04/07/2025 15:39 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 04/07/2025
En un país donde la percepción ha reemplazado al análisis, y donde el grito se escucha más que la reflexión, es necesario —y urgente— poner en su justa dimensión lo que ocurrió en el reciente periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Mientras algunos medios se han dedicado a sembrar el pánico y ciertos legisladores alarmistas se envuelven en la bandera de una supuesta defensa ciudadana, la realidad jurídica de lo aprobado permanece opacada por la niebla de la desinformación.
El pasado 1 de julio, tras siete sesiones extraordinarias, el Congreso concluyó la aprobación de 16 reformas de gran calado, que abarcan desde la seguridad pública y el medio ambiente, hasta la competencia económica y el rediseño institucional de las telecomunicaciones. Sin embargo, entre todas, la que más ha encendido los ánimos y desatado controversias es la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
No es menor lo que está en juego. Esta ley sustituye al otrora poderoso Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, al tiempo que establece la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). A simple vista, parece un mero rediseño institucional, pero el cambio de fondo radica en la centralización del control y en la construcción de una nueva arquitectura normativa que, como todo nuevo edificio jurídico, necesita cimientos claros y transparentes.
Algunos han señalado, con dramatismo calculado, que esta reforma abre la puerta al espionaje estatal, señalando las facultades de geolocalización y la exigencia de CURP con datos biométricos para contratar servicios digitales. Otros, con igual ligereza, celebran la "desmilitarización del ciberespacio" sin advertir que la transición del IFT hacia un organismo regulador más cercano al Poder Ejecutivo plantea desafíos serios en términos de autonomía y protección de datos.
Es aquí donde la discusión se enturbia: ¿estamos ante una amenaza a las libertades o ante una estrategia para recuperar la soberanía digital del Estado? ¿Quién tiene razón? La verdad, lector o lectora, es que ambas posturas contienen parte del relato, pero ninguna la historia completa.
Los números son reveladores. La ley fue aprobada en lo general con 369 votos a favor, 103 en contra y 3 abstenciones. En lo particular, 343 votos a favor y 129 en contra. El bloque oficialista, acompañado por Movimiento Ciudadano, se impuso sin aceptar una sola reserva. Esto ya habla de un proceso legislativo cerrado, vertical, poco deliberativo. Pero también hay que decir que, según la propia bancada de MC, se realizaron más de 80 modificaciones al proyecto original tras escuchar a la ciudadanía. Una afirmación que, aunque políticamente útil, debería ser contrastada con los textos finales de las reservas no aceptadas.
Entre las disposiciones más debatidas está la prohibición de propaganda extranjera —política, ideológica o comercial— salvo excepciones turísticas y culturales. Este punto ha sido interpretado por algunos como una censura preventiva y por otros como una protección a la soberanía comunicativa. Lo cierto es que no es nuevo: otros países han impuesto restricciones similares en tiempos electorales. La diferencia, en México, es que se trata de una medida permanente, no de aplicación contingente.
Respecto a la geolocalización de personas investigadas, es necesario entender que esta facultad ya existía en el marco jurídico penal desde 2012. Lo que se ha hecho ahora es trasladarla a un contexto regulatorio más amplio, lo que podría interpretarse —jurídicamente hablando— como una extensión riesgosa si no se acompaña de mecanismos de control judicial. Aquí es donde se encuentra una de las preocupaciones más legítimas: ¿quién vigila al que vigila?
Y en medio de este torbellino político, pasaron casi desapercibidas otras reformas clave. La Ley General de Vida Silvestre, por ejemplo, prohíbe el uso de mamíferos marinos en espectáculos. Un acto de justicia ambiental. La Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo recibió un refuerzo técnico importante. Se aprobó también una nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una reforma que —si se aplica— podría agilizar procesos que hoy asfixian a ciudadanos y empresas por igual.
Pero lo más crítico, y lo que pocos están discutiendo con claridad, es lo que no se aprobó. Las reformas secundarias al Poder Judicial fueron postergadas para el periodo ordinario que arranca el 1 de septiembre. Entre ellas, destacan los cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, la Ley de Delincuencia Organizada y la Ley de lo Contencioso Administrativo. Es decir, todo el andamiaje que definirá cómo operarán los nuevos jueces y magistrados que asumirán funciones ese mismo mes. Postergar esta discusión no es menor; es como cambiar a los pilotos sin revisar primero el manual del avión.
A usted, lector o lectora, no le mienten los que critican ni le iluminan los que celebran. Le deben una explicación clara. Jurídicamente, esta reforma a las telecomunicaciones no convierte al Estado en un espía por decreto, pero sí abre zonas grises que deben ser vigiladas por la sociedad civil, por los tribunales y por usted mismo como ciudadano. La historia reciente nos ha mostrado que el verdadero peligro no está tanto en las leyes escritas, sino en cómo se interpretan y aplican.
Y si algo nos ha enseñado la experiencia, es que no hay peor ceguera que la del que no quiere leer entre líneas. Por eso, en tiempos donde la verdad parece una moneda en subasta, el mayor acto de rebeldía sigue siendo pensar. Porque los medios seguirán distorsionando, y los políticos seguirán dramatizando, pero el derecho —cuando se comprende— sigue siendo una brújula moral y no un arma de confusión.
Nos leemos en la próxima sesión del sentido común.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengas un excelente inicio de semana lector.
