que desembocó en la Revolución mexicana. En 1916, Venustiano Carranza convocó al Congreso Constituyente con el propósito explícito de corregir las fallas del texto de 1857. Aquel Congreso, dividido entre radicales y renovadores, no coincidía plenamente con Carranza, pero logró un consenso fundamental: la defensa de los trabajadores y del territorio nacional. De ese acuerdo histórico emergió la Constitución de 1917, pionera en el mundo al incorporar garantías sociales, particularmente en los artículos 27 y 123, que redefinieron la relación entre propiedad, trabajo y Estado.
A más de un siglo de distancia, la Constitución ha garantizado un marco de estabilidad política, ha ampliado derechos educativos y sociales y ha servido como referencia obligada para la vida pública. Pero también ha sido objeto de una transformación constante. El texto original contaba con alrededor de 20 mil palabras distribuidas en 136 artículos; hoy, sin considerar artículos transitorios, supera las 84 mil 500 palabras. El crecimiento no es meramente cuantitativo: revela un cambio de naturaleza. La Constitución se ha vuelto un documento prolijo, detallado, en ocasiones reglamentario, que poco se parece materialmente al texto posrevolucionario.
El ritmo de las reformas recientes es ilustrativo. Desde septiembre de 2024, se han aprobado diez decretos de reforma constitucional que modificaron 52 artículos, lo que representa casi el 40% del articulado en apenas tres meses. Esta aceleración no es un fenómeno aislado. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se reformaron 78 artículos; con Vicente Fox, 31; con Felipe Calderón, 110; con Enrique Peña Nieto, 156, el mayor número registrado. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se modificaron 96 artículos, incluyendo los derivados de la reforma judicial. En los primeros meses del sexenio de Claudia Sheinbaum ya se han reformado 19 artículos, entre ellos los relacionados con el derecho a la vivienda y los derechos de personas adultas mayores y con discapacidad.
Desde 2018, con una mayoría legislativa consolidada, se ha reformado aproximadamente el 69.6% del articulado constitucional. En términos concretos, se aprobaron 63 reformas que impactaron 106 artículos y dos transitorios. Cerca del 50% de estas modificaciones fueron iniciativas del Ejecutivo federal: la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; reformas en telecomunicaciones; el monopolio estatal del litio. El resto provino de iniciativas legislativas, encabezadas por las bancadas de Morena en ambas cámaras, incluyendo la reforma judicial y las disposiciones de supremacía constitucional que limitan la posibilidad de que la Suprema Corte invalide reformas a la Carta Magna.
Entre las reformas más relevantes del periodo 2018-2024 destacan la modificación al artículo 4 en materia de bienestar (pensiones, becas, derecho a la vivienda); la reforma al artículo 127 para impedir que servidores públicos ganen más que el presidente; la prohibición de la condonación de impuestos (artículo 28); la constitucionalización de la Guardia Nacional mediante cambios a los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129; el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos; el derecho humano al agua; la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa; la obligación estatal de garantizar acceso a internet; la rectoría del Estado sobre la Comisión Federal de Electricidad; y la tipificación constitucional del maltrato animal.
Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, se han aprobado reformas a los artículos 3, 4, 6, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 41, 73, 76, 78, 89, 105, 107, 113, 116, 122, 123 y 134 en 2024, así como modificaciones recientes a los artículos 4, 5, 19, 25, 27, 40, 55, 59, 73, 76, 78, 82, 115, 116, 122 y 123. Entre ellas destacan la elección popular de jueces, magistrados y ministros; la prohibición del maíz transgénico y la protección de los maíces nativos; la recuperación de los trenes de pasajeros bajo control estatal; la garantía constitucional de igualdad sustantiva y vida libre de violencia; la llamada Ley Silla; y las reformas a la Ley de Amparo que modificaron el quórum decisorio de la Suprema Corte.
La pregunta central permanece abierta: ¿puede una Constitución tan reformada, tan extensa y tan detallada cumplir eficazmente su función? La respuesta, como enseñan la historia y el derecho, no es simple. La Constitución no resuelve por sí sola los problemas de la realidad. Su abundancia normativa pertenece al ámbito del deber ser. Requiere interpretación judicial, acción gubernamental responsable y una ciudadanía consciente de sus derechos y obligaciones.
En este contexto, el hecho de que tres mujeres encabecen la conmemoración constitucional no es un gesto menor. Es la expresión de una transformación lenta, acumulativa, que atraviesa el texto y la práctica del poder. La Constitución mexicana sigue siendo un documento en disputa: imperfecto, cambiante, a veces contradictorio, pero indispensable. En ella se refleja, con claridad krauziana, la historia de un país que no deja de reescribirse, incluso cuando no siempre sabe con precisión hacia dónde se dirige.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente inicio de semana lector@s.
*_El columnista es académico y analista político, autor de: Un país imaginario y Tras las cortinas del poder. Escribe todos los martes y viernes, su columna, Cambio de ritmo._